jueves, 26 de marzo de 2026

La carcoma de la transición justa






Años de anuncios grandilocuentes. Transición ecológica, justa, verde. Miles y miles de puestos de trabajo, resurrección del medio rural, progreso… «España es la locomotora de la transición energética a nivel global», «Aragón imparable», «Aragón va de cojón»… Las fotos con políticos (no con todos) y políticos a tope (no todos). Ayer seis detenidos por una trama de corrupción y en adelante puede haber más. El Señor «E», presunta pieza indispensable que revelamos en primicia, en cabeza. Con él, el presunto corruptor: el amo de Forestalia. Pero no solo ha sido Forestalia, que quede claro.

Las asociaciones de defensa del territorio y del medioambiente, como la nuestra, Paisajes de Teruel, advertimos primero de las incongruencias. Después, de las sospechas. Finalmente, de las evidencias del penúltimo pelotazo nacional. Y aquí está el retoño, el niño bonito de los últimos gobiernos de Aragón y de España: «Desarticulada una presunta trama de corrupción medioambiental relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos en Teruel», según rezaba la nota de prensa del Seprona.

Sociedades pantalla, testaferros, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales. Una colección de (presuntas) inmundicias porque unos fulanos del quinto pino necesitan mantener, o ansían, mansiones e hípicas, un lujo desquiciado, insostenible, depredador. Y el precio de su estilo de vida hortera son nuestros montes con su agua, animales, plantas, árboles, cultivos y eriales. También la convivencia en decenas de pueblos, envenenada por sus promesas.

Los mesías con traje y corbata que nos venían a salvar en el último tren de nuestras vidas dejan un rastro de enemistades en los vecindarios, de personas que ni se miran. Es seguro que nada de eso se les pasó por la cabeza a los «presuntos» cuando hacían sus tratos. Nunca nos han visto ni necesitan hacerlo. Les basta presuponer que necesitamos dinero (y es verdad), pero para ellos está de más pensar qué siente esa poca gente que ronda allá lejos, en esos montes, como si su destino fuera la nada, la nada que ellos se afanaron en garantizar.

Hemos invertido noches, días, la jubilación, vacaciones y lo que ha hecho falta por el paisaje de nuestra vida, nuestro mismo ser como colectivo: son los montes que labramos, podamos o pastoreamos, o los que labraron, podaron y pastorearon quienes conocimos. No parece que esta sea una dimensión que tengan en gran consideración muchos compañeros del ecologismo institucionalizado o de la progresía, para quienes somos retardistas, negacionistas, paletos. Ni entienden ni han querido entender que hemos luchado contra el extractivismo, contra el turbocapitalismo que tritura el planeta. ¿Qué parte no han entendido de «renovables sí, pero no así»?

Las macrocentrales de renovables en el medio rural son en su mayoría imposibles de aprobar desde el punto de vista medioambiental por una simple cuestión de magnitudes, y esa es la causa primera de la trama de corrupción de la que ayer informó el Seprona. Hay una incomprensión, real o fingida, por parte de demasiada gente: las renovables son para que las tengamos en las azoteas, en pequeños huertos, en los polígonos industriales, sin embargo, en el país del pelotazo, se ha pretendido que una central fotovoltaica o eólica sea como una térmica o una nuclear. ¿Por qué? Para mantener el control: un modelo centralizado en un puñado de empresas que tienen en los partidos del régimen a sus criaturas.

Las asociaciones y los pueblos nos rebelamos espoleados por las promesas absurdas y los insultos. Ayer los pequeños ganamos una batalla, una victoria imposible sin el Seprona. Simplemente, gracias. Ahora, la disputa pasa por los juzgados y por las compañías que han comprado proyectos a Forestalia: Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Bruc o Repsol. La danesa CIP, por ejemplo, ha tratado de desvincularse de Forestalia y así mantener la intangibilidad de sus compras. Quiere ejecutar proyectos cuya autorización ambiental es fruto de la corrupción, es decir, cuyos impactos ambientales nunca fueron evaluados. 

La revelación de toda esta porquería ofrece suficiente perspectiva para que cualquiera perciba la ley de hierro que se ha aplicado a las asociaciones del territorio y a los territorios con pocos votos. Que se entienda con claridad que los esfuerzos de los partidos y de las empresas implicadas por estigmatizarnos y expoliarnos son la demostración de que la lucha contra el cambio climático o la despoblación era propaganda vendida como una transición de los mil nombres. Todo ha sido desde el principio un asunto de dinero, de conseguirlo mediante unas relaciones de dominio y de explotación concretas. De momento, la ley de hierro de la transición justa se carcome por la corrupción.

Ivo Inigo y Javier Oquendo

Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel

miércoles, 25 de marzo de 2026

El señor «E»





Una de las aristas de la trama de Santos Cerdán ha tocado Aragón. El último informe de la UCO revelaba maquinaciones en torno al proyecto de la mina Muga, en la raya con Navarra. La atención se ha dirigido prioritariamente a las conexiones políticas del asunto. En un segundo, tercer o cuarto plano ha quedado la dimensión medioambiental de la presunta corruptela. 

Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, escribió en Público (21 de noviembre de 2025) un esclarecedor artículo que ponía de relieve cómo en el origen del caso de la mina Muga se hallaba una declaración de impacto ambiental (DIA) que, en 2019, causó estupor. Su responsable era el entonces Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, Francisco Javier Cachón. Su nombramiento o mantenimiento en el cargo fue una de las peticiones del PNV realizadas a través de Cerdán para apoyar la moción de censura que acabó con el gobierno de Rajoy en 2018. En definitiva, y con toda la lógica, Uralde afirma que esta vinculación arroja una sombra de irregularidad en el proceso de evaluación y declaración ambiental.

Retengan esta cuestión, una evaluación ambiental presuntamente corrupta. Probablemente no sea la única que se ha producido en el MITERD en los últimos años, ministerio en el que se integra la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Cachón fue nombrado director general el 30 de diciembre de 2016 y cesó en 2020. A los dos meses de su designación ascendió a la subdirección una figura que, en nuestra opinión, es clave. La llamaremos el señor «E». Esta persona desempeñó las responsabilidades inherentes a su cargo cuando se tramitó la DIA de la mina Muga. También lo hizo después de 2020 (una vez hubo cesado Cachón) cuando se elaboraron otras declaraciones que han causado no menos estupor, en concreto las que afectan a Forestalia.

En Paisajes de Teruel tenemos la convicción de que las evaluaciones de impacto ambiental a proyectos de Forestalia competencia del MITERD no han sido tramitadas por personal funcionario, lo cual sería una ilegalidad. Hemos realizado siete peticiones en base al artículo 53 de la Ley 39/2015 para conocer la identidad de los funcionarios que tramitaron la DIA del Clúster del Maestrazgo. Esta solicitud se ha extendido a otros proyectos de Forestalia y la han realizado más asociaciones. Nadie ha obtenido respuesta satisfactoria. Esto incluye contestaciones con contenido falso al requerimiento que realizamos al Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno. El escapismo de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha llegado al Congreso de los Diputados. Jorge Pueyo, diputado de CHA, ha planteado esta cuestión hasta en dos ocasiones con idénticos resultados.

El pasado verano conocimos la declaración de impacto ambiental del Clúster del Matarranya promovido por Green Capital. Este macroproyecto coincidía en los términos municipales, e incluso en la localización de algunos aerogeneradores, con el del Clúster del Matarranya de Forestalia. El de Green Capital obtuvo una DIA incompatible y el de Forestalia compatible. ¿Cómo es posible? La resolución de Green Capital fue de este mismo año, 2025, y la de Forestalia del 7 de julio de 2023. El señor «E» cesó de su cargo en octubre de 2023. De 36 proyectos, Forestalia ha obtenido 33 declaraciones compatibles y solo 3 incompatibles, estas últimas (paradójicamente) en proyectos pequeños. Todo ello ha sucedido entre los años 2021 y 2023, a la sombra del señor «E», con unas resoluciones de impacto ambiental estrambóticas. Documentos cuya autoría se protege como el secreto de la cocacola vulnerando la legislación más elemental.

La comparación de las declaraciones de Forestalia y Green Capital a propósito de sus clústeres del Matarranya, es elocuente. El de Forestalia afecta a 16 Hábitats de Interés Comunitario y el de Green Capital a 4 prioritarios y a otros no prioritarios. Pero la DIA de Forestalia es favorable. El de Forestalia resulta compatible con la Red Natura 2000 cumpliendo condicionantes. El de Green Capital, no. La comparación de la resolución de Green Capital con la del Clúster del Maestrazgo también es asombrosa. El de Green Capital ocupa 2 km de zonas ZEPA y el de Forestalia unos 18, pero el de Forestalia tiene declaración compatible. El de Green Capital tiene 2 aerogeneradores en Zonas de Especial Conservación. El de Forestalia, 85.

No olvidemos otros datos de la DIA del Clúster del Maestrazgo, que en este contexto se entienden mejor. Por ejemplo, la resolución afirmaba que la afección a la superficie arbolada eran 116 hectáreas. Era un error grosero porque no se computaba la causada por las pistas de acceso y entre 80 y 100 km de líneas eléctricas. Más significativo es que 116 hectáreas era la superficie que figuraba en…, el estudio de impacto ambiental elaborado por Forestalia. ¿Y si las declaraciones de impacto ambiental se hicieron en las oficinas de Forestalia y por eso el MITERD no puede responder a una cosa tan sencilla como quién las hizo? ¿Acaso el señor «E» era la puerta de acceso de Forestalia al MITERD?

El señor «E» es la línea de puntos que une una práctica irregular que parece haber anidado, como mínimo, en el MITERD entre los años 2019 y 2023, con indicios muy serios relativos a los rasgos de esa presunta práctica irregular y a quién ha sido, al menos, uno de sus presuntos beneficiarios. Necesitamos respuestas concretas a las sospechas que ponemos sobre la mesa.


Javier Oquendo e Ivo Inigo

Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel


martes, 24 de marzo de 2026

El fuego y la justicia






En los últimos días Paisajes de Teruel recibió la noticia de la desestimación de las medidas cautelares solicitadas por motivos ambientales contra el Clúster del Maestrazgo. El auto del Tribunal Supremo aduce, en breves palabras, que los aspectos ambientales del proyecto habían pasado una evaluación ambiental, que la declaración de impacto ambiental (DIA) había sido compatible y que, además, contenía un plan de vigilancia.

No vamos a entrar en por qué la legislación permite solicitar medidas cautelares de contenido medioambiental, si la resolución de sus señorías es tautológica: no cabe cuestionar aspectos ambientales porque han sido objeto de la evaluación que se impugna. Es una incongruencia perturbadora, pero hoy no toca hablar de ello.

Sin embargo, sí vamos a plantear una pregunta. ¿Saben sus señorías qué declaraciones de impacto ambiental fueron compatibles y tenían planes de vigilancia? Sin ir más lejos, las líneas de alta tensión que conectaban centrales eólicas en la provincia de Zaragoza con Euskadi. Estos proyectos fueron promovidos por Forestalia, igual que el Clúster del Maestrazgo.

En fechas recientes El Español desveló que Cerdán influía en el MITERD, el ministerio encargado de realizar la evaluación ambiental de estas líneas, en favor de Forestalia. Según las fuentes consultadas por el medio de comunicación, la persona de contacto de la trama Cerdán era Borja Sastre. Esta persona fue nombrada jefe de gabinete por la ministra Teresa Ribera en noviembre de 2023.

Noviembre de 2023 es exactamente un mes después de que cesara el anterior subdirector de evaluación ambiental del MITERD. Tenemos la convicción de que esta figura fue la puerta de entrada de Forestalia al ministerio. Le contemplan 33 DIA favorables a proyectos de esta empresa y solo 3 incompatibles, curiosamente, a proyectos pequeños. La lógica dice que es más sencillo lograr una declaración favorable a un proyecto pequeño que no a mastodontes como el del Clúster del Maestrazgo o los de las líneas de evacuación a Euskadi. Además, todos los expedientes de estas evaluaciones carecen (¡oh, casualidad!) de identificación de los funcionarios que las tramitaron.

Resulta que la DIA del Maestrazgo, esa que resulta inmarcesible para sus señorías en lo relativo a las cautelares, contenía datos altamente inquietantes. Daba por válida una superficie de afección forestal que no incluía la que debía talarse para abrir los caminos de acceso y las líneas eléctricas de evacuación de los aerogeneradores (hablamos de cientos de kilómetros). Más alarmante es que ese dato de superficie de la DIA estaba tomado del estudio de impacto ambiental de Forestalia. La DIA también ignoraba el informe del Departamento de Medio Natural del Gobierno de Aragón, que consideraba el proyecto como francamente perjudicial. Seguramente la decisión del Supremo sea la mar de jurisprudente, pero de cara a la protección del medioambiente es lamentable.

Hay otro dato que debe ser considerado: el testaferro. Según las noticias publicadas esta semana acerca de la relación entre Forestalia y la trama Cerdán, un tal Eduardo Pérez ejercía este papel. Hoy resulta que es el apoderado único de las plantas fotovoltaicas Masía I y II, las que en el proyecto de Forestalia iban a generar la electricidad gratis a los pueblos afectados por el Clúster del Maestrazgo. Una broma pesada entonces, qué decir de hoy. También figura como administrador de más de 30 proyectos desarrollados por Forestalia y relacionado con otros que ya se han traspasado o vendido.

La UCO ha registrado la sede de Forestalia y ha realizado detenciones el día en el que este artículo se está escribiendo. Pensábamos concluirlo con una invocación, algo como que «ojalá no tengan que arrepentirse sus señorías del auto desestimando las medidas cautelares por los efectos que puede causar al medio natural». Ahora, más bien, queremos lanzar una segunda pregunta, ¿por qué en lo que toca al medioambiente el sistema judicial ignora por costumbre el humo, las llamas y las llamadas de auxilio? Afortunadamente aún hay tiempo para que sus señorías salven el Maestrazgo.

Javier Oquendo e Ivo Inigo

Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel