sábado, 13 de abril de 2024

UNA ALCALDESA Y UN ALCALDE ANTE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

 

                                   Foto: aragondesarrollorural.es

El 9 de febrero pasado tuvo lugar la primera sesión de la serie de comparecencias en la Comisión de Investigación sobre la implantación de energías renovables de las Cortes de Aragón, cuya finalidad es aclarar irregularidades e incumplimientos.


El pasado 22 de marzo compareció, entre otros ponentes, Paula Delmás Biel, alcaldesa de Monforte de Moyuela, luciendo la camiseta del orgullo rural, y el 25 del mismo mes, Aitor Lozano Gascón, alcalde de La Zoma. Ambos mantienen sendas posturas sobre la cuestión dignas de ser conocidas.


Monforte de Moyuela es un pueblo de 40 habitantes (tuvo 745 en 1910) en la comarca del Jiloca, enclavado en el noroeste de Teruel tocando a Zaragoza, al pie de la Sierra de Oriche y a la orilla del río Nogueta, presidido por las ruinas de un castillo del s. XII. Paula Delmás, ganadera, que ha contribuido biológicamente al aumento de la población de Monforte, a la “que le toca hacer de todo y más”, acogida a las siglas del PP, preside el Ayuntamiento y ha enlazado la anterior legislatura con la presente. El Ayuntamiento acusa una falta de capacidad administrativa: no dispone de técnico municipal y solo 2 días a la semana cuenta con los servicios de una secretaria. El dinero recibido de Forestalia no resulta operativo, pues no cubre las necesidades reales: escuela, comunicaciones, médicos...


Paula, crítica rotunda de los poderes del Estado, antepone las personas al dinero y encabeza la posición de la gente de Monforte que en su mayoría, tras ser consultada, se opone a los grandes proyectos de energías renovables, “cuyo único beneficio es agarrarse a un clavo ardiendo vía impuestos de obras”. Cuatro centrales eólicas fraccionadas, proyectadas por Forestalia, que equivalen a dos mayores, afectan al término municipal junto a los de otros tres pueblos vecinos. De esta empresa sufrió presiones, por manifestar las amenazas de expropiación a sus convecinos, a los que aconsejó no firmar el alquiler de sus terrenos. Para defenderse el consistorio contrató los servicios de un abogada.


La alcaldesa pone en valor la calidad de vida en el medio rural y declara que los megaproyectos destruyen el empleo agrícola y promueven la despoblación, como demuestran estudios llevados a cabo. Manifiesta rotundamente la necesidad de una planificación previa a la implantación de la captación de las energías prestadas por el viento o por el sol. Y el modelo alternativo en que su pueblo mayoritariamente cree es el de la cooperativa energética, en este caso de captación solar (“energía de km 0”), que ya está puesto en práctica tras superar indecibles trabas burocráticas -Paula reivindica la simplificación de este proceso-, y aún a falta de la definitiva conexión a la red eléctrica, que se dilata exasperantemente en el tiempo. La comunidad energética de Monforte de Moyuela, junto a la de Luco de Jiloca, son las únicas existentes en Aragón.

 

                              Foto: heraldo.es
 

La Zoma es otro pueblo turolense, de 27 habitantes (221 en 1877) en la comarca de Cuencas Mineras. Está ubicado en una loma al pie de la Sierra de San Just. En junio emprende una romería hacia la ermita de San Bernabé. Su monte se vio afectado por el gran incendio de 2009. Aitor Lozano Gascón encadena tres legislaturas desde 2015, las dos primeras ligado a las siglas del PSOE y la actual a Teruel Existe, aunque no tiene problemas en declararse “antisistema” -en la dirección adecuada- en las Cortes de Aragón. El Ayuntamiento funciona en concejo abierto (todos los vecinos y vecinas “son concejales”). Actualmente La Zoma es uno delos 12 pueblos que constituyen la “Asociación Majalinos Renovables” (calificada como “fallida” por el alcalde de Ejulve, Ovidio Ortín) para gestionar los beneficios económicos que generen las 66 centrales eólicas y fotovoltaicas proyectadas por Forestalia en Teruel.


A pesar de ello, el concejo también se opone a las centrales eólicas o fotovoltaicas que se están instalando en avalancha sin planificación existente en el entorno del término municipal y más allá. Aitor manifiesta en la comisión la existencia de amenazas de expropiación forzosa al vecindario de La Zoma y la percepción como amenazas sobre su persona por parte de algunas empresas y algunos políticos. El alcalde declara que las renovables que se están instalando no generarán empleo y que las promotoras solo persiguen sus intereses particulares; que no cree que esta manera de implantarlas sea el “progreso”, tal como le habían indicado sus dirigentes del PSOE.


Además Aitor Lozano considera que la materialización de proyectos previstos pone en jaque el proyecto efectuado de repoblación forestal sostenible en los montes contiguos, asesorado por la Universidad de Zaragoza: “Plantando Agua” (pinos carrasco y silvestre, quejigo, serbal y arce). El joven alcalde mantiene que los montes de utilidad pública la pierden si se dedican a instalar aerogeneradores de empresas privadas, y hace una defensa del Parque Cultural y Geoparque del Maestrazgo, seriamente dañado por las centrales instaladas y bajo la presión de más proyectos. Alude a la grave afección al Proyecto Life para la reintroducción del quebrantahuesos en las sierras del Maestrazgo. También a los acuíferos (“Aguas del Maestrazgo” da trabajo a 40 personas en Cañizar del Olivar).


En su comparecencia el alcalde expresó la soledad del vecindario ante esta situación conflictiva y abogó por que se tenga en cuenta la opinión de los científicos sobre cómo los grandes proyectos amenazan los recursos básicos y otros proyectos endógenos: Las Cortes de Aragón no están legislando adecuadamente sobre esta materia.


Ojalá proliferen alcaldes y alcaldesas como Paula y Aitor, con sus planteamientos y su temple.


Gonzalo Tena Gómez

Colectivo Sollavientos


 

 




sábado, 9 de marzo de 2024

JAVIER OQUENDO COMPARECE EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE RENOVABLES EN ARAGÓN

Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel y miembro del Colectivo Sollavientos, saca los colores al anterior y actual Gobierno de Aragón en la comisión de investigación en las Cortes de Aragón, sobre la implantación de las energías renovables y la nefasta actuación del INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) en este proceso.

 






 

 

jueves, 29 de febrero de 2024

¿TRANSICIÓN JUSTA PARA ANDORRA Y SU ENTORNO?

 

Cuando se escribe de algo lo primero que hay que aclarar es de qué asunto vamos a tratar, pues hay palabras que se manosean tanto que acaban perdiendo el significado y expresan poco o nada. Es lo que sucede con los conocidos como «proyectos de transición justa» en el municipio de Andorra y el Bajo Aragón histórico.

Se puede decir que algo es justo cuando es equitativo, razonable y sujeto a derecho. Por eso, una transición energética podría denominarse «justa» si sus efectos positivos y negativos se repartieran entre todos los implicados de forma equitativa. En Andorra existía una producción de electricidad basada en el carbón que generaba una actividad y unas afecciones en el territorio. Este modelo se abandonó para transitar hacia uno basado en energías renovables que siguiera garantizando ciertas condiciones. Sin embargo, en el caso de los proyectos que se están desarrollando en Andorra, se sigue produciendo para otros con contraprestaciones económicas, pero también con fuertes afecciones por la desmesurada cantidad de proyectos.

El término «razonable» es el más difícil de concretar, pues lo que para unos es muy lógico, paraotros no tiene ningún sentido. Por ello es aconsejable evaluar a la luz de los hechos, y lo que los datos muestran es que para un territorio que podría abastecerse con unos 40 Mw, hablando de todo el Bajo Aragón histórico, se van a instalar más de 5.000 Mw con una ocupación de 4.000 ha de placas fotovoltaicas, más el impacto de unos 130 aerogeneradores, todo ello con sus correspondientes líneas de alta tensión. Tampoco es muy razonable producir hidrógeno mediante electrolisis, un proceso en el que se pierde hasta el 80% de la energía invertida y que requiere de grandes cantidades de agua que no hay y con la que previsiblemente va a competir el regadío (podemos apostar, ¿quién va a influir más, los agricultores o las eléctricas?). Tampoco parece muy atinado generarlo en Andorra para transportarlo hasta Sagunto, cuando se trata de un gas muy volátil y corrosivo y, por tanto, sus infraestructuras de transporte tienen un elevado coste y riesgos de seguridad. ¿No sería más sencillo producirlo próximo al lugar de consumo?

Faltaría abordar el aspecto de «sujeto a derecho», lo que traducido quiere decir que sea legal.Seguramente la legalidad la cumplirán en cuanto a las declaraciones y resoluciones ambientales, pues normalmente se hacen a la medida de las empresas. También será legal masacrar todas las especies de aves que vuelan por el entorno, pues la suposición de la Administración es, como dijo un consejero, que «aprenderán a esquivar los molinos». También será legal de cara a los habitantes del territorio, que, a cambio de unas rentas, se verán rodeados por infraestructuras industriales en lo que eran paisajes cargados de valor medioambiental y cultural. Será legal porque las leyes del sector eléctrico son tantas y tan variadas que siempre hay donde escoger. En caso contrario, se modifica y todo arreglado.

Que la Ley y la legalidad no tienen por qué ser justas se demuestra en el caso que estamos exponiendo. Si será preocupante que, una de las resoluciones dictadas recientemente sobre una central en el entorno de Andorra, afirmaba que «debido a las crecientes solicitudes de implantación de parques fotovoltaicos en Aragón» y al impacto «permanente» que conllevaban, se debía «reflexionar sobre la creciente pérdida de recursos naturales (aguas, suelo, vegetación, fauna), naturalidad y del valor paisajístico del territorio». Por ello, «desde esta Dirección General» se deseaba «trasladar la preocupación sobre el futuro de estas comarcas y sobre cómo va a afectar el desarrollo de proyectos energéticos tanto en el ámbito socioeconómico como en el paisajístico de los municipios afectados». A la luz de los hechos, los gestores públicos y los ciudadanos del entorno de Andorra deberían estar más que preocupados, pues de los 1.100 Mw que producía la central térmica, se va a pasar a más de 5.000 Mw, con lo que supone de infraestructuras industriales: placas, aerogeneradores, líneas de alta tensión y subestaciones. Son 11 centrales fotovoltaicas que suman 550 Mw, más el proyecto del Nudo Mudejar, que comprende 7 centrales eólicas y 7 fotovoltaicas con una potencia de 1.800 Mw, junto con el proyecto Catalina (con otras sietecentrales eólicas y 7 fotovoltaicas), y todo esto en Andorra y los pueblos de alrededor, que en algunos casos ya tienen otros proyectos aparte.

Se puede decir, cargados de razones, que esto no es una transición justa, sino una invasión ydepredación del territorio amparándose en la necesidad de sustituir la central térmica, algocon lo que todo el mundo ha estado de acuerdo, pero no de esta forma y sin ningunaordenación ni control.

Javier Oquendo

Portavoz Plataforma a favor de los paisajes de Teruel y miembro del Colectivo Sollavientos.

lunes, 19 de febrero de 2024

MARÍA TERESA RIBERA SE VA DE COMPRAS

                                    Foto: El Periódico de España
 

La vicepresidenta tercera compareció el pasado martes 23 de enero en el Congreso de los Diputados. La intervención no tuvo un extraordinario seguimiento en la prensa y es una lástima en atención a sus repercusiones potenciales.

Uno de los escasos titulares ha sido el de que «próximamente» consultará a los principales actores del sector eléctrico para garantizar un despliegue de las energías renovables ordenado y justo. Es decir, la ministra reconoce que hasta ahora no ha sido ni lo uno ni lo otro (no podemos estar más de acuerdo) y que quiere llevar a cabo una política racional cuatro años después de que, por ejemplo, Paisajes de Teruel le advirtiera personalmente y por escrito del problema que se estaba generando. La respuesta fue tan evasiva como reveladora de lo que se avecinaba: un Ministerio al servicio de las compañías eléctricas y una María Teresa Ribera que ha eliminado las Evaluaciones de Impacto Ambiental para instalaciones de renovables fuera de la Red Natura 2000 (Real Decreto 20/2022).

Ante la magnitud y la velocidad del despliegue de macrocentrales en el medio rural es legítimo sospechar de las intenciones del proyecto. ¿Se pretende ordenar el sector después de años tirados a la basura? Más bien parece mero oportunismo si el proceso no se acompaña de una retirada de lo dispuesto en el Real Decreto citado y de una moratoria en el despliegue de macrocentrales en el medio rural, no así en entornos urbanos y degradados, y en iniciativas de autoconsumo y ahorro. Aducir que esta moratoria es inviable por lo apremiante de la situación es una excusa barata: la moratoria que exigimos no es total, ni en los ámbitos ni en la escala de su aplicación.

La declaración de la ministra verificó la nula novedad de lo propuesto. Ella misma se delató al silenciar las alternativas (priorizar instalaciones junto a los núcleos de consumo, así como la autoproducción y el ahorro) enfatizando la cuestión material: que los inversores, los financieros, las eléctricas y los promotores sean un poco menos egoístas. Este es el núcleo de una proposición envuelta en fantasías que parecen sacadas de los estudios de impacto ambiental de los conmilitones del Ministerio (la «aportación medioambiental de los proyectos» y los beneficios industriales entre las más floridas).

Sin duda alguna, el mínimo exigible en instalaciones de este tipo es una compensación justa por el daño causado, equidad que resulta inimaginable en España. En cualquier caso, lo que uno esperaría de una ministra socialista es una política que no matara a los pequeños ayuntamientos por inanición, iniciativas que aseguraran una financiación digna de ese nombre permitiéndoles sobrevivir sin tener que recurrir a inversiones que se plantean como un chantaje: toma este dinero para pagarte servicios o perecerás. Los servicios esenciales, los que atienden a la consecución de los Derechos Humanos, no son una opción que dependa de aceptar una inversión, sino una obligación de los poderes públicos.

Sin embargo, desde un punto de vista medioambiental, esa no es la cuestión, y menos en un Ministerio que debe velar por la protección del patrimonio natural y de la biodiversidad. Es decir, María Teresa Ribera tiene el mandato de proteger unos bienes cuyos servicios ecosistémicos (generación de agua, formación de suelo, regulación del clima, polinización, etc.) son imprescindibles en la lucha contra el calentamiento global e indisociables de las políticas de descarbonización. Así las cosas, ¿en qué benefician a las especies en peligro de extinción, a los acuíferos, al suelo fértil, el paisaje, etc., que un inversor prometa un polígono industrial o pague algo más a un ayuntamiento sometido a una asfixia financiera en absoluto inocente? En nada.

En definitiva, deben deslindarse dos problemas y no utilizar la promesa de mejorar uno de ellos como excusa para ignorar el otro. El dinero no va a salvar al medioambiente. Es inmoral usar los recursos materiales como un instrumento de chantaje institucional. No ser consecuente con estas ideas es cualquier cosa menos progresista. Obrar contra ellas, en definitiva, lo que pretende hacer María Teresa Ribera, es poco menos que una tarde de compras en los territorios de sacrificio (los que custodian nuestro patrimonio natural) para que los pueblos dejen de quejarse. La ministra de «transición ecológica», más que nadie, debería ser consciente de que sacrificando los bienes naturales nos sacrifica a todos.

Ivo Inigo
Colectivo Sollavientos / Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel



domingo, 28 de enero de 2024

REFLEXIONES SOBRE ECOANSIEDAD Y EMERGENCIA CLIMÁTICA

Una de las vías para rebajar la ecoansiedad, tanto de los ciudadanos en general como de los activistas ambientales que se ven sobrepasados y ‘quemados’, es cuestionar el término “emergencia climática” y el discurso catastrofista que conlleva. Es hora de liberarnos un poco de la presión que proyecta sobre nosotros la mirada iracunda de Greta Thunberg.


Se ha impuesto un discurso dominante basado en esta cadena argumental:

  1. Quemamos muchos combustibles fósiles

  2. Emitimos mucho CO2, cuya proporción va aumentando en la atmósfera

  3. Eso hace que suban las temperaturas por el efecto invernadero.

  4. Eso perturba el clima y hace aumentar los fenómenos extremos: olas de calor y de frío, sequías e inundaciones…

  5. Eso crea problemas de salud, de rendimiento agrícola, catástrofes humanitarias, refugiados climáticos…

  6. A corto-medio plazo, podemos superar un umbral que desequilibre totalmente el sistema climático y produzca un colapso civilizatorio.


La aceptación acrítica de este argumentario implica:

(i) Que 3) y todos los fenómenos posteriores (4 y 5) se atribuyan exclusiva o casi exclusivamente a la acción humana.

(ii) Que el cambio climático pase a ser considerado una emergencia climática, a la que hay que hacer frente urgentemente y por una única vía: corregir el punto 1).

(iii) Dado que no se plantea que los combustibles fósiles se reduzcan a base de reducir nuestro consumo global de energía (lo que implicaría aceptar el decrecimiento), hemos de sustituirlos urgentemente por electricidad producida por fuentes renovables. En consecuencia, aceptamos:

- la implantación compulsiva y desordenada de macroparques eólicos y solares,

- la minería salvaje que hay que poner en marcha para conseguir todos los recursos de metales estratégicos que requieren esas nuevas tecnologías (incluidas las baterías de acumulación).

(Curiosamente, el desarrollo de ambos sectores industriales obedece al mismo modelo de negocio especulativo y depredador que ha caracterizado al capitalismo basado en los hidrocarburos).



Es necesario cuestionar ese discurso, por varias razones:


Para el Centro de Resiliencia de Estocolmo, el cambio climático es uno de los seis que ya se han superado (ver figura; actualización 2023),(1ª) El cambio climático probablemente no es el problema más grave dentro del cambio global que está experimentando nuestro planeta. De entre los límites planetarios definidos por el Centro de pero tres de ellos (contaminación química por compuestos nuevos, ciclos de fósforo y nitrógeno, destrucción de la biosfera) lo han hecho en un grado mucho mayor.


Estamos, por tanto, ante un cambio global, dentro del cual el cambio climático es sólo una parte, y quizá no la más grave. Sin embargo, por alguna razón, no se ha hecho ninguna cumbre mundial sobre ninguno de esos otros límites planetarios sobrepasados hace mucho tiempo, mientras que sí hay un empeño en presentar el cambio climático como una emergencia aterradora.


(2ª) El cambio climático, en sí mismo, no es una emergencia. Con frecuencia se magnifican sus efectos sin analizar detenidamente cada aspecto. Por ejemplo, se da por hecho que el adelanto de determinadas cosechas por el cambio de estaciones, o la necesidad de trasladar cultivos a otras altitudes o latitudes, son males inasumibles. No tienen por qué serlo: hay cambios que podrán ser negativos, otros neutros y otros tal vez positivos; hay que analizar caso a caso.

Muchos de los procesos que comúnmente se achacan, con mayor o menor base científica, al cambio climático (sequías, olas de calor, inundaciones, ciclones, fenómenos costeros extremos) constituyen ciertamente emergencias locales, y a veces recurrentes. En algunos casos, también son emergencias las consecuencias sociales y económicas derivadas de los anteriores: crisis agrícolas, problemas de salud, catástrofes humanitarias.

Pero:

(i) Esos fenómenos indeseados no son sólo consecuencia del cambio climático, sino de otros muchos procesos naturales que han ocurrido siempre, o de acciones humanas recientes, ambos ajenos por completo a él. Por ejemplo, al cambio climático no pueden atribuirse los maremotos, como alguna vez se ha escrito, ni puede llamarse “refugiados climáticos” a quienes han dejado su tierra por sus condiciones seculares de pobreza.

(ii) La respuesta ha de darla la sociedad a cada una de esas emergencias, independientemente de cuáles sean sus causas o concausas, más allá la lucha contra el cambio climático y considerando TODOS los límites planetarios. Hay una larga lista de medidas que son necesarias para hacer frente a cada una de esas emergencias reales:

  • A los problemas de salud: sistemas de salud eficaces y que lleguen a toda la población, freno a la contaminación química...

  • A las crisis agrícolas: sistemas de riego eficaces, ordenación de los regadíos evitando el comercio especulativo e ilegal del agua, agricultura respetuosa…

  • A los ciclones, inundaciones y fenómenos costeros: ordenación del territorio, freno a la urbanización de las costas, sistemas de alerta temprana a la población…

  • A la contaminación por nitrógeno: freno a la proliferación de fertilizantes químicos.

  • A las olas de calor y frío: racionalizar el uso de la calefacción y el aire acondicionado, aislamientos de las viviendas, sustituir el turismo veraniego de playa por el turismo rural…

  • A la pérdida de biodiversidad: freno a la deforestación y a la agricultura extensiva al servicio del capitalismo alimentario global, freno a la urbanización de territorios naturales y destrucción de sus hábitats, freno al turismo de masas…


(3ª) Poner todo el foco en el cambio climático, y todos los esfuerzos y toda la urgencia en ‘descarbonizar la economía’, dificulta y retrasa la adopción de esas medidas, a la vez que agrava otros problemas del planeta:

(i) El calentamiento global tiene una inercia tal que, aunque redujésemos a 0 las emisiones de gases de efecto invernadero, el efecto beneficioso en la atmósfera lo veríamos dentro de muchas décadas. Y entretanto ¿qué hacemos?

(ii) La urgencia de la llamada ‘transición energética’ lleva a aceptar acríticamente el despliegue desordenado de las energías eólica y fotovoltaica, con las consecuencias que ya se están viendo: destrucción del paisaje, usurpación de los usos agrícolas y forestales tradicionales, pérdida de biodiversidad.

(iii) Esa urgencia tiene, paradójicamente, el efecto contrario al que se desea. Apenas se habla de ello, pero los números sobre la Tasa de Retorno Energético (TRE) de la energía eólica son elocuentes. Básicamente nos dicen que estamos disparando el consumo energético (incluido el de combustibles fósiles) precisamente para construir parques eólicos (ver Anexo).

(iv) Esa urgencia diluye también el camino que nuestra civilización, tarde o temprano, habrá de seguir: el decrecimiento. Una nueva forma de consumir y de vivir es posible; de vivir incluso mejor y hacerlo con menos despilfarro de recursos. Será un proceso que habrá que afrontar desde abajo, tejiendo redes solidarias que hagan que nadie quede fuera de esa nueva ‘vida buena’, mientras nos vamos adaptando de la mejor manera posible al cambio climático y tratamos de aportar, cada uno desde sus posibilidades, soluciones que mitiguen los problemas del cambio global. Será un proceso lento que hay que empujar desde abajo, con paciencia, sin eco-ansiedad, con eco-esperanza.




ANEXO: Sobre la Tasa de Retorno Energético (TRE) de la energía eólica

En un artículo reciente1, Carlos de Castro, del Dpto. de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid, ha calculado la TREext (Tasa de Retorno Energético extendida) de la energía eólica. La TREext tiene en cuenta todo el consumo energético de la cadena de producción e instalación: desde la extracción de los compo­nen­tes minerales para fabricar los aerogeneradores, la construcción de los mismos, el movimiento de tierras para su instalación o el combustible de los vehículos de servicio y mantenimiento del parque duran­te sus 30 años de actividad. Y tiene en cuenta también, lógicamente, la producción efectiva del parque eólico durante esos 30 años, computando el tiempo real en que está operativo, la potencia efectiva que da, las pérdidas por transporte… Es, por tanto, la TRE más realista posible, y sale sorprendentemente baja: 2,9.

Redondeemos a 3. Eso significa que, para obtener la producción eléctrica total de un parque eólico en sus 30 años de actividad, necesitamos invertir la energía equivalente a 10 años de esa producción para ponerlo en marcha y operarlo. Pero el problema son los tiempos: la energía que dé el parque nos vendrá repartida a lo largo de 30 años, pero el 1/3 de esa energía que hemos de poner para el ciclo completo de su fabricación e instalación ha de aportarse en un periodo muy corto, tal vez de 1-2 años. Por tanto, para construir cada parque eólico en este momento necesitamos invertir la energía equivalente a la producción de 10 parques durante un año, o de 5 parques durante dos años. Y no toda esa energía será limpia; parte procederá necesariamente de combustibles fósiles. En definitiva, ahí está la gran paradoja: estamos consumiendo energía a un ritmo desaforado para invertirlo en construir centrales eólicas.

En este contexto, las enormes prisas por implantar masivamente las energías renovables, la supuesta imposibilidad de una moratoria para planificarlas y regularlas, pueden ser una temeridad. Y el mantra de que estamos ante una “emergencia climática”, no sería más que una coartada al servicio de esa temeridad.

¿No será la propia “transición energética” uno de los principales factores que hacen que siga creciendo y creciendo el consumo de combustibles fósiles en el mundo, a pesar de las normativas europeas y de las cumbres mundiales del clima?

 

José L. Simón

Colectivo Sollavientos