El señor «E»

Una de las aristas de la trama de Santos Cerdán ha tocado Aragón. El último informe de la UCO revelaba maquinaciones en torno al proyecto de la mina Muga, en la raya con Navarra. La atención se ha dirigido prioritariamente a las conexiones políticas del asunto. En un segundo, tercer o cuarto plano ha quedado la dimensión medioambiental de la presunta corruptela. 

Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, escribió en Público (21 de noviembre de 2025) un esclarecedor artículo que ponía de relieve cómo en el origen del caso de la mina Muga se hallaba una declaración de impacto ambiental (DIA) que, en 2019, causó estupor. Su responsable era el entonces Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, Francisco Javier Cachón. Su nombramiento o mantenimiento en el cargo fue una de las peticiones del PNV realizadas a través de Cerdán para apoyar la moción de censura que acabó con el gobierno de Rajoy en 2018. En definitiva, y con toda la lógica, Uralde afirma que esta vinculación arroja una sombra de irregularidad en el proceso de evaluación y declaración ambiental.

Retengan esta cuestión, una evaluación ambiental presuntamente corrupta. Probablemente no sea la única que se ha producido en el MITERD en los últimos años, ministerio en el que se integra la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Cachón fue nombrado director general el 30 de diciembre de 2016 y cesó en 2020. A los dos meses de su designación ascendió a la subdirección una figura que, en nuestra opinión, es clave. La llamaremos el señor «E». Esta persona desempeñó las responsabilidades inherentes a su cargo cuando se tramitó la DIA de la mina Muga. También lo hizo después de 2020 (una vez hubo cesado Cachón) cuando se elaboraron otras declaraciones que han causado no menos estupor, en concreto las que afectan a Forestalia.

En Paisajes de Teruel tenemos la convicción de que las evaluaciones de impacto ambiental a proyectos de Forestalia competencia del MITERD no han sido tramitadas por personal funcionario, lo cual sería una ilegalidad. Hemos realizado siete peticiones en base al artículo 53 de la Ley 39/2015 para conocer la identidad de los funcionarios que tramitaron la DIA del Clúster del Maestrazgo. Esta solicitud se ha extendido a otros proyectos de Forestalia y la han realizado más asociaciones. Nadie ha obtenido respuesta satisfactoria. Esto incluye contestaciones con contenido falso al requerimiento que realizamos al Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno. El escapismo de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha llegado al Congreso de los Diputados. Jorge Pueyo, diputado de CHA, ha planteado esta cuestión hasta en dos ocasiones con idénticos resultados.

El pasado verano conocimos la declaración de impacto ambiental del Clúster del Matarranya promovido por Green Capital. Este macroproyecto coincidía en los términos municipales, e incluso en la localización de algunos aerogeneradores, con el del Clúster del Matarranya de Forestalia. El de Green Capital obtuvo una DIA incompatible y el de Forestalia compatible. ¿Cómo es posible? La resolución de Green Capital fue de este mismo año, 2025, y la de Forestalia del 7 de julio de 2023. El señor «E» cesó de su cargo en octubre de 2023. De 36 proyectos, Forestalia ha obtenido 33 declaraciones compatibles y solo 3 incompatibles, estas últimas (paradójicamente) en proyectos pequeños. Todo ello ha sucedido entre los años 2021 y 2023, a la sombra del señor «E», con unas resoluciones de impacto ambiental estrambóticas. Documentos cuya autoría se protege como el secreto de la cocacola vulnerando la legislación más elemental.

La comparación de las declaraciones de Forestalia y Green Capital a propósito de sus clústeres del Matarranya, es elocuente. El de Forestalia afecta a 16 Hábitats de Interés Comunitario y el de Green Capital a 4 prioritarios y a otros no prioritarios. Pero la DIA de Forestalia es favorable. El de Forestalia resulta compatible con la Red Natura 2000 cumpliendo condicionantes. El de Green Capital, no. La comparación de la resolución de Green Capital con la del Clúster del Maestrazgo también es asombrosa. El de Green Capital ocupa 2 km de zonas ZEPA y el de Forestalia unos 18, pero el de Forestalia tiene declaración compatible. El de Green Capital tiene 2 aerogeneradores en Zonas de Especial Conservación. El de Forestalia, 85.

No olvidemos otros datos de la DIA del Clúster del Maestrazgo, que en este contexto se entienden mejor. Por ejemplo, la resolución afirmaba que la afección a la superficie arbolada eran 116 hectáreas. Era un error grosero porque no se computaba la causada por las pistas de acceso y entre 80 y 100 km de líneas eléctricas. Más significativo es que 116 hectáreas era la superficie que figuraba en…, el estudio de impacto ambiental elaborado por Forestalia. ¿Y si las declaraciones de impacto ambiental se hicieron en las oficinas de Forestalia y por eso el MITERD no puede responder a una cosa tan sencilla como quién las hizo? ¿Acaso el señor «E» era la puerta de acceso de Forestalia al MITERD?

El señor «E» es la línea de puntos que une una práctica irregular que parece haber anidado, como mínimo, en el MITERD entre los años 2019 y 2023, con indicios muy serios relativos a los rasgos de esa presunta práctica irregular y a quién ha sido, al menos, uno de sus presuntos beneficiarios. Necesitamos respuestas concretas a las sospechas que ponemos sobre la mesa.

Javier Oquendo e Ivo Inigo

Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel

El fuego y la justicia

En los últimos días Paisajes de Teruel recibió la noticia de la desestimación de las medidas cautelares solicitadas por motivos ambientales contra el Clúster del Maestrazgo. El auto del Tribunal Supremo aduce, en breves palabras, que los aspectos ambientales del proyecto habían pasado una evaluación ambiental, que la declaración de impacto ambiental (DIA) había sido compatible y que, además, contenía un plan de vigilancia.

No vamos a entrar en por qué la legislación permite solicitar medidas cautelares de contenido medioambiental, si la resolución de sus señorías es tautológica: no cabe cuestionar aspectos ambientales porque han sido objeto de la evaluación que se impugna. Es una incongruencia perturbadora, pero hoy no toca hablar de ello.

Sin embargo, sí vamos a plantear una pregunta. ¿Saben sus señorías qué declaraciones de impacto ambiental fueron compatibles y tenían planes de vigilancia? Sin ir más lejos, las líneas de alta tensión que conectaban centrales eólicas en la provincia de Zaragoza con Euskadi. Estos proyectos fueron promovidos por Forestalia, igual que el Clúster del Maestrazgo.

En fechas recientes El Español desveló que Cerdán influía en el MITERD, el ministerio encargado de realizar la evaluación ambiental de estas líneas, en favor de Forestalia. Según las fuentes consultadas por el medio de comunicación, la persona de contacto de la trama Cerdán era Borja Sastre. Esta persona fue nombrada jefe de gabinete por la ministra Teresa Ribera en noviembre de 2023.

Noviembre de 2023 es exactamente un mes después de que cesara el anterior subdirector de evaluación ambiental del MITERD. Tenemos la convicción de que esta figura fue la puerta de entrada de Forestalia al ministerio. Le contemplan 33 DIA favorables a proyectos de esta empresa y solo 3 incompatibles, curiosamente, a proyectos pequeños. La lógica dice que es más sencillo lograr una declaración favorable a un proyecto pequeño que no a mastodontes como el del Clúster del Maestrazgo o los de las líneas de evacuación a Euskadi. Además, todos los expedientes de estas evaluaciones carecen (¡oh, casualidad!) de identificación de los funcionarios que las tramitaron.

Resulta que la DIA del Maestrazgo, esa que resulta inmarcesible para sus señorías en lo relativo a las cautelares, contenía datos altamente inquietantes. Daba por válida una superficie de afección forestal que no incluía la que debía talarse para abrir los caminos de acceso y las líneas eléctricas de evacuación de los aerogeneradores (hablamos de cientos de kilómetros). Más alarmante es que ese dato de superficie de la DIA estaba tomado del estudio de impacto ambiental de Forestalia. La DIA también ignoraba el informe del Departamento de Medio Natural del Gobierno de Aragón, que consideraba el proyecto como francamente perjudicial. Seguramente la decisión del Supremo sea la mar de jurisprudente, pero de cara a la protección del medioambiente es lamentable.

Hay otro dato que debe ser considerado: el testaferro. Según las noticias publicadas esta semana acerca de la relación entre Forestalia y la trama Cerdán, un tal Eduardo Pérez ejercía este papel. Hoy resulta que es el apoderado único de las plantas fotovoltaicas Masía I y II, las que en el proyecto de Forestalia iban a generar la electricidad gratis a los pueblos afectados por el Clúster del Maestrazgo. Una broma pesada entonces, qué decir de hoy. También figura como administrador de más de 30 proyectos desarrollados por Forestalia y relacionado con otros que ya se han traspasado o vendido.

La UCO ha registrado la sede de Forestalia y ha realizado detenciones el día en el que este artículo se está escribiendo. Pensábamos concluirlo con una invocación, algo como que «ojalá no tengan que arrepentirse sus señorías del auto desestimando las medidas cautelares por los efectos que puede causar al medio natural». Ahora, más bien, queremos lanzar una segunda pregunta, ¿por qué en lo que toca al medioambiente el sistema judicial ignora por costumbre el humo, las llamas y las llamadas de auxilio? Afortunadamente aún hay tiempo para que sus señorías salven el Maestrazgo.

Javier Oquendo e Ivo Inigo

Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel

Pacto de podredumbre

Jorge Azcón ha afirmado recientemente sobre las pesquisas de la UCO en Forestalia que «es una investigación por la tramitación hecha en el Ministerio no en la consejería» y que «si hubiese irregularidades o si la Guardia Civil viniese a la comunidad, colaboraríamos para que se esclareciesen los delitos». Si es un reto, que lo dé por perdido. Si pretende jugar al despiste, es un pésimo jugador: uno de los principales indicios son los informes contradictorios e injustificados que llegaban al MITECO desde el gobierno aragonés.

Dosieres aparte, el INAGA gestionó numerosos proyectos de Forestalia en Aragón, trámites que contienen tantos elementos sospechosos como las declaraciones de impacto ambiental competencia del MITECO y que han merecido la atención de la UCO, dado que, parece ser, fueron realizadas por la propia empresa. Hace un par de años, justo en la anterior campaña electoral, la prensa denunciaba algo como lo que ha saltado a los titulares estos días: evaluaciones ambientales «externalizadas» desde el INAGA a consultoras relacionadas con Forestalia. Hablemos de uno de los casos sobre los que Azcón debería dar explicaciones, pues no solo existe el caso del Cluster Maestrazgo.

Majalinos es una sierra con un valor medioambiental altísimo a pesar del incendio que sufrió en 2009 y del que se va recuperando. También es el emplazamiento de un macroproyecto eólico de Forestalia, compuesto por cinco centrales cuyo estudio se fragmentó de forma ilegítima en otras tantas evaluaciones ambientales competencia del INAGA. Que se trata de un único proyecto es tan evidente que los aerogeneradores de unos parques se intercalan con los de otros. De hecho, durante la tramitación hubo un intercambio de aerogeneradores entre centrales supuestamente independientes. A la administración aragonesa esos detalles no le llamaron la atención.

Otro aspecto que no se le pasó por alto a nadie, excepto al INAGA en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), es que tres aerogeneradores se sitúan enfrente de uno de los emblemas geológicos y paisajísticos de Aragón: los Órganos de Montoro, espacio protegido con la categoría de Monumento Natural. Son máquinas de 200 metros de altura, no hay dios ni medida correctora que disimule el equivalente a tres rascacielos de 60 pisos emplazados en una cima. Los ayuntamientos de varios de los municipios afectados han manifestado que no quieren esas centrales, pues afectan a un enclave muy querido.

El expediente de este macroproyecto esconde otros cadáveres en el armario. Por ejemplo, el informe negativo del Servicio Provincial de Industria de Teruel. En 63 folios expone con detalle las causas y razones para esa calificación. Este documento no es determinante, pero la autorización del Departamento de Industria oculta la calificación negativa del Servicio Provincial y, además, no motiva las razones por las que se separa de la misma, cuando esta discrepancia exige una motivación reforzada en la resolución. Por cierto, señor Azcón, esto sucedió en 2024. ¿Le ha comentado algo al respecto su directora general, la señora Yolanda Vallés?

Las fantasías administrativas del gobierno de Azcón con estas centrales no acaban ahí. En octubre de 2023 el BOA publicó la modificación radical de uno de los proyectos, pero convalidándole la DIA obtenida meses antes. En julio de este año se repitió el esquema con otro de los parques, en teoría una reforma para cumplir con los requisitos de su DIA. Sin embargo, los cambios eran sustanciales y obligaban a una nueva evaluación ambiental (por ese motivo se sacaban a información pública). La realidad es que no había ningún tipo de estudio de impacto ambiental ni por supuesto se evaluó. Es todo tan inexplicable que, visto el interés de la UCO por Forestalia, nos podemos imaginar qué significa.

Las sospechas de corrupción en torno a Forestalia emergieron en la anterior campaña electoral. La diferencia con lo que ocurre hoy es que no pasaron de los medios de comunicación porque la UCO aún no se había manifestado. Azcón tuvo la oportunidad de cortar por lo sano en la comisión de investigación que organizó y en la que estos asuntos salieron a la luz, pero no lo hizo. Optó por el pacto de sangre con su antecesor en el Pignatelli y con el amo de la empresa madrileña Forestalia. Habrá quien diga que es propio de estadistas, pero la verdad es que la podredumbre de la época de Lambán se proyecta sobre su gobierno y ahora no es tiempo de personarse en causas, sino de aclarar todas las presuntas irregularidades del INAGA y de la Dirección General de Energía y Minas.