jueves, 29 de febrero de 2024

¿TRANSICIÓN JUSTA PARA ANDORRA Y SU ENTORNO?

 

Cuando se escribe de algo lo primero que hay que aclarar es de qué asunto vamos a tratar, pues hay palabras que se manosean tanto que acaban perdiendo el significado y expresan poco o nada. Es lo que sucede con los conocidos como «proyectos de transición justa» en el municipio de Andorra y el Bajo Aragón histórico.

Se puede decir que algo es justo cuando es equitativo, razonable y sujeto a derecho. Por eso, una transición energética podría denominarse «justa» si sus efectos positivos y negativos se repartieran entre todos los implicados de forma equitativa. En Andorra existía una producción de electricidad basada en el carbón que generaba una actividad y unas afecciones en el territorio. Este modelo se abandonó para transitar hacia uno basado en energías renovables que siguiera garantizando ciertas condiciones. Sin embargo, en el caso de los proyectos que se están desarrollando en Andorra, se sigue produciendo para otros con contraprestaciones económicas, pero también con fuertes afecciones por la desmesurada cantidad de proyectos.

El término «razonable» es el más difícil de concretar, pues lo que para unos es muy lógico, paraotros no tiene ningún sentido. Por ello es aconsejable evaluar a la luz de los hechos, y lo que los datos muestran es que para un territorio que podría abastecerse con unos 40 Mw, hablando de todo el Bajo Aragón histórico, se van a instalar más de 5.000 Mw con una ocupación de 4.000 ha de placas fotovoltaicas, más el impacto de unos 130 aerogeneradores, todo ello con sus correspondientes líneas de alta tensión. Tampoco es muy razonable producir hidrógeno mediante electrolisis, un proceso en el que se pierde hasta el 80% de la energía invertida y que requiere de grandes cantidades de agua que no hay y con la que previsiblemente va a competir el regadío (podemos apostar, ¿quién va a influir más, los agricultores o las eléctricas?). Tampoco parece muy atinado generarlo en Andorra para transportarlo hasta Sagunto, cuando se trata de un gas muy volátil y corrosivo y, por tanto, sus infraestructuras de transporte tienen un elevado coste y riesgos de seguridad. ¿No sería más sencillo producirlo próximo al lugar de consumo?

Faltaría abordar el aspecto de «sujeto a derecho», lo que traducido quiere decir que sea legal.Seguramente la legalidad la cumplirán en cuanto a las declaraciones y resoluciones ambientales, pues normalmente se hacen a la medida de las empresas. También será legal masacrar todas las especies de aves que vuelan por el entorno, pues la suposición de la Administración es, como dijo un consejero, que «aprenderán a esquivar los molinos». También será legal de cara a los habitantes del territorio, que, a cambio de unas rentas, se verán rodeados por infraestructuras industriales en lo que eran paisajes cargados de valor medioambiental y cultural. Será legal porque las leyes del sector eléctrico son tantas y tan variadas que siempre hay donde escoger. En caso contrario, se modifica y todo arreglado.

Que la Ley y la legalidad no tienen por qué ser justas se demuestra en el caso que estamos exponiendo. Si será preocupante que, una de las resoluciones dictadas recientemente sobre una central en el entorno de Andorra, afirmaba que «debido a las crecientes solicitudes de implantación de parques fotovoltaicos en Aragón» y al impacto «permanente» que conllevaban, se debía «reflexionar sobre la creciente pérdida de recursos naturales (aguas, suelo, vegetación, fauna), naturalidad y del valor paisajístico del territorio». Por ello, «desde esta Dirección General» se deseaba «trasladar la preocupación sobre el futuro de estas comarcas y sobre cómo va a afectar el desarrollo de proyectos energéticos tanto en el ámbito socioeconómico como en el paisajístico de los municipios afectados». A la luz de los hechos, los gestores públicos y los ciudadanos del entorno de Andorra deberían estar más que preocupados, pues de los 1.100 Mw que producía la central térmica, se va a pasar a más de 5.000 Mw, con lo que supone de infraestructuras industriales: placas, aerogeneradores, líneas de alta tensión y subestaciones. Son 11 centrales fotovoltaicas que suman 550 Mw, más el proyecto del Nudo Mudejar, que comprende 7 centrales eólicas y 7 fotovoltaicas con una potencia de 1.800 Mw, junto con el proyecto Catalina (con otras sietecentrales eólicas y 7 fotovoltaicas), y todo esto en Andorra y los pueblos de alrededor, que en algunos casos ya tienen otros proyectos aparte.

Se puede decir, cargados de razones, que esto no es una transición justa, sino una invasión ydepredación del territorio amparándose en la necesidad de sustituir la central térmica, algocon lo que todo el mundo ha estado de acuerdo, pero no de esta forma y sin ningunaordenación ni control.

Javier Oquendo

Portavoz Plataforma a favor de los paisajes de Teruel y miembro del Colectivo Sollavientos.

lunes, 19 de febrero de 2024

MARÍA TERESA RIBERA SE VA DE COMPRAS

                                    Foto: El Periódico de España
 

La vicepresidenta tercera compareció el pasado martes 23 de enero en el Congreso de los Diputados. La intervención no tuvo un extraordinario seguimiento en la prensa y es una lástima en atención a sus repercusiones potenciales.

Uno de los escasos titulares ha sido el de que «próximamente» consultará a los principales actores del sector eléctrico para garantizar un despliegue de las energías renovables ordenado y justo. Es decir, la ministra reconoce que hasta ahora no ha sido ni lo uno ni lo otro (no podemos estar más de acuerdo) y que quiere llevar a cabo una política racional cuatro años después de que, por ejemplo, Paisajes de Teruel le advirtiera personalmente y por escrito del problema que se estaba generando. La respuesta fue tan evasiva como reveladora de lo que se avecinaba: un Ministerio al servicio de las compañías eléctricas y una María Teresa Ribera que ha eliminado las Evaluaciones de Impacto Ambiental para instalaciones de renovables fuera de la Red Natura 2000 (Real Decreto 20/2022).

Ante la magnitud y la velocidad del despliegue de macrocentrales en el medio rural es legítimo sospechar de las intenciones del proyecto. ¿Se pretende ordenar el sector después de años tirados a la basura? Más bien parece mero oportunismo si el proceso no se acompaña de una retirada de lo dispuesto en el Real Decreto citado y de una moratoria en el despliegue de macrocentrales en el medio rural, no así en entornos urbanos y degradados, y en iniciativas de autoconsumo y ahorro. Aducir que esta moratoria es inviable por lo apremiante de la situación es una excusa barata: la moratoria que exigimos no es total, ni en los ámbitos ni en la escala de su aplicación.

La declaración de la ministra verificó la nula novedad de lo propuesto. Ella misma se delató al silenciar las alternativas (priorizar instalaciones junto a los núcleos de consumo, así como la autoproducción y el ahorro) enfatizando la cuestión material: que los inversores, los financieros, las eléctricas y los promotores sean un poco menos egoístas. Este es el núcleo de una proposición envuelta en fantasías que parecen sacadas de los estudios de impacto ambiental de los conmilitones del Ministerio (la «aportación medioambiental de los proyectos» y los beneficios industriales entre las más floridas).

Sin duda alguna, el mínimo exigible en instalaciones de este tipo es una compensación justa por el daño causado, equidad que resulta inimaginable en España. En cualquier caso, lo que uno esperaría de una ministra socialista es una política que no matara a los pequeños ayuntamientos por inanición, iniciativas que aseguraran una financiación digna de ese nombre permitiéndoles sobrevivir sin tener que recurrir a inversiones que se plantean como un chantaje: toma este dinero para pagarte servicios o perecerás. Los servicios esenciales, los que atienden a la consecución de los Derechos Humanos, no son una opción que dependa de aceptar una inversión, sino una obligación de los poderes públicos.

Sin embargo, desde un punto de vista medioambiental, esa no es la cuestión, y menos en un Ministerio que debe velar por la protección del patrimonio natural y de la biodiversidad. Es decir, María Teresa Ribera tiene el mandato de proteger unos bienes cuyos servicios ecosistémicos (generación de agua, formación de suelo, regulación del clima, polinización, etc.) son imprescindibles en la lucha contra el calentamiento global e indisociables de las políticas de descarbonización. Así las cosas, ¿en qué benefician a las especies en peligro de extinción, a los acuíferos, al suelo fértil, el paisaje, etc., que un inversor prometa un polígono industrial o pague algo más a un ayuntamiento sometido a una asfixia financiera en absoluto inocente? En nada.

En definitiva, deben deslindarse dos problemas y no utilizar la promesa de mejorar uno de ellos como excusa para ignorar el otro. El dinero no va a salvar al medioambiente. Es inmoral usar los recursos materiales como un instrumento de chantaje institucional. No ser consecuente con estas ideas es cualquier cosa menos progresista. Obrar contra ellas, en definitiva, lo que pretende hacer María Teresa Ribera, es poco menos que una tarde de compras en los territorios de sacrificio (los que custodian nuestro patrimonio natural) para que los pueblos dejen de quejarse. La ministra de «transición ecológica», más que nadie, debería ser consciente de que sacrificando los bienes naturales nos sacrifica a todos.

Ivo Inigo
Colectivo Sollavientos / Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel