La transición energética y la manipulación de la ciencia

José Luis Simón Gómez (*)

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recibió hace unas semanas una carta que le dirigieron diez entidades científicas. En ella le mostraban su preocupación por el impacto negativo que el megaproyecto eólico “clúster Maestrazgo” tendría sobre el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio geológico de esa región. En particular, consideraban dicho proyecto incompatible con los objetivos de conservación de la Red Natura 2000, la protección de los Lugares de Interés Geológico, o la trayectoria de décadas del Geoparque del Maestrazgo (Global Geopark de UNESCO) en la puesta en valor de ese patrimonio.

Entre las entidades firmantes había dos departamentos de la Universidad de Zaragoza (Ciencias de la Tierra, Geografía y Ordenación del Territorio), pero también sociedades de alcance nacional como la Sociedad Geológica de España, la Sociedad Botánica Española, la Sociedad Española de Geomorfología, la Asociación para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, o la Sociedad para la Conservación y el Estudio de las Mariposas. Se trata, por tanto, de una representación relevante de la comunidad científica estudiosa del medio natural, que solicita al Ministerio la paralización cautelar del proyecto “clúster Maestrazgo” en tanto no se aborde una ordenación racional del despliegue de energías renovables. 

La llamada transición energética (reformulada luego, de forma bastante cínica, como transición ecológica) está haciéndose a toque de corneta, guiada por axiomas que parecen no admitir discusión (electrificación total, descarbonización sin renuncia al crecimiento…), pilotada por los mismos agentes económicos cuya ambición ha sobrepasado ya muchos de los llamados límites planetarios. Tal vez desde el punto de vista del empleo pueda estar siendo una transición justa: ahí están las promesas de la economía verde, que las fuerzas sindicales abrazan con entusiasmo. Pero, desde luego, no es justa para los espacios naturales protegidos que se ven asaltados por colosales instalaciones industriales, ni para los territorios rurales que creyeron ver en las políticas europeas una nueva vía de desarrollo acorde con sus usos tradicionales y vagan ahora desorientados.  

La transición energética/ecológica tiende a arrogarse una suerte de legitimidad científica: son los científicos quienes primero alertaron del calentamiento global, y quienes dibujan el futuro que nos espera si continuamos quemando combustibles fósiles. A partir de ahí, como en un imparable proceso en cascada, la ciencia proporciona la coartada al “todo eléctrico”, promete abastecernos de los metales estratégicos que necesitaremos para ello, y da argumentos “racionales”, a través de los estudios de impacto ambiental, para disimular y maquillar los daños colaterales que las grandes instalaciones de energía eólica y fotovoltaica causan en el territorio. 

La carta dirigida a la ministra es una llamada de atención contra la manipulación de la ciencia por un sistema económico que busca perpetuarse teñido de verde. Las dudas que suscita el desordenado despliegue de las energías renovables no nacen de la irracionalidad ni del “negacionismo”; nacen del conocimiento científico, del exquisito respeto a los valores del medio natural, de la constatación del escaso rigor técnico que tienen la mayoría de los proyectos, de la consternación por el sacrificio del paisaje y la biodiversidad que esa sinrazón provoca. No se equivoquen: el mercadeo especulativo de las renovables no tiene el amparo de la ciencia. De su lado está el poder, pero no la razón ni el conocimiento.

(*) Catedrático del Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza

DNI: 18912626W

Tel. 638 49 87 24

e-mail: jsimon@unizar.es

Los PIGA contra los pueblos

Con frecuencia, políticos y periodistas emplean en sus declaraciones y noticias términos como «PIGA». Se sobrentiende que la sociedad conoce su significado, e incluso sus implicaciones y consecuencias. Lo primero es dudoso, lo segundo, aún más. «PIGA» son las siglas de Proyectos de Interés General de Aragón, una figura que se creó para facilitar los trámites de aquellas iniciativas que se prejuzgan como prioritarias o estratégicas en la comunidad autónoma.

Los proyectos que se acogen a esta declaración suelen afectar a varios municipios o, si se radican en un único término municipal, su magnitud económica y medioambiental trasciende a dicho ámbito. Es el caso de grandes equipamientos e infraestructuras industriales, de servicios y de ocio. La figura de PIGA estaba prevista como un recurso excepcional, sin embargo, se están convirtiendo en un lugar común, lo cual genera una lógica controversia. 

Piensen, por ejemplo, en macroproyectos de energías renovables. Se acogen a la calificación de «interés general», aunque en realidad se lleven la electricidad fuera de Aragón y sean propiedad de fondos de inversión extranjeros que buscan su rentabilidad por encima de las prioridades y necesidades de nuestra sociedad. En otras palabras, y en estos casos, son proyectos de gran interés para unas pocas empresas y muy pequeño para los territorios donde se implantan. 

En efecto, la consideración de una de estas inversiones como «PIGA» implica que un consistorio deje de cobrar tributos y tasas, como el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) o el pago de la popular licencia de obras. Si analizamos dos casos actualmente en tramitación para ser declarados PIGA, se entenderá mucho mejor.

El primero es el Proyecto Catalina, una central de hidrogeno con un gaseoducto hasta Caspe y siete parques eólicos y seis fotovoltaicos repartidos en trece pueblos. Según el promotor supone una inversión de unos 2.000 millones de euros. Calculando el 4% habitual, se traduce en que se dejará de ingresar alrededor de 80 millones en concepto del ICIO. La exención de la licencia urbanística, que suele ser, la más reducida, del 1%, supondrá una pérdida de 20 millones. En definitiva, los ayuntamientos de Andorra, Alcorisa, Calanda, Alcañiz, Foz Calanda, Los Olmos, Alloza, La Mata de los Olmos, Crivillén, Cañizar, Castel de Cabra, Estercuel y Torre de Arcas dejarán de percibir alrededor de cien millones de euros.

Otro proyecto que está en vías de obtener la calificación de PIGA es el denominado «Turboleta», una fábrica de biogás y combustible de aviación «verde» en Teruel que requiere del consumo de gas natural e ingentes cantidades de agua. A esta planta se suman dos centrales eólicas de 29 aerogeneradores, una central fotovoltaica de 200 hectáreas y seis macroplantas de biometano en Alfambra, Caspe, Tauste, Alcolea de Cinca, Peñalba y Zaidín, con el consiguiente hedor aparejado a esta producción. El total de ingresos que perderían los ayuntamientos de Teruel, El Pobo, Cedrillas, Formiche, Celadas  y Corbalán se cifra en unos 40 millones en el ICIO y 10 millones en la tasa de licencia urbanística, considerando el coste, que según la empresa serían más de 1.000 millones.

El Gobierno de Aragón, según explicaban fuentes del Ejecutivo hace unos días, percibe estas pérdidas de recursos públicos de manera muy distinta. Entiende que el ICIO se cobra en concepto de supervisión y preparación de las obras, que en este caso un ayuntamiento no asume porque lo hace directamente el Gobierno, y habla de beneficios indirectos por la implantación de las empresas a las que se les concede el PIGA. Sin embargo, consistorios que ya han experimentado esta «lógica», como Villanueva de Gállego a propósito de un centro de datos, no están nada de acuerdo con dicho planteamiento.

Desde esta Plataforma siempre hemos defendido que el dinero no compensa las pérdidas que los macroproyectos causan al paisaje, al territorio y a las actividades económicas ya existentes, pero es el colmo que se implanten sin aportar lo que se cobraría a cualquier otra empresa o sin que paguen lo que abonan los vecinos cuando construyen una vivienda. Si se llevan a efecto proyectos como Catalina o Turboleta, los ayuntamientos y sus vecinos sufrirán una pérdida de ingresos millonaria y, a cambio, los promotores habilitarán cuatro acciones calificadas de «sociales» sin más valor que el de limpiar su imagen.

Esta es la verdadera cara de la «transición justa». Al expolio de Aragón solo le faltaba la fórmula del PIGA, que debería ser excepcional, para dejar sin la mínima compensación a los pueblos y ciudades que sufrirán las consecuencias, pues no debe olvidarse que estos proyectos conllevan consumos de agua, suelo y generación de molestias cotidianas que se mantendrán mientras funcionen. El interés general de Aragón debería favorecer a su población y no a las multinacionales o fondos de inversión que solo buscan la rentabilidad económica. La pregunta es por qué se anteponen a las necesidades de los pueblos.

Javier Oquendo e Ivo Inigo

Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y Colectivo Sollavientos

OPINIÓN -SILENCIO ADMINISTRATIVO

Hace tiempo que se habla de forma recurrente sobre transparencia, participación e implicación de la ciudadanía y democratización de los trámites administrativos. Esta música suena bien y se ha legislado para hacerla realidad. Leyes como la de evaluación ambiental, la del sector eléctrico y, sobre todo, la de participación ciudadana, tratan de garantizar los artículos 23 y 105 de la Constitución sobre el derecho de las personas a participar en los asuntos públicos y en la elaboración de normas, y a acceder a los documentos de las Administraciones Públicas, además de trasponer tratados internacionales y algunas directivas europeas.

Sin embargo, no hay legislación que haya doblegado un vicio ancestral de la burocracia española, el silencio administrativo, que consiste en no darse por aludido porque no se quiere, porque no se tienen argumentos o porque se está saturado de trabajo. Luego, cuando se dan, hay respuestas con trampa, como contestar que el asunto por el que se pregunta no es competencia del órgano interpelado. Claro está, esa solicitud debería ser automáticamente redirigida a la entidad competente, pero sería garantizar demasiado los derechos de la ciudadanía, por lo que no es una práctica habitual.

Todas estas afirmaciones no son fruto de una situación puntual, sino que responden a una constante. La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel ha presentado más de 40 solicitudes de información sobre distintos proyectos renovables en la provincia de Teruel a las administraciones locales, autonómicas y nacionales con el objetivo de conseguir la mejor evaluación ambiental y una implantación respetuosa con la economía, la sociedad y el medioambiente del territorio. Solo en cuatro ocasiones hemos recibido contestación, siempre evasivas o desviándose a cuestiones no planteadas.

Un caso especial por su gravedad dentro de nuestra experiencia es el del Clúster del Maestrazgo. Paisajes de Teruel ha solicitado información sobre alegaciones, recursos de alzada sin resolver y sobre la suspensión de procedimientos y autorizaciones. En ningún caso se nos ha atendido. Sin embargo, lo más llamativo ha sido lo relativo a quiénes participaron en la evaluación ambiental. Hemos pedido conocer qué funcionarios intervinieron en la redacción de la Declaración de Impacto Ambiental. Esta petición está legalmente reconocida a la ciudadanía, que, como administrada, tiene derecho a saber quién le administra. Se nos contestó en una ocasión de forma evasiva, ante lo cual hemos repreguntado en seis ocasiones. Tras varios meses…, silencio administrativo. 

Háganse cargo, responder a esta cuestión es tan fácil como abrir un listado, leer asignaciones de trabajo, copiarlas y pegarlas en un mail. Es un silencio tan espeso e injustificable que, en nuestra opinión, y junto con otros indicios, solo puede ocultar una cosa: no hubo funcionarios a cargo de la Declaración de Impacto Ambiental del Clúster del Maestrazgo. Claro, que eso sería, presuntamente, un delito por parte de la dirección de evaluación ambiental del MITERD, llegando por mera lógica la responsabilidad in vigilando hasta su cúspide: la entonces ministra Teresa Ribera, actual comisaria europea.

El silencio administrativo demuestra, en el mejor de los casos, falta de criterio, cosa harto extraña dado el valor de los funcionarios y su preparación. En el peor de los escenarios apunta sospechosamente, como en el Clúster del Maestrazgo, a encubrimiento, favorecimiento de intereses ilegítimos e, incluso, prevaricación en los procedimientos administrativos.

Ivo  Inigo  y Javier Oquendo

Colectivo Sollavientos y Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel