sábado, 24 de junio de 2023

EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MEDIO RURAL (14) Ganadería, energías renovables y política municipal

Sostenibilidad es un concepto en boga. Describe las cualidades que debe tener la actividad humana en relación con el medio físico: ha ser perdurable en el tiempo, no comprometer nuestro futuro ni degradar el medio natural. La ganadería extensiva que se desarrolla en las sierras de Teruel produce alimentos de una manera sostenible. Sin embargo, la ganadería y la agricultura están amenazadas en el Maestrazgo por una acumulación de macroproyectos de energías renovables. Las afecciones son más que evidentes (pérdida de suelo disponible, servidumbres, contaminación, peligro de accidentes), y pondrán a prueba nuestra eterna paciencia para proseguir con nuestras actividades.


La tramitación ambiental del llamado clúster del Maestrazgo, proyectado entre la Sierra de Gúdar y el Maestrazgo, ha conseguido el visto bueno ministerial por medio de una Declaración de Impacto Ambiental que, en sus setenta y pocas páginas, pretende blanquear el mayor atentado ambiental perpetrado en estas sierras, olvidada desde siempre. La práctica totalidad de sus masías fueron vaciándose por la marginación en la que quedaron arrumbadas a causa del modelo desarrollista. Ahora, un desarrollismo de nuevo cuño fija sus ojos en ellas. Ironías de la vida, las masías otrora despreciadas ahora son interesantes para extraer energía eléctrica mediante plantas eólicas y fotovoltaicas, una energía que será enviada lejos para perpetuar el cada vez mayor abismo entre el mundo rural y el urbano. Por imposición decidida en despachos lejanos, y no por voluntad propia, somos territorio de sacrificio.


Parece que la maquinaria que desarrolla estos planes está perfectamente engrasada, y amparada por un silencio cómplice de la mayoría de partidos políticos. Solo alguna voz discrepante advierte de la locura en la que nos estamos viendo sumergidos. Nuestros representantes en los ayuntamientos, sin consultarnos a los vecinos, se han doblegado a los intereses de la empresa promotora, Forestalia. Muchos han actuado en completo silencio, con total falta de transparencia. Deberían recordar que son los responsables de la gestión de un poder público, no los dueños de los pueblos.


Debemos recordar también que este despliegue industrial es para varias décadas. ¿Es ético decidir por todos y para siempre sin explicar nada? Nuestros representantes municipales dicen sentirse legitimados para tomar esta decisión. Una decisión excesivamente trascendente por lo disruptivo del cambio propuesto y por la perdurabilidad de sus efectos. ¿Es, pues, legítimo decidir sobre un asunto sin haber advertido durante la campaña electoral que ese era el proyecto sobre el que iba a girar la gestión municipal durante los siguientes años? Es decepcionante verlos afanarse trabajando en él y olvidarse de sus vecinos. Vecinos que, nosotros sí, hemos decidido vivir aquí, donde se desarrolla nuestro proyecto de vida, por nuestras raíces y por las cualidades extraordinarias de nuestro entorno. Es preocupante verlos convencer a propietarios de que firmen los acuerdos porque «es bueno para el pueblo» o alentando el miedo de la expropiación. O saber que desde su posición alientan el conflicto social para acallar las voces críticas.


Parece necesario volver a recordar que la base económica de estos pueblos es la ganadería y también el turismo asociado al paisaje que disfrutamos. Parece más necesario que nunca recordar de dónde venimos para adivinar dónde nos quieren llevar. Ni somos indigentes rurales ni estamos desesperados para tragar con estas ruedas de molino. Este negocio es para otros, no para los que vivimos aquí, y la ruptura social creada va a costar de cicatrizar.



Joaquín Gargallo

Ganadero. Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel




 

sábado, 17 de junio de 2023

EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MEDIO RURAL (13) Degradar los valores de los Parques Culturales


 

Por su relieve y altitud, los recursos naturales de las montañas del sur de Aragón se han basado en la ganadería. Los bosques se transformaron en extensos pastizales que eran aprovechados por los rebaños trashumantes de ovino, complementándose con rodales de bosque y de tierras de cultivo. El resultado de siglos de historia ha sido un paisaje salpicado de bosquetes, masías, majadas y fuentes, y surcadas por kilómetros y kilómetros de cerradas de piedra, azagadores y bancales aterrazados. Un paisaje histórico que ha sufrido escasas transformaciones, salvo la lenta sucesión ecológica consecuencia de la crisis rural de las últimas décadas.

La consecuencia de los aprovechamientos tradicionales es también la creación de un agroecosistema en el que prosperan especies propias de los roquedos y los páramos, muchas endémicas y otras muy escasas en Europa. Este paisaje agrario tradicional es, además, un valioso patrimonio tanto por su belleza como por la sabiduría popular que ha permitido el poblamiento humano en un medio tan difícil. Ambos generan en las comunidades locales un fuerte sentimiento de aprecio y de identidad colectiva.

La sociedad aragonesa se dotó hace veinticinco años de la Ley de Parques Culturales de Aragón, que fue aprobada por unanimidad en las Cortes y que quiso distinguir a aquellos territorios dotados de un patrimonio cultural excepcional. Con un doble objetivo, conservar los valores patrimoniales al tiempo que fomentar un desarrollo compatible con la preservación de estos. No es casualidad que cuatro de los seis parques culturales de Aragón se encuentren en la cordillera Ibérica: el del río Martín, el del Maestrazgo, el de Albarracín y el del Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

La excepcionalidad del patrimonio cultural de estos territorios proviene de albergar unos conjuntos geológicos, paleontológicos, arqueológicos e históricos únicos. Pero también le viene de la singularidad de la impronta humana plasmada durante siglos a través del aprovechamiento ganadero, agrícola y forestal de estos territorios de montaña.

La definición y el objeto de la citada ley establece que un parque cultural gozará de promoción y protección global de los elementos más relevantes. Igualmente, establece que las actuaciones de las Administraciones se orientarán hacia la protección y restauración del patrimonio, el desarrollo rural sostenible y el equilibrio territorial. Asimismo, prescribe la coordinación entre las políticas territoriales y sectoriales, especialmente las de patrimonio cultural y natural, fomento de la actividad económica, turismo rural, infraestructuras y equipamientos.

El acelerado proceso de implantación de energías renovables promovido por las Administraciones Públicas en territorios de baja población supone un serio riesgo para la conservación de los valores patrimoniales que han promovido la declaración de estos parques culturales. Y para el desarrollo socioeconómico basado en los mismos.

La instalación de cientos de enormes aerogeneradores, la apertura de cientos de kilómetros de nuevas pistas en las cimas, la erección de cientos de torres de alta tensión y de cientos de kilómetros de tendidos eléctricos supone una desfiguración drástica de un paisaje cultural, además de una degradación de los agroecosistemas por su afección a la flora y fauna que albergan estas montañas. Este impacto se agravará con la implantación de centrales fotovoltaicas proyectadas que van a transformar ambientalmente miles de hectáreas de tierras de cultivo en el entorno de estas sierras.

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, tiene la competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural en la Comunidad Autónoma. Su responsabilidad no puede quedar en la mera información de los elementos patrimoniales puntuales que van a quedar afectados por la implantación de las centrales energéticas sino en la afección que producirán en el conjunto de estos paisajes culturales, el fundamento de los parques culturales del sur de Aragón.

Alejandro Pérez Cueva

Colectivo Sollavientos



sábado, 10 de junio de 2023

EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MEDIO RURAL (12) Cuando tu país te sacrifica

 

 

Llenar los cultivos, los pastos y los hábitats naturales con placas fotovoltaicas y aerogeneradores no responde estrictamente a la necesidad de descarbonizar la economía. Lo mismo puede hacerse en zonas urbanas y degradadas, y no es que no se haga, es que asistimos a una reacción «No en mi patio trasero» en lugares como Madrid. La razón por la que se destruye el patrimonio rural es porque es más barato y por la debilidad de su sociedad. En definitiva, resulta funcional a un modelo de negocio oligopólico, especulador, rentista y estrechamente conectado con el poder político.

El despliegue catastrófico de renovables en el medio rural tampoco responde a la necesidad de procurar su desarrollo. Los macroparques de renovables se instalan en los pueblos precisamente para que todo siga igual. La línea de puntos que une la historia del éxodo rural con la inundación de los valles pirenaicos (por ejemplo), y la avalancha que va a reconvertir el país vaciado en una central infinita de generación eléctrica hecha a medida del consumo de la España saturada, es la misma: la de una vía de modernización desarrollista.

Este modelo de transición energética tiene poco que ver con la ecología y con el bienestar del rural, se trata más bien de intereses egoístas concretos. Por ello las comunidades energéticas son solo una opción, no se disminuye la sangría demográfica, no se deja de concentrar la actividad en las ciudades y no se rebaja el consumo energético (por lo que la reducción de gases de efecto invernadero es relativa). De hecho, la radicalidad de los intereses en juego propicia situaciones de explotación propias de una novela de Charles Dickens. Si una inspección se interesara por el trabajo realizado por sub, sub, sub, subcontratas en la ejecución de determinadas centrales de renovables se encontraría semanas de siete días laborables y accidentes perdidos en el vacío de los eriales.

Mención expresa para aquellos que afirman que sacrificar el sector agrario, el patrimonio natural y el paisaje es una oportunidad para tener servicios esenciales en los pueblos: su proposición supone la suplantación de las Administraciones Públicas y su renuncia a las competencias para cuyo sostenimiento la ciudadanía paga impuestos. Son las Administraciones Públicas las que deben garantizar los derechos básicos y constitucionales sin la exigencia de sacrificar el medio ambiente, patrimonio, actividades económicas ni medio de vida de las personas. Si las Administraciones Públicas son incapaces de desarrollar esta labor tan esencial, su existencia carece de sentido.

Mención expresa también para las organizaciones del ecologismo institucionalizado, verbigracia, Greenpeace y los intelectuales del new green deal: si vuestra visión global de la transición energética pasa por despreciar al ecologismo realmente existente en los pueblos y asumir la extinción de especies, la pérdida de biodiversidad, la explotación de la mano de obra y un modelo basado en el consumo a placer de energía y recursos, ¿de qué sirve a la humanidad vuestra visión global?, ¿en qué os habéis convertido?

El medio rural, en el mejor de los casos, es una moneda de cambio en el modelo impuesto de transición energética. Es por ello que se experimentan fenómenos como los que se han descrito en esta serie de artículos, como que las Administraciones Públicas parecen una oficina de intereses de especuladores y del oligopolio, se vulnera la legislación, se boicotea la participación pública, se amenaza a los pueblos («El vicepresidente del Gobierno de Aragón amenaza con “problemas legales” a los ayuntamientos turolenses que denieguen licencias a parques eólicos»; 23-7-2021), se orquestan acuerdos de dudosa viabilidad (¿electricidad gratis?), se elimina la Evaluación de Impacto Ambiental a estos proyectos y se imponen contratos a los propietarios dignos del Congo Belga.

Este avasallamiento es indicio de la ejecución de un diseño conscientemente desarrollista de país. Cuando esto sucede y tú eres sobre quien recaen los perjuicios y la estigmatización (egoísta, retardista, negacionista, irresponsable, paleto), es porque probablemente tu país te está sacrificando.

Ivo-Aragón Ínigo

Colectivo Sollavientos



sábado, 3 de junio de 2023

EL DESPLIEGUE DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MEDIO RURAL (11) La ausencia de planificación

 


Teniendo en cuenta su dimensión y trascendencia, uno podría suponer que el actual despliegue de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos se está realizando de una forma racional y ordenada, buscando un equilibrio entre la necesaria transición energética y la preservación del paisaje, la biodiversidad y los modos de vida de los territorios afectados. Nada más lejos de la realidad. Asistimos a un cambio de paradigma económico y social dejado al albur de la especulación empresarial y de los endebles mecanismos de evaluación ambiental que supuestamente deberían contenerla. En lugar de despliegue, lo que vemos es una avalancha, un tsunami difícil de gobernar con las escasas herramientas normativas y la aun más escasa voluntad de las Administraciones Públicas.

En el caso de Aragón, nuestras competencias en materia industrial, 

medioambiental y de ordenación territorial nos permitirían promulgar una 

directriz específica de implantación de energías renovables en el contexto de la 

Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA). Se atajaría así, por 

ejemplo, la inaceptable ubicación en zonas ambientalmente sensibles, el 

fraccionamiento fraudulento de proyectos o el atentado que muchos de éstos 

suponen a los Montes de Utilidad Pública. Tal directriz no existe ni se la espera. 

Entretanto, un decreto autonómico de 1995 sobre “regulación de la energía eólica” 

y un decreto-ley de 2016 de “impulso a la energía eólica”, que apuntaban 

tímidamente a una cierta ordenación del sector, no han mostrado ninguna 

efectividad. La figura de Planes Eólicos Estratégicos definida en el primero de 

ellos apenas se ha materializado, y la consiguiente Evaluación Ambiental 

Estratégica que prevé la Ley estatal de Evaluación Ambiental es, en Aragón, un 

ensueño.

Hay otros instrumentos de planificación que avalarían decisiones reguladoras si se tuviera voluntad para ello. Por ejemplo, el Plan Energético de Aragón 2013-2020, aunque no tiene Evaluación Ambiental Estratégica, sí incluye un informe de sostenibilidad que pide, como criterio ambiental estratégico, “preservar los espacios naturales o territorios que cuenten con figuras de protección ambiental establecidas por las distintas legislaciones europea, nacional o autonómica (Red Natural de Aragón, Red Natura 2000, Planes de recuperación o conservación de especies amenazadas), los dominios públicos forestal y pecuario y las zonas de alto valor paisajístico o elevada fragilidad ambiental”. Dicho criterio es ignorado de forma flagrante y sistemática. A nivel estatal, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) también resulta manifiestamente insuficiente. Si bien su documento ambiental estratégico indica que “será necesario definir áreas de exclusión en función del valor de conservación y vulnerabilidad de los hábitats…”, esas áreas nunca han sido definidas.

Numerosas entidades científicas y profesionales, como el Colegio de Biólogos de 

Aragón o la demarcación aragonesa del Colegio de Ingenieros de Caminos, han 

reclamado instrumentos de planificación y ordenación territorial con carácter 

previo a la implantación de los grandes proyectos de energías renovables. También 

lo han hecho órganos consultivos del Gobierno autonómico, como el Consejo de 

Protección de la Naturaleza (CPNA) y el Consejo de Ordenación del Territorio

(COTA).

Mientras no existan tales instrumentos, crece la opinión de que debería 

paralizarse cautelarmente la tramitación de nuevos macroproyectos de energías 

renovables, al menos en zonas sensibles y conflictivas ambiental, paisajística, 

económica y socialmente. Esa moratoria permitiría una reflexión social profunda, 

antes de tomar decisiones que condicionen de forma irreversible el futuro. Hay 

margen para ello: en 2022 había instalados en España 37 GW de energía eólica y 

fotovoltaica, y hasta enero pasado se habrían tramitado nuevos proyectos con una 

potencia total cercana a los 60 GW. La suma excede con creces los 62 GW 

previstos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PENIEC) para 2025. 

Lo que urge, por tanto, no es ahondar más este desgobierno, sino parar un tiempo 

y recapacitar.


José Luis Simón

Colectivo Sollavientos