lunes, 20 de julio de 2009

Mesa redonda en Andorra sobre minería turolense

La segunda semana de julio se impartió en Andorra un curso sobre Minería y Medio ambiente. Restauración de canteras, dirigido por José Manuel Nicolau, ecólogo de la Universidad de Alcalá de Henares. Durante este mes, los cursos de la Universidad de Verano de Teruel vivifican la provincia y la descubren a muchos jóvenes. En los cursos tienen cabida variados tipos de debates, y el que propuso Nicolau tenía gran interés para la provincia: Retos y soluciones para un mejor desempeño ambiental de la minería en Teruel.

El título era redondo. Con “Retos y soluciones…”, definía los objetivos, sin ocultar que se trata de una tarea dificil para un tema delicado, el de la colisión de intereses entre la minería y el medioambiente. El resto del título lo componían cinco palabras-concepto, una para cada uno de los previstos miembros de la mesa.

Con “mejor” se introducía el criterio de excelencia, que debe presidir toda actuación de nuestra sociedad y de sus administraciones, en especial en sus relaciones con la naturaleza. Todos somos responsables de conseguir esta excelencia, pero su último garante es la justicia, en la mesa representada por Jorge Moradell, fiscal delegado de medio ambiente de Teruel. Es fundamental que no tenga las manos atadas.

Con “desempeño” se aludía a las empresas, en cuyas manos se deposita todo: tanto los estudios de impacto ambiental, como la actividad minera, o su restauración posterior. La empresa estuvo representada por Consuelo Aguilella, ingeniera técnica de minas y empresaria, exponente de un mundo empresarial responsable. Creo que quedó claro que sus “enemigos” no eran ni la administración ni la sociedad, sino la competencia desleal de las excesivas actividades subterráneas de su sector.

Con “ambiental de la minería”se presentaban las dos administraciones que deben velar porque la confianza depositada en las empresas no acabe en abuso. El Inaga, en cuya representación asistió Luís Crespo, es quien enjuicia si los proyectos mineros conocen el medio ambiente en el que quieren desarrollar la actividad, y si ésta es compatible con los procesos naturales, con el paisaje o con sus valores culturales. La Dirección General de Energía y Minas tiene un papel similar de mediador entre la minería y la sociedad, el de fomentar las actividades productivas -como la minería- en un marco técnico, administrativo y legal adecuados. Es una lástima que no supiesen comprender la importancia de su papel en la mesa, con su ausencia.

Finalmente, con “Teruel” se incorporaba a la sociedad, se dejaba de lado una discusión teórica, y se introducía una idea clave: el desempeño de las actividades mineras no puede entenderse al margen del territorio. Yo intervine como geógrafo y persona que vive Teruel.

Era, en definitiva, una mesa perfectamente equilibrada en su diseño: un representante de la sociedad y otro de las empresas en los extremos, un representante del Inaga y otro de Minas en el centro, y la fiscalía ambiental como fiel de la balanza.

La tesis de mi intervención fue muy sencilla: hay dos elementos clave que deben presidir las actividades mineras en la provincia, uno el altísimo valor de su patrimonio natural y otro su despoblación. En este contexto, cualquier proyecto minero suele tener una gran probabilidad de entrar en colisión con el medio ambiente y, a la vez, la sociedad no tiene suficiente masa crítica para conocerlo, analizarlo, juzgar si le interesa y alegarlo si no es así. Por ello, las actuaciones de la administración deben ser extremadamente escrupulosas, pues a menudo son la única salvaguarda de los intereses de la sociedad turolense. Afortunadamente pudimos confirmar que, al menos el Inaga y la fiscalía ambiental, así lo entienden.

ALEJANDRO J. PÉREZ CUEVA
Geógrafo. Universidad de Valencia.

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