EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MEDIO RURAL (3)

 

Indefensión e impunidad

En un artículo anterior (Participación ciudadana: aparentar y obrar) describimos ejemplos de cómo la Administración, con su proceder en las evaluaciones de centrales de energía renovable, entorpece y evita el conocimiento y la participación, lo que beneficia a los promotores y menoscaba los derechos de la ciudadanía. En esta ocasión profundizaremos en algunas de estas transgresiones.

La ley aragonesa de evaluación ambiental establece como uno de sus objetivos en el artículo 2, «Fomentar la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones en los procedimientos administrativos regulados en la presente ley y garantizar la efectividad en el cumplimiento de los trámites de consultas, información y participación pública previstos». No parece ambiguo. Sin embargo, el INAGA y el MITECO solo ofrecen 30 días para que las personas afectadas estudien y redacten alegaciones a documentaciones de miles de folios, cuando la ley estatal de evaluación ambiental permite un plazo más largo y el artículo 83 de la ley del Procedimiento Administrativo Común permitiría ampliarlo.

Lo mismo sucede con el conocido como Convenio de Aarhus, signado por España en 1998, sobre el acceso público a la información, la toma de decisiones y la justicia en materia medioambiental. Su artículo 6 obliga a establecer plazos razonables para informar y que el público participe activamente en los trámites de evaluación. En definitiva, vulnerando las leyes que las Administraciones Públicas deben cumplir, se deja indefensa a la ciudadanía y al medio natural.

La indefensión alcanza extremos hirientes para las personas que, con sus impuestos, están financiando el sueldo de quienes deben ser los primeros en cumplir la legislación ambiental. Pongamos el ejemplo de las centrales eólicas de «Hoyalta» y «Cabigordo», fragmentos de la macroinstalación en la Sierra del Pobo. Los correspondientes proyectos se presentaron en marzo de 2021 y se dispuso del consabido margen de 30 días para alegar. Año y medio después, en octubre de 2022, el promotor, Molinos del Ebro, volvió a sacarlos. Había intentado enmendarlos aprovechando las alegaciones de asociaciones y particulares. Lejos de finalizar el procedimiento con una resolución, el INAGA había reabierto el proceso con nuevos documentos, para lo cual los ciudadanos solo dispusieron de otros 30 días para analizarlos y alegar.

Siendo inmoral el trato desigual, no fue lo peor. En esta segunda vuelta se evidenció la realización de un trabajo de avifauna para «Hoyalta» que no se daba a conocer, y que en 2021 el promotor se había reservado los datos de una prospección de aves para la central «Cabigordo». Es decir, en este megaproyecto de la Sierra del Pobo hasta en dos ocasiones se ocultó información esencial al escrutinio de los afectados y del INAGA. No tenemos noticias de que el evaluador hiciera algo por subsanarlo ni que haya exigido su publicidad. Mientras, Linum S.L., la consultora que realizó el Estudio de Impacto Ambiental de «Hoyalta», dejaba caer algunas afirmaciones sobre del estudio de aves que se mantenía oculto. ¿Son honestas estas citas sin que pueda analizarse en su integridad un documento que debe ser público?

El artículo 2 de la Ley de Evaluación Ambiental exige que los procedimientos se realicen de acuerdo con el mejor conocimiento científico disponible. Ni Molinos del Ebro, ni Linum S.L., ni el INAGA cumplieron con ello en los casos que acabamos de mencionar. Son solo dos ejemplos de los muchos que se pueden citar en todo Aragón. La reiteración de estas prácticas sugiere que sus responsables creen tener asegurada la impunidad. De no ser así, no puede explicarse que los involucrados obvien los artículos 54 y 55 sobre infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental, que incluyen «La ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación».

Ivo-Aragón Ínigo

Colectivo Sollavientos

EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MEDIO RURAL (2)

 

Participación ciudadana: aparentar y obrar

 El “complejo de Eróstrato” describe personalidades que buscan la aceptación o el éxito social a través de la apariencia. De esta manera, el disimulo sustituye al esfuerzo y al desarrollo del individuo. Las Administraciones Públicas encargadas de evaluar los impactos de las centrales de energía renovable incurren en un sucedáneo de este comportamiento. En este caso, la actuación aparente no busca una satisfacción personal, sentirse querido o sobresalir, sino hacer como que se cumple la ley, pero disimuladamente obrar en sentido contrario.

La experiencia acumulada por colectivos sociales, científicos y ambientalistas en los últimos años acredita este fingimiento por parte del INAGA y el MITECO. Es una actuación que afecta a diversos capítulos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, incluyendo el más básico: el derecho de la ciudadanía a conocer y participar en los trámites administrativos de unas macroinstalaciones que dividen vecindarios, perjudican a empresas y acaban con bancales, pastizales y bosques. Si la legislación establece criterios de trasparencia y participación, la Administración consiente, secunda y avala actuaciones que las impiden.

En primer lugar, se vicia el marco de la intervención ciudadana. Por defecto se están dando plazos de 30 días para alegar, cuando la Ley de Evaluación Ambiental prescribe que ese es un mínimo y no un máximo. En apenas cuatro semanas, agricultores, ganaderos, empresarios turísticos, propietarios, etc., se las tienen que ver con documentos de ingeniería y estudios ambientales de miles de páginas. En el caso de los clúster del Maestrazgo y Albarracín, 44.000 y 22.000, respectivamente. Con estas magnitudes, ¿hay responsable político que pueda afirmar sin sonrojo que se da cumplimiento a la legislación? Busquen sus declaraciones. ¿Se han otorgado prórrogas por parte la Administración para subsanar este déficit? No.

Es difícil encontrar una descripción más evidente del proceder disimulado del INAGA y del MITECO para neutralizar a la población en beneficio de los promotores. Pero hay más. En el clúster de Albarracín se acumularon en un solo trámite de 30 días dos procedimientos diferentes. En lugar de sumar los periodos de información pública según prevé la Ley, se mantuvo en un mes, limitando así el tiempo disponible de los vecinos para estudiar cada fase. En el Maestrazgo se solicitó el acceso al expediente del clúster, pero la Subdelegación del Gobierno en Teruel lo denegó con el argumento de que todo estaba disponible en la web.

Sin embargo, la información que se ofrece on-line tiende a presentar lagunas. El INAGA acostumbra a ofrecer la cartografía en ficheros .shp, un formato poco habitual fuera de ámbitos profesionales. Para abrirlo se requieren otros ficheros y estos no constan nunca, por lo que no se pueden consultar si no se dispone de sofisticados programas SIG. Eso significa que, por ejemplo, los agricultores o los vecinos concernidos por los proyectos eólicos de Camarillas, Ababuj, El Pobo o Cedrillas no podían concretar si sus propiedades se iban a ver afectadas por la apertura de pistas, torres de cableados, subestaciones o aerogeneradores.

Otras veces, el INAGA no ha ofrecido toda la documentación o ha estado disponible menos de 30 días. En la central eólica San Antón proyectada en Camarillas no figuró durante un mínimo de 5 el Estudio de Impacto Ambiental. Otro tanto sucedió con abundante documentación de las fracciones «Hoyalta» y «Cabigordo» de la macrocentral de la Sierra del Pobo. Tampoco en estos casos se prorrogó el plazo de información pública.

Eróstrato de Éfeso quemó el templo de Artemisa, una de las maravillas de la Antigüedad, para pasar a la posteridad. El INAGA y el MITECO, obstaculizando los derechos de la población con su obrar aparente, son colaboradores necesarios en el sacrificio del territorio, su biodiversidad, patrimonio y vecindarios.

Ivo-Aragón Ínigo

Colectivo Sollavientos

EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MEDIO RURAL (1)

 

Un debate necesario

Si atendemos a las proclamas de muchos de los políticos aragoneses, si nos fijamos en tantas páginas publicitarias en periódicos, Aragón está destinado a ser el gran proveedor de electricidad de España y, tal vez, de Europa. Algunos de los mensajes que se han divulgado recientemente desde jornadas informativas auspiciadas por el sector empresarial y organizadas por medios de comunicación son que «Aragón está en primera línea portando la bandera del cambio y de la apuesta por la transición energética», que «nuestra comunidad dispone del territorio, el recurso y los actores necesarios para que ocurra» o que «es el maná que nos cae del cielo…».

Alguien quiere cambiar el modelo económico de nuestro medio rural: de estar tradicionalmente dedicado a la producción agrícola, ganadera y agroindustrial, de haber descubierto luego su potencial turístico basado en el patrimonio natural y cultural, ha de despertarse ahora del sueño y convencerse de que su futuro es industrial. El cambio aspira a ser profundo, especialmente en la provincia de Teruel. Llevamos varias décadas tratando de reinventar el futuro animados por los fondos europeos para el desarrollo rural (programas LEADER y PRODER). Varias décadas preservando espacios que son santuarios del paisaje, de la geodiversidad y la biodiversidad, bajo figuras de protección y difusión de iniciativa autonómica (Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, Parques Culturales, Lugares de Interés Geológico) o europea (Lugares de Interés Comunitario, Zonas de Especial Protección de Aves, Hábitats de Interés Comunitario, Geoparques). Ahora se quiere ocupar esos mismos espacios con centrales eólicas y fotovoltaicas, y destinar Montes de Utilidad Pública a florecientes negocios privados.

Semejante inflexión en el modelo de uso del territorio está siendo promovida en aras de un «bien superior». La urgencia de la transición energética se ha convertido en un axioma cuya prevalencia no necesita demostración alguna. Bajo su aplastante peso, Teruel habrá de resignarse a ser, una vez más, tierra de sacrificio. Para sentenciar tal destino están las Declaraciones de Interés Autonómico que el Gobierno de Aragón otorga a los proyectos de energías renovables, una patente de corso que permite a los promotores esquivar y retorcer la legislación en beneficio propio.

Cabría esperar que una operación de tal envergadura estuviera muy bien pensada; que tratara de conseguir una conciliación de intereses entre el campo y la ciudad, entre el sector turístico y el industrial, entre la protección del medio natural y el desarrollo económico, mediante una planificación y un despliegue ordenado de las plantas eólicas y fotovoltaicas. Hay instrumentos legales y administrativos para ello. Sin embargo, obligado por la supuesta urgencia o por la necesidad de innovación (otro axioma de culto), tal despliegue está siendo en realidad una avalancha incontrolada. En una de las jornadas informativas referidas anteriormente, la portavoz de una compañía del sector reconocía implícitamente ese desgobierno: «se están llevando a cabo acciones pioneras que, en la mayoría de las ocasiones, están fuera de la ley». Efectivamente, los promotores saben utilizar los resortes del poder y maniobrar astutamente en medio de una legislación maleable, mientras a la sociedad se le hurta el debate y la participación real en la toma de decisiones.

El Colectivo Sollavientos y la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel quieren contribuir a ese necesario debate sobre los macroproyectos de energías renovables. El mensaje de optimismo que nos llega desde arriba debe ser contrastado con el clamor crítico que emerge desde sectores de la población, de colectivos científicos y ambientalistas, de ganaderos o empresarios turísticos que no quieren dejarse expropiar su tierra y sus proyectos de vida. Así, en las próximas semanas, se sucederán en esta columna de opinión una serie de artículos que abordarán desde la reflexión las múltiples facetas socioeconómicas, jurídicas, medioambientales o culturales del problema. Nuestro objetivo es aportar un punto de vista documentado e independiente.

José Luis Simón

Colectivo Sollavientos-Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel