Hace tiempo que se habla de forma recurrente sobre transparencia, participación e implicación de la ciudadanía y democratización de los trámites administrativos. Esta música suena bien y se ha legislado para hacerla realidad. Leyes como la de evaluación ambiental, la del sector eléctrico y, sobre todo, la de participación ciudadana, tratan de garantizar los artículos 23 y 105 de la Constitución sobre el derecho de las personas a participar en los asuntos públicos y en la elaboración de normas, y a acceder a los documentos de las Administraciones Públicas, además de trasponer tratados internacionales y algunas directivas europeas.
Sin embargo, no hay legislación que haya doblegado un vicio ancestral de la burocracia española, el silencio administrativo, que consiste en no darse por aludido porque no se quiere, porque no se tienen argumentos o porque se está saturado de trabajo. Luego, cuando se dan, hay respuestas con trampa, como contestar que el asunto por el que se pregunta no es competencia del órgano interpelado. Claro está, esa solicitud debería ser automáticamente redirigida a la entidad competente, pero sería garantizar demasiado los derechos de la ciudadanía, por lo que no es una práctica habitual.
Todas estas afirmaciones no son fruto de una situación puntual, sino que responden a una constante. La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel ha presentado más de 40 solicitudes de información sobre distintos proyectos renovables en la provincia de Teruel a las administraciones locales, autonómicas y nacionales con el objetivo de conseguir la mejor evaluación ambiental y una implantación respetuosa con la economía, la sociedad y el medioambiente del territorio. Solo en cuatro ocasiones hemos recibido contestación, siempre evasivas o desviándose a cuestiones no planteadas.
Un caso especial por su gravedad dentro de nuestra experiencia es el del Clúster del Maestrazgo. Paisajes de Teruel ha solicitado información sobre alegaciones, recursos de alzada sin resolver y sobre la suspensión de procedimientos y autorizaciones. En ningún caso se nos ha atendido. Sin embargo, lo más llamativo ha sido lo relativo a quiénes participaron en la evaluación ambiental. Hemos pedido conocer qué funcionarios intervinieron en la redacción de la Declaración de Impacto Ambiental. Esta petición está legalmente reconocida a la ciudadanía, que, como administrada, tiene derecho a saber quién le administra. Se nos contestó en una ocasión de forma evasiva, ante lo cual hemos repreguntado en seis ocasiones. Tras varios meses…, silencio administrativo.
Háganse cargo, responder a esta cuestión es tan fácil como abrir un listado, leer asignaciones de trabajo, copiarlas y pegarlas en un mail. Es un silencio tan espeso e injustificable que, en nuestra opinión, y junto con otros indicios, solo puede ocultar una cosa: no hubo funcionarios a cargo de la Declaración de Impacto Ambiental del Clúster del Maestrazgo. Claro, que eso sería, presuntamente, un delito por parte de la dirección de evaluación ambiental del MITERD, llegando por mera lógica la responsabilidad in vigilando hasta su cúspide: la entonces ministra Teresa Ribera, actual comisaria europea.
El silencio administrativo demuestra, en el mejor de los casos, falta de criterio, cosa harto extraña dado el valor de los funcionarios y su preparación. En el peor de los escenarios apunta sospechosamente, como en el Clúster del Maestrazgo, a encubrimiento, favorecimiento de intereses ilegítimos e, incluso, prevaricación en los procedimientos administrativos.
Ivo Inigo y Javier Oquendo
Colectivo Sollavientos y Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel
