Los últimos años, tras cambios legislativos y en plena vorágine constructora, muchos ayuntamientos, grandes y pequeños, pobres y ricos, han estado inmersos en el complicado trabajo de la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana. Dichos planes, supuestamente participativos (con los medios de información pública con los que cuentan las administraciones), prevén la planificación urbanística de nuestros pueblos para unos cuantos años. Siempre cabe el recurso a modificarlos, y se aprueban por los servicios provinciales correspondientes.
La contratación de las planificaciones, en la gran mayoría de los casos, no ha tenido en cuenta la importancia que hubiera tenido dicha herramienta para la protección de nuestro paisaje y patrimonio cultural. Así pues, los equipos redactores contaban con un gabinete o grupo de trabajo de arquitectos, algunos contaban con ingenieros, pero, ¿dónde estaban los profesionales del paisaje y del patrimonio cultural?.
Los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, recibían por correo, para incluir en los PGOUs, unos listados e inventarios de las distintas consejerías del Gobierno de Aragón. Listados escuetos, sin actualizar, sin corregir, sin investigar, en los cuales se incluían un breve listado de yacimientos arqueológicos catalogados, los LICs (Lugares de Interés Comunitario) y ZEPAs (Zonas de Especial Protección de Aves) y una breve relación, si la hubiese, de patrimonio arquitectónico de la población, que se refiere casi en exclusiva a la iglesia, el ayuntamiento, alguna casona y alguna zona que, seguramente, ha cambiado su fisonomía desapareciendo gran parte de los valores por los que supuestamente fueron protegidas. Los ayuntamientos, por un lado, y algunas direcciones generales, como la de Patrimonio Cultural, por ejemplo, por otro lado, cumplían de ese modo el expediente, pues lo importante, una vez más, no es nuestro acervo cultural, nuestro patrimonio, nuestro paisaje… sino cubrir el expediente.
Con una mínima voluntad política, una sensibilización a los ciudadanos, y una dinamización hacia propuestas modernas y sostenibles, que den soluciones y apoyos a los propietarios, se podrían haber llevado a cabo articulados dentro de los planes que, en un medio-largo plazo, hubieran dado un valor añadido al urbanismo de nuestras localidades del cual todos nos hubiéramos sentido orgullosos.
La oportunidad está pasado por nuestros ojos. Las propuestas de algunos ciudadanos y representantes políticos también. La posibilidad de hacer estudios interdisciplinares (esa palabra tan mentada y que se ejerce tan poco), en los cuales no sólo el urbanismo es importante, sino todas las ciencias paisajísticas que giran en torno al mismo, avanzando hacia unas poblaciones sostenibles, recuperando el Patrimonio Cultural local y popular, hubiera sido una verdadera inversión de futuro.
Con pocos medios, aprovechando la planificación, se consiguen resultados inesperadamente positivos. Con muchos medios, planificando desde las capitales y olvidando lo popular en aras de un progreso mal entendido, se consiguen los resultados desgraciados de siempre. La escasa capacidad (o falta de ganas) de dinamizar a las gentes y de apostar por valores del siglo XXI, hacen el resto.
Víctor Manuel Guíu Aguilar
Un ejemplo de la relación entre legalidad y urbanismo
ResponderEliminarHemos leído este artículo de Fernando Santiago en EL PAIS de hoy 15
de diciembre de 2008, y nos ha parecido interesante ponerlo aquí para
reflexionar sobre la legalidad y su aplicación en asuntos
urbanísticos. Además de actuaciones de particulares, en obra nueva o
de rehabilitación, obran de forma parecida muchas constructoras y, lo
que es más grave, la propia administración.
"Demolición" por Fernando Santiago. Resulta insólito que personas que
se hicieron sus casas de manera ilegal a sabiendas exijan ahora su
legalización. Si ocurriera así sería una bofetada para quienes
construyeron con todos los permisos y los papeles en regla. Un desaire
a quienes cumplen la ley: es más barato y mejor hacer las cosas mal
porque a la larga te lo arreglan. Si se generaliza esta salida es
posible que nadie quiera pagar impuestos porque luego alguien lo va a
perdonar. Nadie pida licencia de apertura si luego las van a conceder
con carácter retroactivo. Conculcar la ley es fácil, barato y no tiene
consecuencias. Cumplirla es de idiotas. Por si fuera poco, los
infractores se ponen estupendos con las exigencias: que si han pasado
cuatro años, que si no se pueden consentir los derribos, que los
ayuntamientos tienen la obligación de arreglar calles, alcantarillado,
recoger la basura, dar luz y agua. El infractor es osado porque sabe
que al final gana.
La cuenta es más o menos así: una vivienda ilegal es un problema
administrativo, 100 viviendas ilegales son un problema urbanístico,
1.000 viviendas ilegales son un problema político. Así que se da
solución política, se mira para otro lado por la cantidad de
funcionarios, notarios, arquitectos, aparejadores y constructores que
colaboraron en el fraude y se busca el apoyo político de quienes han
infringido la ley. Los que cumplen con la norma no crean plataformas,
no se manifiestan, no cortan calles, no van a los plenos y no exigen.
Simplemente cumplen con su deber. Lo que no hacen los alcaldes y
concejales que legalizan o quieren legalizar las tropelías. Y si un
alcalde quiere tirar alguna casa, son capaces de perseguirlo: habrase
visto semejante desfachatez, querer que se cumpla la ley, como si
fuera un servidor público. Es lo que se ha venido en llamar
pragmatismo, que en el fondo no es más que calderilla política. El
infractor es como el defraudador, como el delincuente: nunca tendrá
suficiente y nunca apoyará gobiernos honrados. Por si fuera poco, la
infracción urbanística es el caldo de cultivo de cualquier delito. Un
fraude lleva a otro fraude. Y, además, desmoraliza a quien pide
permisos, hace proyectos en regla, paga impuestos, cumple con las
cargas urbanísticas que establece la normativa.
Como dijo Ángel Núñez, coordinador de los fiscales de Medio Ambiente
de Andalucía, es necesario demoler lo ilegal para restituir el orden e
impedir el efecto llamada. Si hoy legalizamos, mañana vendrán nuevas
viviendas ilegales sean en pinares, en el dominio público marítimo
terrestre, en cañadas o en zonas verdes. La gente ya sabe que en 10 o
15 años vendrá un político pragmático, de un partido o de otro, y lo
resolverá todo. Los ciudadanos pagarán con sus impuestos lo que tenían
que haber pagado los infractores. Los ilegales y los "terceros en su
buena fe" tendrán papeles, calles asfaltadas, infraestructuras y se
cruzarán como buenos vecinos con quienes han obrado bien desde el
principio. Y no se notará la diferencia. Quizás una sonrisa de
suficiencia en el listo de la clase, el que sabía que para qué cumplir
la ley si al final todo se arregla. Y si alguien se permite el lujo de
quejarse, saldrá el españolito indignado, el que pide que nadie se
meta en sus asuntos. Es el español que no paga impuestos, el que se
escaquea, el absentista, el que tiene invalidez pero trabaja en la
economía sumergida. La España del chapú, de lo quiere sin IVA o con
IVA, la del engaño y la picaresca, la del dinero negro, la del todo
vale, la de la impunidad. De nada sirve tirar Montenmedio si en la
provincia de Cádiz puede haber 50.000 viviendas ilegales. Por si fuera
poco hay toda una economía sumergida dedicada a la construcción
ilegal, empresas que saben hacer las cosas rápido y que saben que todo
es un negocio. Esa España avanza a pasos agigantados. Los españoles
decentes sólo tienen a sus conciencias porque sus gobiernos los han
abandonado y los tribunales son indolentes.