sábado, 28 de marzo de 2026

Viento en el pozo de la negación






La noticia de la desarticulación de una presunta trama de corrupción alrededor de Forestalia ha hecho que en los últimos días se haya hablado muchísimo del Maestrazgo. La nota de prensa de la Guardia Civil de la semana pasada explicaba la detención de seis personas por prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, apuntando como causa la posible manipulación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de los parques eólicos y fotovoltaicos del Clúster del Maestrazgo, entre otros proyectos de Forestalia. Todo ello a cambio de contraprestaciones económicas ilícitas, las popularmente conocidas «mordidas».

Ante una noticia que se veía venir y que muchos colectivos vaticinamos hace meses y años, la asociación Viento Alto, que congrega a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por el proyecto del Clúster del Maestrazgo, se ha pronunciado en un sentido que causa estupor. En el comunicado que distribuyeron a los medios de comunicación solicitaban que «las informaciones que se difundan se basen en hechos contrastados y no en hipótesis». ¿Están dando a entender que la Ucoma, la unidad de medioambiente de la UCO, trabaja a humo de pajas y no en base a una ardua tarea de indagación y verificación de testimonios directos y documentación? Quede claro que todo lo que se ha expresado desde Paisajes de Teruel se basa en la nota de prensa de la Guardia Civil y en información propia que se ve confirmada por lo revelado hasta el momento.

Viento Alto, por tanto, debería aplicarse la exigencia de no conjeturar cuando afirma que «el hecho de que un proyecto pueda aparecer mencionado en un expediente no implica necesariamente que su tramitación haya sido irregular». Es incomprensible un nivel de negación tan cerrado. Precisamente, lo que expone la investigación de la Guardia Civil, y se confirma con los primeros datos conocidos tras el levantamiento del secreto del sumario, es que el procedimiento fue irregular. No estamos ante una mera cita circunstancial, sino ante la propia corrupción de la tramitación: las DIA fueron compradas y no existió una Evaluación Ambiental del proyecto. Es decir, se desconocen los impactos que puede haber sobre el suelo, el agua, los pueblos, los animales, las plantas, el patrimonio y el paisaje.

Precisamente el riesgo que implica esa ausencia de conocimiento, que es equivalente a poner en el mercado un modelo de avión sin testar o un medicamento sin certificar, es lo que lleva a la Guardia Civil, asociaciones y diversos partidos políticos a solicitar la aplicación de medidas cautelares, es decir, que no se inicien las obras hasta que se dilucide la investigación y se enjuicie. Por ello, resulta turbador que Viento Alto calificara días antes como «una puñalada» la eventual y lógica aplicación del principio de prudencia, no solo por lo que tiene de normalización de la corrupción, sino por ser una contradicción con lo que han sostenido los alcaldes de esta asociación anteriormente.

En efecto, en el contexto de la Jornada Eólica y Mercado 2025, organizada por la Asociación Eólica Española, el portavoz de Viento Alto afirmó que «el mayor valedor de nuestros municipios somos los alcaldes, sabemos dónde está nuestro patrimonio, nuestra flora y nuestra fauna y no queremos destruir nada». En cambio, ahora califican como puñalada una medida que implica prevenir que se destruya irremediablemente aquello que dijeron valorar tanto: el suelo, el agua, los pueblos, los animales, las plantas, el patrimonio y el paisaje. 

Viento Alto, ante lo evidente, plantea una suerte de chantaje emocional para presionar a los juzgados que deben decidir sobre las cautelares al afirmar que el Clúster del Maestrazgo es «clave para el futuro de los municipios». En resumen, se supone que su ejecución permitirá la prestación de unos servicios básicos que deben ser de provisión universal por los poderes públicos, no a cambio del expolio en beneficio de una corporación privada. Dibujan un beneficio inevitable que resulta más que dudoso viendo dónde quedó la promesa de luz gratis a cuento del Clúster, o viendo la experiencia de los vecinos pueblos de Portell o Castelfort, en los que los parques eólicos no han evitado la pérdida de población y el cierre de sus escuelas.

Por último, desde Viento Alto también se ha afirmado que «no ha habido ninguna irregularidad» y que el proyecto «va a seguir adelante según nos trasladan desde CIP (Copenhagen Infraestructure Partners)». La dependencia argumental del actual promotor del Clúster del Maestrazgo es tal vez el síntoma más evidente de la falta de horizonte, del pozo de negación al que han sido arrojados los alcaldes y alcaldesas. En Paisajes de Teruel entendemos la postura y el porqué del proyecto de Viento Alto, aunque no lo compartamos. No nos mueve ninguna animadversión, esta es una verdad primaria. Las personas de Paisajes de Teruel somos del Maestrazgo, somos de pueblos como los del Maestrazgo, nos acucia la misma angustia por el futuro. Sabemos que, como nosotros, aman el «patrimonio, nuestra flora y nuestra fauna». Por ello, no pedimos que asuman nuestra información, simplemente valoren las evidencias ustedes mismos, sin intermediarios.

Ivo Inigo y Javier Oquendo

Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel

viernes, 27 de marzo de 2026

Más allá del Señor «E»






Exordio: todo presunto.

La corrupción en el modelo español de energías renovables que ha comenzado a supurar por la grieta de Forestalia y del Señor «E», Eugenio Domínguez (exsubdirector de evaluación ambiental del Miteco), genera una voluminosa cantidad diaria de noticias. La laboriosa tarea de ordenar sus datos en una cuadrícula cada vez más grande, y que ya entronca irremediablemente con la trama de Santos Cerdán, hace que corramos el riesgo de perder de vista el conjunto del paisaje. No puede olvidarse que las cosas no ocurren porque sí, sino que tienen un propósito y un sentido.

La anterior edad de la corrupción española, nucleada alrededor del ladrillo y la burbuja inmobiliaria, tuvo su icono de época en las anotaciones de Bárcenas. La nueva era de la corrupción española puede acabar quedando simbolizada por el Señor «E». Sin embargo, esto es un error de consecuencias telúricas. El riesgo a la vista es que se produzca un cierre en falso en la figura del antiguo subdirector de evaluación ambiental, como aquella era de corrupción del ladrillo y del caso Gürtel se cerró en falso en la figura del tesorero del PP. Las maniobras del Estado profundo en torno a su familia y la inefable incapacidad de la justicia española a la hora de desencriptar quién era Emepunto Rajoy, impusieron la ley del cortijo.

Los indicios de que los poderes maquinan para salvar prominentes cabezas son cada vez más transparentes. Recapitulemos los que hemos podido ordenar en la inmensa cuadrícula de datos de este caso. En primer lugar, posicionemos correctamente al Señor «E». Las presunciones sobre su corrupción no se limitan a Forestalia. Sus artes se intuyen en una inconcebible declaración de impacto ambiental de una central fotovoltaica en el entorno Patrimonio de la Humanidad de Aranjuez, y cuya promotora fue Smart Energy. Además, se halla incurso junto a la actual directora de evaluación ambiental, Marta Gómez Palenque, en una investigación penal por autorizaciones ambientales a centrales fotovoltaicas en Cáceres promovidas por Iberdrola.

Ahora mismo, no podemos determinar cuándo comenzó el mercado persa de declaraciones favorables a proyectos devastadores con el medioambiente del Señor «E», pero sí resulta significativa una declaración suya a El Mundo recogida por Quico Alsedo: «España había hecho una apuesta muy importante por las renovables y no podía ser que por incapacidad de tramitar los expedientes los proyectos no salieran adelante». Es decir, era un contexto de política de Estado, un momento inmejorable para lucrarse como fuera a propósito de unas inversiones concebidas como irremediables. Unas palabras, por cierto, que casan a la perfección con el testimonio del alcalde de La Zoma (Teruel) en la comisión sobre las renovables de las Cortes de Aragón en 2024. Exponiendo sus preocupaciones por los perjuicios que un proyecto de Forestalia iba a causar en su municipio ante los capitostes provinciales de su partido de entonces, el PSOE, estos zanjaron la cuestión aseverando que Lambán quería renovables, Teresa Ribera quería renovables y Pedro Sánchez quería renovables: l'esprit de l'époque.

Por el momento, la reacción del presidente del Gobierno a la podredumbre de su Miteco resulta más ignota que el secreto de la Cocacola. Por su parte, la ministra Aagesen ha hablado de colaboración con la justicia y de una auditoría interna. Que el Miteco colabore es una novedad que a estos ojos les gustaría ver: las demoras a la hora de aportar expedientes a demandas contenciosas se cuentan en plazos superiores al año, desoyendo, incluso, lo dispuesto por los juzgados. Sobre la auditoría interna, ¿cómo de íntima la desea, lo suficiente como para garantizar que el señor «E» cargue con todas las culpas, como ha denunciado personal funcionario del Miteco? No olvidemos que esta persona, cuando se jubiló, fue designada asesor del secretario de Estado Hugo Morán para rematar su trabajo en declaraciones ambientales ahora bajo sospecha. 

¿Qué clase de control tenía la ministra Teresa Ribera sobre sus subordinados, máxime cuando las prácticas del subdirector eran la comidilla de su ministerio y sabía personalmente que estaban pasando cosas raras bajo sus narices? Y la ministra Aagesen, ¿de qué camarilla del ministerio salió, o acaso surgió por generación espontánea en el sillón de ministra? La directora de evaluación ambiental, Marta Gómez Palenque, la inmediata superiora en el escalafón del Señor «E», ¿tampoco sabía nada? Lo de un Miteco en el que sus jerarcas vivían en Narnia mientras en los pasillos y en los territorios afectados por las decisiones del Señor «E» lo que sucedía era el secreto de Polichinela, puede dejar el testimonio de Ana Mato afirmando que no tenía ni idea de dónde había salido el Jaguar de su garaje, en una ingenuidad digna de película de Walt Dysney.

Y luego tenemos a nuestra administración, la aragonesa. Presidente y vicepresidenta han hablado de tres acciones concretas: una nueva comisión de investigación, revisar los proyectos de Forestalia sospechosos (que son todos) y personarse en la causa judicial contra esta empresa. Lo de la revisión de proyectos sospechosos es, de nuevo, algo que nos gustaría ver. Esta semana debe comenzar el proceso de expropiación para centrales fotovoltaicas en Andorra promovidas originalmente por esta empresa, mientras que Forestalia acucia con mentiras a los propietarios afectados por el Clúster de Majalinos para firmar lo que les ponen delante como si nada hubiera sucedido. ¿Dónde está la revisión del Gobierno de Aragón? En ninguna parte. El consejero de medio ambiente ha tenido el cuajo de decir que «quedan noticias que nos pondrán los pelos de punta». ¿Cuáles, qué sabe, qué hace que no está en el juzgado? Del Gobierno de Aragón solo podemos esperar un evidente ánimo de echar paladas de tierra sobre el asunto.

Realizar otra comisión de investigación es poco menos que una ofensa. Varias asociaciones comparecimos en ella a pesar de los esfuerzos de la troika del megavatio (PP, PSOE y PAR) por evitar nuestra presencia mientras hacían hueco hasta el último comercial de las empresas del sector de las renovables. Revisitar las comparecencias que hicimos es como leer las noticias de estos días: ya estaba todo ahí. Déjense de comedias y limítense a colaborar con la Guardia Civil y los juzgados. Y aquí aparece una cuestión crítica: la intención del Gobierno de Aragón de personarse en la instrucción de la causa de Forestalia como perjudicado. ¿Perjudicado, de qué, si en acto y omisión ha sido parte, al igual que el Miteco? Además, el actual Gobierno aragonés sigue tramitando proyectos de Forestalia (y de otras empresas) tomando decisiones tan marcianas como la taberna de la Guerra de las Galaxias y que, además, evolucionan a una apuesta desaforada por los centros de datos, con los que el presidente aragonés parece haber perdido el juicio, como un corredor de bolsa en las orgías de El lobo de Wall Street. No debe permitirse la personación del Gobierno de Aragón. Es meter al zorro en el gallinero, una estrategia que huele, de nuevo, a control de daños.

Como vemos, cada paso de los poderes implicados resulta sospechosamente insincero y más orientado a que no se sepa más, que a una catarsis que limpie el patio y les haga merecedores de una credibilidad de la que no andan precisamente sobrados. Ya sabemos que no es la primera vez que en España se cierra en falso una corrupción que apunta a los rincones más sagrados del régimen, y también sabemos del descrédito que, curiosamente, crece en la sociedad como si fueran vasos comunicantes. Tenemos la perspectiva de que lo que está emergiendo por la grieta del Señor «E» y de Forestalia es el ápice de toda una era de corrupción, pero ni han sido solo ellos ni ha ocurrido solo en Aragón. Querido lector, ¿en su comunidad autónoma, en su pueblo, se han autorizado proyectos demenciales? Estamos en el punto de afirmar que probablemente sea lo que parece. 

Esta nueva edad de la corrupción española se hace a costa del expolio de los pueblos, de los territorios con pocos votantes y suelo barato, de los recursos naturales y de la estigmatización del ecologismo real. La idea de un cierre en falso en el Señor «E» no hace más que incrementar la ira que nos provoca, no solo por lo que tiene de denigrante, sino porque resulta redundante en una sociedad desconcertada en la que se pone en riesgo la misma credibilidad y viabilidad de un sistema pluralista, aun con todos los límites y exasperantes tutelas que presenta en el reino de España.

Ivo Inigo y Javier Oquendo

Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel

jueves, 26 de marzo de 2026

La carcoma de la transición justa






Años de anuncios grandilocuentes. Transición ecológica, justa, verde. Miles y miles de puestos de trabajo, resurrección del medio rural, progreso… «España es la locomotora de la transición energética a nivel global», «Aragón imparable», «Aragón va de cojón»… Las fotos con políticos (no con todos) y políticos a tope (no todos). Ayer seis detenidos por una trama de corrupción y en adelante puede haber más. El Señor «E», presunta pieza indispensable que revelamos en primicia, en cabeza. Con él, el presunto corruptor: el amo de Forestalia. Pero no solo ha sido Forestalia, que quede claro.

Las asociaciones de defensa del territorio y del medioambiente, como la nuestra, Paisajes de Teruel, advertimos primero de las incongruencias. Después, de las sospechas. Finalmente, de las evidencias del penúltimo pelotazo nacional. Y aquí está el retoño, el niño bonito de los últimos gobiernos de Aragón y de España: «Desarticulada una presunta trama de corrupción medioambiental relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos en Teruel», según rezaba la nota de prensa del Seprona.

Sociedades pantalla, testaferros, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales. Una colección de (presuntas) inmundicias porque unos fulanos del quinto pino necesitan mantener, o ansían, mansiones e hípicas, un lujo desquiciado, insostenible, depredador. Y el precio de su estilo de vida hortera son nuestros montes con su agua, animales, plantas, árboles, cultivos y eriales. También la convivencia en decenas de pueblos, envenenada por sus promesas.

Los mesías con traje y corbata que nos venían a salvar en el último tren de nuestras vidas dejan un rastro de enemistades en los vecindarios, de personas que ni se miran. Es seguro que nada de eso se les pasó por la cabeza a los «presuntos» cuando hacían sus tratos. Nunca nos han visto ni necesitan hacerlo. Les basta presuponer que necesitamos dinero (y es verdad), pero para ellos está de más pensar qué siente esa poca gente que ronda allá lejos, en esos montes, como si su destino fuera la nada, la nada que ellos se afanaron en garantizar.

Hemos invertido noches, días, la jubilación, vacaciones y lo que ha hecho falta por el paisaje de nuestra vida, nuestro mismo ser como colectivo: son los montes que labramos, podamos o pastoreamos, o los que labraron, podaron y pastorearon quienes conocimos. No parece que esta sea una dimensión que tengan en gran consideración muchos compañeros del ecologismo institucionalizado o de la progresía, para quienes somos retardistas, negacionistas, paletos. Ni entienden ni han querido entender que hemos luchado contra el extractivismo, contra el turbocapitalismo que tritura el planeta. ¿Qué parte no han entendido de «renovables sí, pero no así»?

Las macrocentrales de renovables en el medio rural son en su mayoría imposibles de aprobar desde el punto de vista medioambiental por una simple cuestión de magnitudes, y esa es la causa primera de la trama de corrupción de la que ayer informó el Seprona. Hay una incomprensión, real o fingida, por parte de demasiada gente: las renovables son para que las tengamos en las azoteas, en pequeños huertos, en los polígonos industriales, sin embargo, en el país del pelotazo, se ha pretendido que una central fotovoltaica o eólica sea como una térmica o una nuclear. ¿Por qué? Para mantener el control: un modelo centralizado en un puñado de empresas que tienen en los partidos del régimen a sus criaturas.

Las asociaciones y los pueblos nos rebelamos espoleados por las promesas absurdas y los insultos. Ayer los pequeños ganamos una batalla, una victoria imposible sin el Seprona. Simplemente, gracias. Ahora, la disputa pasa por los juzgados y por las compañías que han comprado proyectos a Forestalia: Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Bruc o Repsol. La danesa CIP, por ejemplo, ha tratado de desvincularse de Forestalia y así mantener la intangibilidad de sus compras. Quiere ejecutar proyectos cuya autorización ambiental es fruto de la corrupción, es decir, cuyos impactos ambientales nunca fueron evaluados. 

La revelación de toda esta porquería ofrece suficiente perspectiva para que cualquiera perciba la ley de hierro que se ha aplicado a las asociaciones del territorio y a los territorios con pocos votos. Que se entienda con claridad que los esfuerzos de los partidos y de las empresas implicadas por estigmatizarnos y expoliarnos son la demostración de que la lucha contra el cambio climático o la despoblación era propaganda vendida como una transición de los mil nombres. Todo ha sido desde el principio un asunto de dinero, de conseguirlo mediante unas relaciones de dominio y de explotación concretas. De momento, la ley de hierro de la transición justa se carcome por la corrupción.

Ivo Inigo y Javier Oquendo

Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel