jueves, 29 de agosto de 2013

PATRIMONIO CULTURAL E HIDROLÓGICO



Julia Escorihuela* y Silvia Pérez-Domingo*


Hace 98 años en Miravete de la Sierra (Teruel) hubo una gran avenida del río Guadalope que inundó huertas hasta el punto de hacerlas desaparecer. Se cuenta la anécdota de que los fajos de trigo quedaron colgados en los chopos cabeceros en alturas de entre 3 y 7 metros. Si se cumplen las tradiciones populares sobre los 100 años de retorno que presentan las grandes crecidas de los ríos en la zona, estaríamos ante un próximo episodio de inundaciones.
Durante siglos las riberas del río Guadalope se han gestionado mediante plantaciones de chopos cabeceros intercalados con zarzas y espinos, para mantener el cauce y el funcionamiento adecuado del ecosistema fluvial. En las últimas décadas se hizo una actuación inadecuada de reforestación en los márgenes del rio, mediante la introducción del  híbrido chopo canadiense en lugar del chopo cabecero, acompañándolo con sargas. La consecuencia  ha sido la pérdida de la morfodinámica propia de un río aluvial, debido a la obstrucción del cauce inducida por el crecimiento descontrolado de las sargas, y la caída de los chopos canadienses, cuyo sistema radicular no puede ser comparado con la extensión de las robustas raíces de los centenarios chopos cabeceros.
En la actualidad, muchos ríos de la Península Ibérica o se han dejado de gestionar, o se han gestionado inadecuadamente tras el éxodo rural y el olvido del manejo de este patrimonio hidrológico y cultural. A este proceso de olvido le siguen más de tres décadas consecutivas de aumento de sequía, en la que han desaparecido gran porcentaje de fuentes, emanación de aguas en barrancos y arroyos, y los ríos han disminuido de caudal y torrencialidad. Con ello, se ha ayudado al fomento de las creencias de la innecesaridad de prevención del riesgo y un aumento de la urbanización en zonas inadecuadas durante las épocas de bonanza económica.
Según el reglamento que regula de Dominio Público Hidráulico (RDPH, artículo 14) en los ríos y sus márgenes, se define como zonas inundables todas aquellas que fuesen alcanzadas por avenidas de 500 años de periodo de retorno. A esta normativa se le suma la propia Ley del Suelo (artículo 12) que considera a las zonas con riesgo de inundación como suelo rural. De esta forma, las regulaciones sobre el cauce de un río -que es el terreno cubierto por las máximas crecidas ordinarias anuales (artículo 4 del RD 9/2008)-  quedan ampliadas a las zonas inundables por crecidas de mayor periodo de retorno.
Al reducir estos espacios de riberas y márgenes en los planes urbanísticos bajo el desconocimiento de los periodos de recurrencia cíclicos en los ríos, se está aumentando los riesgos derivados de las inundaciones, puesto que a mayor cercanía al cauce en determinadas zonas, mayor afección ante menor crecida –y por tanto más frecuente-. De esta forma, zonas consideradas hace años como “zonas de riesgo alto ocasional” sólo afectadas por avenidas de 500 años de periodo de recurrencia, podrían haber pasado a “zonas de riesgo alto frecuente”  afectadas por avenidas de 50 años de periodo de retorno.
Ahora que el daño está hecho, y hemos aumentado el riesgo de nuestras poblaciones debido al desconocimiento y desinformación sobre el manejo del territorio; o bien consideramos el dar un paso atrás en el terreno para dar un paso adelante hacia la correcta gestión del patrimonio cultural e hidrológico de cauces y riberas, o de lo contrario, ya se puede ir dotando los planes de evacuación y protección civil de adaptaciones al cambio actual de los usos del suelo. Puesto que nuestros usos han cambiado destruyendo el ecosistema de ribera, pero la naturaleza y fuerza de los sistemas fluviales no.



*Colectivo Sollavientos

domingo, 25 de agosto de 2013

LA LAGUNA DEL CAÑIZAR



Las Tablas de Damiel en Junio del 2013



La recuperación del Parque Nacional de  las Tablas de Daimiel  no solamente ha repercutido positivamente en el sentir de la opinión pública sensibilizada con la conservación  y el turismo ornitológico, sino también en la propia población local que temía perder una de sus señas de identidad. Una climatología adversa,  una sobreexplotación del  acuífero de La Mancha y su contaminación  por las  aguas residuales de los  municipios ribereños,   han tenido un especial protagonismo en el alarmante deterioro de este ecosistema, que ha estado a punto de perder la clasificación de Reserva de la Biosfera, otorgada por  la  UNESCO  en 1981.
Afortunadamente  la comarca del Campo de Calatrava, donde se ubican las Tablas de Daimiel,  tiene  una nueva oportunidad,  en la que  ha desempeñado una papel muy importante la administración de Parques Nacionales,  para reconsiderar el tratamiento que las actividades humanas deben dar a su entorno. 
Dicha administración, aun cuando veía desaparecer el agua del humedal, ha seguido desarrollando actuaciones tendentes a preparar el terreno para que, cuando llegaran condiciones climáticas favorables, como las habidas en los últimos dos años, pudiera regenerarse hasta los niveles actuales.
Que nadie piense que con estas condiciones el dinero fluye en esta comarca. Conviven jornaleros, trabajadores y empresarios del sector agrícola, también del sector servicios, especialmente del turismo (alojamientos hoteleros y rurales, restaurantes y empresas de guías turísticos). Tampoco el dinero público corre con alegría en la recuperación de  su rico patrimonio cultural. Pero la impresión, al visitar estos pueblos de La Mancha es  que  se encuentran inmersos en un proceso de adaptación a los nuevos tiempos,  en los que ningún recurso sobra para desarrollar una  economía que los sustente.
Tengo la sensación de que  las tensiones entre unos y otros no han desaparecido en  la convivencia diaria. Mirando hacia las tierras de cultivo,  observamos  una  apuesta por la  agricultura  intensiva que requiere gran cantidad  agua, pero me parece que han encontrado cauces para generar consenso, acercando   posturas entre aquellos sectores que  en otros momentos han sido los únicos protagonistas en  la toma de decisiones, y los emergentes,   como son los pertenecientes al sector servicios, en claro proceso de crecimiento. Todo cambio requiere un período de transición no exento  de conflicto, como los que debieron surgir hace doscientos  años cuando se gestó la transición desde  una economía ganadera a una agricultura intensiva en torno al cereal y la vid, o mucho más atrás,  cuando sociedades cazadoras-recolectoras vieron amenazado su espacio por los cambios que generaba la irrupción  del Neolítico, estableciendo comunidades sedentarias, así como el derecho a la propiedad privada. El consenso no debe implicar que las diferencias desaparezcan, sino que supone  un común acuerdo por  trabajar unidos en el interés general.
Enlazo estas reflexiones con el problema actual que, en la Comarca de la Comunidad de Teruel, se vive con la recuperación de  la Laguna del Cañizar.
La  situación inicial legal de este espacio no podemos centrarla en el momento de su desecación, hace  más de dos siglos.  Y al plantearnos su futuro y el de las poblaciones  humanas donde se localiza,  es importante poner sobre la mesa de trabajo,  con criterios objetivos, las circunstancias actuales en cuanto a  legislación, sensibilidad social y posibilidades de desarrollo para una sociedad inmersa en el mercado global. Las ordenanzas de riego apenas  regulan unos turnos, sin que en ningún momento cuantifiquen el volumen de agua del que se dispone, dato imprescindible para hacer una gestión no sólo con garantías ecológicas, si no también para definir el número de hectáreas  que pueden llegar a regarse, sin olvidar concretar  en qué productos competitivos deben orientarse las labores del campo.
 La legislación actual  europea apuesta claramente por la necesidad de conservar los espacios naturales. Incluso nuestra  Constitución, que  se promulgó  en momentos no muy proclives a una sensibilidad por el medio ambiente, insta a que los poderes públicos velen  no solo por el bienestar de la población con su desarrollo socio-económico, sino  también a la responsabilidad que tienen de   conservación de los valores naturales del territorio.
Aunque es deseable que sea desde lo local  donde surja el interés por la recuperación de uno de los humedales que la Península Ibérica no puede permitirse perder, la obstinación de ciertos sectores por bloquearlo no debe paralizar las directrices marcadas desde la Unión Europea y ratificadas por el estado español. Éstas apuestan por un modelo de desarrollo sostenible en el tiempo,  donde  converjan la necesidad de  mejorar las condiciones de vida de la población, dotándola de herramientas para desarrollar economías que les proporcionen  recursos para vivir,  en convivencia con elementos naturales. Los valores y servicios ambientales no solo son  indicadores de  la voluntad por conservar el entorno y la biodiversidad, por lo que significan de respeto a la vida, sino que cubren esa necesidad  ciudadana  de disponer de ellos para  enriquecer  su calidad de vida, en primer lugar la de los que viven en estos pueblos, en cuanto que son espacios libres donde acercarnos a la naturaleza y en cuanto que nos ofrecen servicios imprescindibles para nuestra vida, que sólo la naturaleza puede darnos.
Sin duda,  en el proceso seguido en los últimos  años  para volver a inundar estas tierras con vocación natural de humedal,  las cosas se podrían haber hecho de otra manera, y aún estamos a tiempo para rectificar. La  Ley lo es para todos y toda actuación debe velar por la transparencia y la legalidad.
Por otra parte, el  proyecto, que ya ha recibido un reconocimiento del Gobierno de Aragón otorgándole el Premio de Medio Ambiente del año 2012,  puede seguir adelante como iniciativa de una fundación, que aunque con patrones públicos,  no deja de ser privada, o como una iniciativa tutelada por la administración pública. En  este segundo caso puede ser asumida  por el Gobierno de Aragón o por el gobierno estatal en sus respectivas competencias en los  espacios protegidos y en la gestión de las cuencas hidrográficas. Cualquiera  de las dos fórmulas es válida y en el territorio nacional pueden localizarse experiencias en uno u otro sentido.

Ángel Marco

Miembro de Ecologistas en Acción

domingo, 18 de agosto de 2013

Ríos, cauces y avenidas: ¿es posible la prevención?


Fermín Villarroya, Alejandro J. Pérez Cueva y José Luis Simón*



Los lamentables hechos acaecidos recientemente en Oliete y La Hoz de la Vieja, con la desgraciada pérdida de una vida humana, además de importantes daños materiales, nos hacen de nuevo mirar a la naturaleza y preguntarnos si es posible evitar estas catástrofes. Para ello hay que precisar algunos conceptos básicos. El cauce de un río o arroyo es el terreno por donde pasa o puede pasar agua. En climas húmedos ese cauce tiene siempre una corriente, pero en climas secos puede no ser así. Por lo tanto, un cauce es una porción de terreno y no necesariamente un curso de agua. Por ley, los cauces son de dominio público y su gestor es el Estado, que ejerce su administración por medio de los Organismos de Cuenca (Confederaciones Hidrográficas para cuencas intercomunitarias y Agencias del Agua o similares en cuencas intracomunitarias).
El reglamento de la Ley de Aguas viene a decir que el tiempo de retorno asociado a un cauce es de 10 años. Es decir, estadísticamente, como mínimo una vez cada 10 años el cauce  lleva agua. Lo que ocurre en un clima mediterráneo es que hay lluvias torrenciales con periodos de retorno mayores (cientos de años en ocasiones), y la ciudadanía no guarda memoria histórica del peligro de inundación que suponen el asentamiento en los cauces y llanuras de inundación aledañas. Pero el agua sí guarda memoria, y de vez en cuando toma sus escrituras de pertenencia y alega sus derechos de inundar. Así lo hizo en agosto de 1996 en el Camping “Las Nieves” de Biescas, ubicado en el cono de deyección de un torrente. Hay poblaciones enteras en España asentadas igual e inadecuadamente en conos de deyección.
Toda corriente necesita un cauce, lecho y llanura de inundación donde poner en juego su balance energético, removiendo los materiales en unos casos y depositándolos en otros. El ser humano ha de respetar los espacios y plazos de tiempo que se toma el río. La predicción a corto plazo de su funcionamiento ante unas tormentas súbitas es muy difícil. Más asequibles son las medidas preventivas, que son fáciles de implementar. Por un lado, medidas no estructurales, como la ordenación de usos del suelo en los cauces, donde no está permitida ninguna edificación habitable: los planes de urbanismo deben tener en cuenta las zonas propensas a inundación. En algunos países obligan, en zonas inundables con periodos de retorno de 50 años (en donde se permite la construcción), a que las casas dispongan de un primer piso elevado, fuera del alcance de la inundación. Es necesario que existan bosques-galería y llanuras de inundación vírgenes donde se disipe energía y se filtre agua a los acuíferos, amortiguando los efectos de la avenida aguas abajo. Y también es preciso que los cauces se mantengan limpios de escombros y vertidos a fin de facilitar la escorrentía, especialmente al paso de pueblos y ciudades y en lugares estratégicos, como puentes y estrechamientos. Otras medidas de carácter estructural (embalses para laminar avenidas, canalizaciones, encauzamientos, escarificación del lecho para favorecer la infiltración, construcción de malecones, gaviones…), en la medida en que suponen una desnaturalización del río, deberían reservarse sólo para casos excepcionales.

La administración tiene una tarea importante que cumplir, evitando desde el inicio asentamientos ilegales en los cauces y ejerciendo su autoridad para hacer cumplir la ley. En muchas ocasiones no podemos actuar con carácter retroactivo: las poblaciones y edificios están donde están y no es posible su reubicación, pero hechos lamentables como los ocurridos recientemente deberían sensibilizarnos a todos (cada uno a su nivel y según su responsabilidad). Actualmente tenemos más herramientas y conocimientos para evitar las zonas de riesgo, por mucho que no haya memoria histórica de avenidas recientes y por mucho que el topónimo “Río Seco” sea tan abundante en España y, en particular, en Teruel. 


*Miembros del Colectivo Sollavientos.

miércoles, 14 de agosto de 2013

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN OTUS Y LA LAGUNA DEL CAÑIZAR





Hace ya 271 años de la Promulgación de las “Reales Ordenanzas y Providencias (…) del rio Cella (…) [i] otorgadas por el Rey Fernando VI (1713-1759), por las que se establecían las normas de riego y uso de las aguas que afloraban en Cella para los siete municipios del "Alto Jiloca" (Cella, Santa Eulalia, Villarquemado, Torremocha, Torrelacárcel, Alba y Villafranca del Campo), unos pueblos que andaban enfrentados entre sí por el tema del agua, hecho del que tenemos constancia a través de diferentes pleitos y litigios documentados en los años 1750 o 1753, entre otros[ii].

Estas normas tenían el fin por una parte, de producir más alimento (en aquellos años de hambrunas), pacificando los ánimos de enfrentamiento entre municipios, y por otra la de desecar la Laguna del Cañizar, para evitar lo descrito en las Reales Ordenanzas como "corrupción del Ayre que tanto daña la salud de los habitantes circunvezinos" y que a la sazón resulta ser un sinónimo del vocablo italiano "mal ayre" o malaria (paludismo). Una enfermedad cuya vía de transmisión a través de mosquitos no fue descubierta hasta 1898, y que en la época de las citadas Ordenanzas se atribuía a los malos aires u olores provenientes de zonas pantanosas.

A pesar de aquel gran avance científico, todavía queda actualmente en la mente de muchos vecinos de municipios ribereños de humedales mediterráneos, la falsa creencia (transmitida generación tras generación) de lo perjudicial de esos malos aires. En nuestra zona, incluso hay quien define despectivamente los humedales como charcas o "cenagos”, fuentes de enfermedad y focos de mosquitos, infecciones y enfermedades, tanto para el ganado como para las personas.

A consecuencia del paludismo y por diversos proyectos agrícolas, durante todo el siglo XIX y hasta mitad del XX, muchos humedales de toda España fueron desecados, incluso la cercana laguna de Gallocanta sufrió la amenaza de su posible drenaje hasta hace solamente 40 años. La intervención de los primeros "naturalistas" españoles, encabezados por Félix Rodríguez de la Fuente y Adolfo Aragüés, evitaron la desecación de la misma, siendo en la actualidad uno de los espacios naturales más conocidos y visitados de todo Aragón.

En 1964 se declaró España "libre de paludismo" y con el país industrializado e integrado en 1986 en la Unión Europea, muchos antiguos planteamientos agrícola-ganaderos son modificados por la Política Agraria Comunitaria (PAC) y se apuesta por nuevos modelos más respetuosos con el medio ambiente y sus recursos. Estos modelos son reclamados por la ciudadanía europea, que es quien pone los fondos, exigiendo la recuperación de espacios naturales perdidos para su ocio, disfrute y mejora de la calidad de vida. Para ello, se crearon diferentes tipos de ayudas y subvenciones que compensan las posibles pérdidas económicas a la población local, para poder competir en igualdad con aquellos que no tienen limitaciones, y para desarrollar una agricultura y una ganadería comprometidas con el medio ambiente. Estas ayudas siempre son proporcionales al respeto ambiental: debe cobrar más, quien más cuida, y así lo debemos exigir la ciudadanía.

La recuperación del Cañizar ha permitido rescatar un tesoro natural que teníamos perdido, con más de doscientas especies de aves distintas descritas en tan solo cinco años, muchas de ellas con la categoría de especies amenazadas e incluso dos de ellas en peligro de extinción, con una flora y fauna diversa que sorprende no solo a científicos y universidades, sino también al visitante no especializado. No se puede permitir que se vuelva a desecar la laguna como está ocurriendo en la actualidad, ya que, aunque se pudiese volver a recuperar este tesoro, quizás en una futura nueva recuperación nos falten ya muchos elementos de su biodiversidad.

Los diversos factores (algunos de ellos con causas de origen natural) que  han conllevado su progresiva desecación, así como la irresponsabilidad de los que la han permitido, vulnerando directivas y normas europeas de conservación de especies así como leyes estatales y decretos autonómicos, no pueden continuar. Hay que buscar soluciones urgentes. Y una de ellas pasa precisamente por tratar de formar un equipo multidisciplinar para investigar y conocer cómo debe gestionarse el agua y los ciclos naturales de esta laguna, teniendo una garantía de que la regulación del agua y el funcionamiento de la laguna del Cañizar, se ajustará a los ciclos naturales lo máximo posible.

Nos encontramos en una situación similar a la de 1742 con pleitos y demandas, pero por motivos completamente diferentes, porque el paludismo ya se erradicó y la agricultura y la ganadería han evolucionado mucho desde entonces, permitiendo obtener beneficios no solo por parámetros productivos, sino también compensatorios, que deben ser utilizados para que no existan perjudicados. Nadie debería preocuparse por un posible "cambio de vida", más bien al contrario habría que pensar que se abren nuevas posibilidades para quien sí que apuesta por el cambio.

Continuar por el camino de pleitos y juzgados, bien por parte de la "Plataforma Antilaguna", las Juntas de regantes, la administración o las organizaciones que nos sentimos afectadas por la pérdida de valores naturales, perjudicará a todos, siendo la naturaleza y el legado que dejaremos a nuestros hijos los que más perderán. No podemos permitirlo.

Sólo queda un camino y es el consenso, un consenso que permita la recuperación definitiva del Cañizar. Hay que escuchar a la población local que se siente afectada, que exponga sus intereses genuinos, y estimular a quien administra y gestiona, a quien “puede hacer”, para que dé solución a los posibles problemas de esa sociedad demandante que, en último término, debe sentirse orgullosa de su recuperación, siendo siempre partícipe de la misma y del futuro de la laguna.

Al rey de las Reales Ordenanzas, Fernando VI, se le conoció como Fernando "El justo" y también "El prudente”. Desde Ecologistas en Acción-OTUS, esperamos que todas las partes implicadas también lo seamos, y tomemos conciencia de la importancia que los recursos naturales tienen para nuestro desarrollo social y económico, y para nuestro bienestar y el de las generaciones venideras. Porque lo importante, siempre, es el interés y el bien general, el de todos. Nuestra asociación, Ecologistas en Acción Otus, va a trabajar en este sentido, y para ello estamos redactando un manifiesto en apoyo de la conservación de la laguna del Cañizar, que esperamos hacer público en las próximas semanas.    



En Teruel, a 31 de julio de 2013,

Francisco Javier Martín Gómez
Secretario de Ecologistas en Acción OTUS
(DNI 18418128G)



[i]Las “Reales ordenanzas y providencias dadas por Su Magestad y su Real Consejo a los siete pueblos del río Cella, para el buen govierno, distribución de sus aguas, limpias y conservación de sus obras, etc.,” fueron aprobadas el 3 de agosto de 1742. Por si alguien quiere consultarlas, existe una edición publicada en Zaragoza, en 1787, por Juan Ibáñez y una reedición de 1925 (publicada a instancias de la Junta Local de Aguas de Cella), a la que se añadieron los textos de una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Teruel, de 16 de mayo de 1879, y un Real Decreto de Alfonso XII, de 1880, refrendado por el Consejo de Ministros de 2 de junio de 1880,  publicado por la imprenta turolense de Arsenio Perruca, en 1925.

[ii] José Ignacio Gómez Zorraquino (2001), “Aportación al estudio del regadío en los siete pueblos del río Cella (S. XVIII)”, Revista Xiloca, nº 27. Centro de Estudios del Jiloca. 




Artículo de opinión remitido por ECOLOGISTAS EN ACCION-OTUS

sábado, 10 de agosto de 2013

¿Un Maestrazgo fracturado?








Olga Estrada Clavería*


Austero, silencioso, impenetrable,... Una hermosa tierra donde acudir cuando se trata de perderse.

Malos tiempos para los territorios vírgenes, malos tiempos para las tierras calladas. Malos tiempos  para los resistentes.

No hay rincón ni fresco río donde no llegue el ruido global, zafio y desconsiderado que  tañe y entona cantos de sirena.

¿Seguiremos alimentando un futuro cada vez más enredado y oscuro, más dependiente y alejado de la alegría del buen vivir, más incierto, menos seguro?

Malos tiempos para los que piensan, responden y ponen en tela de juicio todo el artefacto programado.

Malos tiempos también para los que deberían detener la insensatez y no lo hacen por seguir creyendo en un Dios omnipotente, desarrollista, esquilmador de recursos, de bienes y valores comunales. Sus ocultas palabras envuelven e inquietan la leve fragancia de lo  suficiente.

Malos tiempos para quien no ambiciona nada, nada que no sea su propio canto, su propia vida, su digna estela. Malos tiempos para pequeños tejedores y artesanos, malos tiempos para las tierras calladas.

La máquina imparable, codiciosa y ajena, ¿penetrará finalmente ansiosa y ávida de tesoros y secretos gestados tiempos ha? ¿Conseguirá el oro-gas, objetivo final desesperado de una cultura que arrasa, dejar tras de sí vertederos, desiertos,… la nada?



*Colectivo Sollavientos



lunes, 5 de agosto de 2013

LA LENGUA CATALANA, PATRIMONIO LINGÜÍSTICO, HISTÓRICO Y CULTURAL DE TERUEL






Gonzalo Tena Gómez*

Como todo el mundo sabe, la lengua inglesa es oficial en Nueva Zelanda. En aquel país, a nadie inquieta una hipotética invasión británica. El Reino Unido no  mantiene ningún interés colonial allí desde que, a principios del siglo XX, abandonara este territorio. Los habitantes de Nueva Zelanda no son ingleses. La lengua neozelandesa, como la estadounidense o la austríaca o la andaluza, no existe. A su parlamento no se le ha ocurrido despistar a los neozelandeses llamándole “Lengua Neozelandesa Propia de esta Parte del Pacífico” (LeNePaPa para acabar antes), o algo por el estilo, porque, llamarle inglés es la verdad, más económico de pronunciar y no hay problema en ello.
Cabría preguntarse qué intereses (¿o no hace falta?) han movido a las Cortes de Aragón a afrontar un ridículo mayúsculo cambiando la denominación  científica de la lengua que comparte con el castellano el territorio de “La Franja”. ¿Qué valoración real tienen los partidos mayoritarios aragoneses de esa lengua que han decidido nombrar perifrásticamente?  ¿Y de  la otra, la de las áreas pirenaicas? ¿Qué gramática ha de fijar la futura Academia de la Lengua Aragonesa para la nueva “Lengua Aragonesa propia del Área Oriental”?  ¿Serán efectivas las medidas recogidas en la “ Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón”? Es más, ¿quién va a contestar estas preguntas?
La comarca del Matarraña se ubica en el extremo nororiental del mapa de Teruel.  El conde de Barcelona y rey de Aragón,  Alfonso II el Casto, hijo de Ramón Berenguer IV, conquistó las tierras del Matarraña en 1169 y las repobló con gentes de Lleida, aunque esta área se incorporó al reino de Aragón.  Anteriormente, los condes de Barcelona y de Urgel habían conquistado las riberas del Noguera Ribagorzana y la zona de la Litera, y Ramón Berenguer IV había hecho lo propio con Lleida, Fraga y Mequinenza. Este sería, grosso modo, el origen histórico de la lengua en cuestión, cuyo nombre de catalana corroboran las universidades ligadas a la romanística en todo el mundo.
La experiencia en el País Valenciano nos dice que el azuzar el secesionismo lingüístico (considerar una lengua distinta de lo que es histórica y científicamente, diferenciándola con una ortografía caprichosa), por parte de algunos partidos políticos conservadores, comporta conflictividad social y, en definitiva,  perjuicio para una lengua que, por ley, se ha de preservar con todas sus formas genuinas. Sin menoscabo, por ejemplo, del derecho a expresarse  en el dialecto “fragatí” en el uso oral cotidiano.
La lengua catalana es un valioso patrimonio lingüístico y cultural vivo de la comarca turolense del Matarraña, como lo es de las comarcas de Ribagorza, La Litera y Bajo Cinca en Huesca y Zaragoza. Nuestros gobernantes y la ciudadanía deberíamos velar decididamente por su preservación y por su uso efectivo. En este orden de cosas, la opcionalidad del aprendizaje de esta lengua minoritaria en la escuela tampoco nos ofrece grandes garantías. ¿Qué pensaríamos si el castellano también fuera asignatura optativa?

* del Colectivo Sollavientos



domingo, 4 de agosto de 2013

LAS FUENTES Y MANANTIALES DE MONTEAGUDO DEL CASTILLO


La Asociación Cultural "Amigos de el Pairón" de Monteagudo del Castillo y  los vecinos del  pueblo que celebraban sus fiestas patronales, el domingo 3 de Agosto presentaron  en el Ayuntamiento de Monteagudo del Castillo el libro: "Las Fuentes y Manantiales de Monteagudo del Castillo".
Sus autores son Jose Luis Penalba Guillén y Alejandro J. Perez Cueva,  compañeros del Colectivo Sollavientos.
Su contenido no es solamente un  inventario de las fuentes y manantiales  del término municipal y una guía de rutas por estos lugares del término municipal de Monteagudo del Castillo.  Se trata de una exhaustiva descripción del medio físico de esta parte de la provincia de Teruel, que ha sido posible por la formación profesional de los autores y  por su compromiso personal  con estos pueblos  del Teruel interior, poniendo su saber al servicio de la divulgación y puesta en valor de los valores patrimoniales.


enlace a la noticía aparecida sobre este tema en el Diario de Teruel:

https://docs.google.com/file/d/0B8oFjdXsCIz5blpGNVRXVzhQbHc/edit?usp=sharing