lunes, 9 de septiembre de 2013

SOBRE EL RIESGO SÍSMICO DEL NUEVO HOSPITAL DE TERUEL





José L. Simón Gómez

Dpto. Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza

Desde hace ocho años, un equipo de la Universidad de Zaragoza venimos desarrollando una línea de investigación sobre las fallas activas y su potencial sísmico en el entorno de Teruel, en el marco de tres proyectos sucesivos financiados por el Gobierno estatal. Estas investigaciones han dado lugar a una Tesis Doctoral monográfica y a numerosos artículos científicos y comunicaciones en congresos, poniendo de manifiesto que las denominadas fallas de Concud y de Teruel han sido capaces de producir grandes terremotos en tiempos geológicos muy recientes.
            En 2008, con motivo de la revisión del Plan de Ordenación Urbana de Teruel en relación con los terrenos de El Planizar en que está proyectado construir el nuevo hospital, envié al INAGA un escrito de sugerencias. En él, a la vista de nuestros conocimientos en ese momento, indicaba la necesidad de acometer estudios geológicos de detalle que permitieran precisar la posición exacta de las fallas de Concud y Teruel en la zona del proyecto, y ofrecía los resultados de nuestras investigaciones sobre terremotos prehistóricos para que se tomasen en consideración en una evaluación rigurosa de la peligrosidad sísmica del emplazamiento.
            Estas indicaciones fueron en parte atendidas, ya que se encargó a la empresa GEODESER un estudio geológico y geotécnico de la zona. Un equipo de expertos del grupo de investigación GEOTRASFER de la Universidad de Zaragoza (distinto de nuestro equipo de estudio de fallas activas) colaboró en ese estudio realizando una prospección geofísica del subsuelo. Ésta mostró que El Planizar se sitúa entre las fallas de Concud y Teruel, sin que haya evidencia de otras fallas menores que conecten ambas y afecten al subsuelo del emplazamiento. Por tanto, desde ese punto de vista, el emplazamiento no mostraba problemas geotécnicos particulares.
            Con ello, sin embargo, no quedaba resuelta la cuestión de la peligrosidad sísmica de la zona, que no depende de que haya o no fallas en el subsuelo inmediato, sino de que existan fallas capaces de producir terremotos en un entorno de kilómetros o decenas de kilómetros.  Es cierto que la Norma Sismorresistente española atribuye a la ciudad de Teruel un grado de peligrosidad mínimo, sobre la base de la ausencia de seísmos históricos importantes en su entorno (la magnitud máxima registrada es de 4,4). Por ello, la Norma no obliga en Teruel a adoptar medidas de construcción antisísmica. Así lo hizo constar el informe redactado por GEODESER en un breve apartado sobre riesgo sísmico, en cuya redacción no participó ningún investigador de nuestro equipo. En consecuencia, el proyecto del hospital prescindió de cualquier criterio de diseño sismo-resistente. Este último hecho fue conocido por nosotros de forma circunstancial en diciembre de 2012. Hasta ese momento, y a pesar de distintos órganos de las administraciones municipal, autonómica y estatal conocían de primera mano nuestras investigaciones, y de que con frecuencia éstas fueron objeto de noticia en los medios de comunicación, nadie se dirigió a nosotros para pedir ningún asesoramiento, informe escrito o simple opinión.
Entretanto, nuestras investigaciones fueron revelando el comportamiento de las fallas, particularmente de la de Concud. Ésta ha tenido una actividad continuada desde hace más de 3 millones de años, produciendo grandes terremotos (de magnitud estimada hasta 6,8) con un periodo de retorno de unos 7000 años. El último gran terremoto identificado en la falla tiene una edad acotada entre 13.000 y 3400 años. Se trata, por tanto, de una falla activa, capaz de producir terremotos destructivos.
Cuando se promulgó la Norma Sismorresistente española no existía el conocimiento científico que hoy se posee sobre este tipo de fallas activas en España. Esto explica que la valoración de peligrosidad se haga sin tenerlas en cuenta, al contrario que en países con mayor experiencia, como Estados Unidos, Japón o Nueva Zelanda). La comunidad científica española trata de persuadir desde hace tiempo a la Administración para que la información sobre fallas activas sea incorporada al cálculo de peligrosidad, pero todavía sin éxito.
En marzo de este año, en una reunión mantenida con responsables del SALUD, reiteré mi opinion sobre la necesidad de evaluar la peligrosidad sísmica del proyecto a partir de la información geológica disponible, y me ofrecí a realizar un informe (sin coste económico alguno) en términos que fuesen útiles para los técnicos competentes. Éstos podrían así decidir modificaciones o adaptaciones del proyecto que permitieran incrementar el factor de seguridad de la obra. Los resultados de dicho informe, entregado al SALUD en abril de este año, dicen que la probabilidad de que se produzca un terremoto de magnitud 6,8 (intensidad comprendida entre VIII y X) en los próximos 500 años estaría entre el 4% y el 35%, dependiendo de cuál fuese la edad real del último seísmo importante. Por otro lado, en ese mismo periodo de retorno de 500 años, el terremoto tipo esperable sería de magnitud 5,3, con una intensidad probable de VI a IX y una aceleración sísmica de 0,10g (10% de la aceleración de la gravedad). Este último valor es significativamente más alto que el que especifica para Teruel la Norma Sismorresistente (aceleración sísmica menor de 0,04g).
Parece sensato considerar que una instalación estratégica en caso de catástrofe, como es un hospital general, debería contar con medidas de seguridad suficientes para hacer frente a cualquier contingencia. También parece lógico que todo el conocimiento científico que exista sobre procesos naturales que pueden resultar catastróficos, como los terremotos, sea tenido en cuenta para prevenir el riesgo. Ese conocimiento científico ha sido, además, generado por investigadores de centros públicos, que perciben salarios y financiación procedentes de los presupuestos públicos, y que han hecho públicos sus resultados. En definitiva, es conocimiento que la Administración paga, pero que, desgraciadamente, muchas veces no utiliza. Se cumplen escrupulosamente los requisitos legales que obligan a encargar determinados informes a empresas privadas, pero no se discrimina entre los que pueden solventarse con procedimientos estándar (para los que cualquier consultora con geólogos en plantilla está perfectamente capacitada) y aquellos otros que necesitan el concurso de investigadores especialistas. Se ignora que esos especialistas están con frecuencia en la Administración, lo que lleva a desperdiciar colosales recursos humanos e intelectuales que son gratuitos. Esto sí que ya no es lógico, y más en tiempos de penuria para el sector público.

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