Cronología de los hechos. Primero, el 24 de febrero el director de CIP en España (Copenhagen Infrastructure Partners), corporación promotora del Clúster del Maestrazgo, visitó las comarcas del Maestrazgo y Els Ports. Segundo, ese mismo día varios medios de la Comunidad Valenciana y de Aragón publicaron la noticia sobre un convenio firmado entre el municipio de Portell de Morella y CIP que permitirá «acceder a nuevos servicios de atención sanitaria». Tercero, el 25 de febrero varias cabeceras aragonesas se hacen eco de la iniciativa de Viento Alto (asociación que reúne a los alcaldes de los municipios turolenses en los que se instalarán los aerogeneradores y líneas de alta tensión del Clúster del Maestrazgo) de exigir una reunión con la ministra Aagesen para pedir el desbloqueo del proyecto porque su ejecución conllevará «medidas directas y ayudas para la tercera edad, jóvenes, nacimientos, acceso a la vivienda o fomento del emprendimiento».
Esta secuencia resulta transparente. En primer lugar, permite confirmar quién es el director en la orquesta de los alcaldes de Viento Alto y el código postal en el que se escriben las partituras que interpretan: el del Paseo de la Castellana de Madrid, donde tiene su sede CIP. En segundo lugar, pone de manifiesto lo que ya hemos expuesto anteriormente: la única fortaleza de proyectos como el Clúster del Maestrazgo es la ignominiosa indigencia en la que el Estado español mantiene sometidos a los pequeños municipios, que en muchas ocasiones no les queda otra opción que hacer suyas meras promesas de un futuro mejor a costa de expoliar el territorio. Cuestión diferente es que esas promesas se traduzcan en hechos, medias verdades o en mentiras, como la de la luz gratis que se iba a suministrar a los municipios afectados. Juzguen ustedes mismos.
Mediante el convenio que han firmado CIP y el ayuntamiento de Portell los vecinos podrán acceder a tratamientos en patologías del pie y a entrenamientos de fuerza. Nos confirman desde Els Ports que ese servicio ya existe. Es un programa de la Generalitat Valenciana que los consistorios deben solicitar, cosa que no hizo el de Portell. Dentro de la escasa información concreta de las noticias, debemos suponer que la chequera de CIP cubrirá en este pueblo alguna cantidad de algo que, en todo caso, debería ser financiado por los poderes públicos. Es una iniciativa que coincide con el planteamiento de Viento Alto: fiar políticas asistenciales a corporaciones privadas debido a la paulatina inhibición de las Administraciones Públicas a la hora de garantizar los derechos esenciales en el medio rural. Prestar tratamientos sanitarios a cambio de que una empresa pueda expoliar el territorio es la ley de la jungla y el final de cualquier motivo que justifique la existencia de las Administraciones que lo consienten y alientan.
Aguardamos con expectación lo que pueda decir una ministra socialista a propósito de este modelo de «vasallaje corporativo» expresado a través de Viento Alto. No obstante, resulta más que dudoso que la intención real de la «espectacular» estrategia comunicativa de CIP sea alardear de promesas. Creemos que lo que el promotor pretendía era controlar un relato que se le está yendo de las manos a causa de las noticias que exponen que Forestalia, a quien CIP le compró el proyecto, obtuvo la autorización ambiental del Clúster del Maestrazgo de manera corrupta. Así, tanto las noticias del día 24 como las del día 25 se extienden tanto o más en afirmar que el proyecto cuenta con una declaración ambiental favorable y que «ha superado todos los trámites judiciales requeridos».
La realidad es que lo único que han decidido los juzgados es no conceder las medidas cautelarísimas y cautelares en uno de los cinco contenciosos-administrativos que están en marcha, pero que aún pueden ser aceptadas al haberse recurrido la desestimación. Por otra parte, existen cuatro denuncias penales sobre este proyecto, de las que tres han sido admitidas a trámite y una está pendiente de admisión. Estas querellas no han tenido ninguna resolución en contra. En cambio, sí hay una instrucción en marcha a causa de la presunta corrupción en la evaluación ambiental del Cluster del Maestrazgo. Esta investigación puede acabar dejando en papel mojado unos convenios arrancados a golpe de promesas, como la del supuesto abono de alguna cantidad de determinados tratamientos en Portell.
Sería deseable saber qué hay realmente detrás de todos estos acuerdos que parecen pretender sustituir la prestación pública de servicios esenciales y convertir a nuestros pueblos en el salvaje oeste, eso sí, con el saloon amenizado por una orquesta de cámara ciegamente leal al sheriff corporativo. Por el momento, son la excusa para colar en la opinión pública argumentarios de empresa y abusar de la buena voluntad de las gentes de los pueblos del Maestrazgo y Els Ports.
Ivo Inigo y Javier Oquendo
Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel
