sábado, 29 de septiembre de 2012

ENERGÍA EÓLICA, PERO NO A CUALQUIER COSTE


Paisaje con Chevrons, que podría verse afectado por el Parque Eólico de la Fuenfresca


Ángel Marco Barea*
José Luis Simón Gómez*


La crisis económica, también ambiental, tiene para algunos especialistas un factor común: “el fin de la energía barata basada en el petróleo”. Esa dificultad de producir al ritmo y coste que ha exigido nuestro modelo consumista nos va a obligar a grandes cambios colectivos, también en hábitos individuales. Muy probablemente no hay vuelta atrás. La incógnita está en saber si esperaremos a que de una manera traumática  se nos impongan los cambios, o asumiremos  su  necesidad y los afrontaremos de una manera voluntaria, planificada y ordenada. 
Una de las alternativas energéticas actuales es la eólica. Somos conscientes de que no es barata, es más. El balance del coste que genera la construcción de los molinos y la energía generada por ellos se aleja mucho del ofrecido por el petróleo. Sin embargo es necesario recordar que el análisis de costes de las energías alternativas es más exigente que el elaborado para el petróleo, por cuanto a éste no suelen  incorporarse los costes externalizados -aquellos que se derivan al conjunto de la sociedad-, que nos supone el deterioro ambiental de áreas naturales en los países donde se extrae, o la contaminación y deterioro ambiental que genera su transporte y su procesamiento en las refinerías.
El  final de  este modelo de vida despilfarrador  y  falto de equidad,  surgido en torno a la hipotética y errónea visión de que disponíamos de una fuente de energía barata y abundante (casi “inagotable”), debería ser aprovechado para hacer un replanteamiento global. Dentro de este contexto, y contando con la tecnología actual, establecer  un número razonable de parques eólicos con el objetivo de reducir nuestra emisión   de CO2 a la atmósfera,  cuyo incremento  parece ser causante del tan nombrado cambio climático, parece un objetivo sensato. También puede posibilitar pasos en la democratización de la energía,  disminuyendo nuestra dependencia de pocas y grandes empresas en las que actualmente se centra la producción y distribución. 
Esta alternativa está materializándose, y en las dos últimas décadas hemos visto cómo el paisaje de amplias zonas de España se ha poblado de aerogeneradores, también los campos turolenses. Pero con su proliferación hemos empezado a tomar conciencia del alto impacto visual que tienen este tipo de instalaciones, y también de los altos índices de mortandad que producen en la avifauna que los atraviesa. El Gobierno de Aragón dictó en el año  2006 una orden para fijar las directrices en  la  elaboración de la Declaración  Ambiental de los  parques eólicos  que se construyan en  Aragón. Contempla la necesidad de excluir   su instalación en  ciertos lugares del territorio aragonés atendiendo a valores ambientales.
Hace unas semanas hemos conocido el proyecto de un nuevo parque eólico en el paraje de la Fuenfresca, dentro del Parque Geológico de Aliaga. Lo componen cinco aerogeneradores,  y ha sido expuesto  a información pública para que el órgano ambiental (INAGA) decida si requiere una Evaluación de Impacto Ambiental previa a su autorización. 
Nuestra intervención en el trámite de información pública de este parque nos  ha hecho reflexionar sobre  el compromiso del Gobierno de Aragón con las áreas sensibles a la instalación de energía eólica. Pensamos que debe ser más exigente a la hora de aplicar esas directrices, teniendo en cuenta no sólo el impacto que genera su funcionamiento, sino también el que se ocasiona en las fases de construcción e instalación. El movimiento de tierras y la construcción de accesos pueden afectar negativamente al patrimonio   paisajístico, geológico o arqueológico, así como a importantes reductos de ecosistemas vegetales cuya protección tenemos asumida por nuestro compromiso ambiental con el resto de la Unión Europea. También debe asumir que la protección de las aves no puede ceñirse a sus áreas de reproducción, con la declaración de las áreas ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves). Las aves tienen un espacio vital que les obliga no sólo a desplazamientos diarios alimentarse, también a movimientos  temporales de dispersión y viajes  estacionales migratorios, lo que requiere fijar corredores ecológicos que garanticen  sus movimientos sin riesgos de colisionar con los aerogeneradores. Actualmente se trabaja en instalar  sensores que paralicen las aspas cuando detectan el paso de  aves, medidas que pueden ser eficientes en algunos puntos, pero que no eximen de la necesidad de lograr corredores  libres de parque eólicos.
Igualmente creemos necesario que estos proyectos se den a conocer desde los Ayuntamientos a los habitantes de los municipios implicados, abriendo un debate racional sobre sus consecuencias socioeconómicas y medioambientales,  ya que la participación del territorio debería ser contemplada como prioritaria en las decisiones que se tomen al respecto.

*Colectivo Sollavientos

DOCUMENTACION PARQUE EOLICO FUENFRESCA  DE ALIAGA (TERUEL):







jueves, 27 de septiembre de 2012

IV FIESTA DEL CHOPO CABECERO





CUARTA FIESTA DEL CHOPO CABECERO
EJULVE
20 de octubre de 2012
PROGRAMA

10:00 h.   Recepción, bienvenida y presentación en la plaza del Ayuntamiento.     
10:10 h.   Inicio de la excursión por el río Guadalopillo donde disfrutaremos recorriendo un paisaje otoñal de chopos cabeceros en pleno Parque Cultural del Maestrazgo.
11:30 h.   Paseo por la ribera hacia el Molino Alto, atravesando los estrechos calizos y frondosos carrascales, al tiempo que reconociendo los elementos del patrimonio cultural.
12:00 h.   A lo largo de la excursión habrá una demostración de escamonda de varios chopos cabeceros por trepadores de la empresa XILOFOR.
13:00 h.   Inauguración de las exposiciones:
-         El chopo cabecero, un patrimonio a conservar en el Salón de Actos Ayuntamiento.
-         El color y la luz en nuestros bosques en la Sala de Exposiciones Ayuntamiento.
-         Majalinos 2009. La huella del fuego en el Salón de Actos Ayuntamiento.
-         Paisajes y actividades tradicionales forestales en la Sala de Exposiciones de Casa La Reina.
13:20 h.   En el Salón de Actos Ayuntamiento de Ejulve proyección del audiovisual Los chopos cabeceros, arquitectura vegetal en el paisaje de Aragón elaborado por el Centro de Estudios del Jiloca.
13. 50       Presentación de la web www.chopocabecero.com y lectura del Manifiesto para la Conservación del Chopo Cabecero
14:20 h.   Comida popular en el pabellón polideportivo.
16:00 h.   Presentación por parte de las entidades organizadoras.
Entrega del título Amigo del Chopo Cabecero 2011 y homenaje a la asociación Aguilar Natural por su trabajo en la conservación y difusión de los chopos cabeceros en el valle del Alfambra.
Participación de investigadores, asociaciones y entidades comprometidas con la conservación y defensa de los viejos chopos trasmochos.
Palabras de la A.C. Carrasca Rock (Consejero medio ambiente comarcal)
Palabras del Alcalde de Ejulve (Vicepresidente comarcal)
17:00:      Concierto del grupo Subrayado en verde (Tributo a Labordeta, Alcorisa).
La inscripción para la comida se formaliza con el ingreso de 12 euros (6 euros menores de 10 años) antes del 13 de octubre en la cuenta 3080-0021-21-2131454312 indicando el nombre y apellidos.
Organizan
A.C. Carrasca Rock–– Ayuntamiento de Ejulve – Comarca Andorra Sierra de Arcos- Centro de Estudios del Jiloca
Colaboran
CELAN – VoluntaRíos - C.E.A. Ítaca -  A.C. Majalinos – A.C. La Chaminera – A.C. Comisión Fiestas Ejulve- Maestrazgo Parque Cultural – A.D.R.I. Bajo Martín Andorra  Sierra de Arcos – Geoparks – Europa Direct – Maestrazgo Asociación Desarrollo – Plataforma Ciudadana Nuestros Montes No se Olvidan – XILOFOR
Más información: www.chopocabecero.com
Teléfono: 627 533 144
                              

sábado, 22 de septiembre de 2012

SOLLAVIENTOS EN RED (y 9)





INDIGNADX EN EL MEDIO RURAL
Olga Estrada Clavería*
Asamblea Indignadxs de Andorra (Teruel)


En mayo de 2011 una gran ola se adueñaba de las calles y plazas, un clamor común frente a la corrupción e impasibilidad política y frente a unos mercados omnipotentes capaces de engullir y someter a toda la población a sus caprichos y vaivenes. Un clamor que consiguió reunir a los históricamente indignadxs y a los todavía idealistas jóvenes creyentes en una sociedad igualitaria.

El movimiento 15 M, como así se le denominó, surgió de la confluencia de diferentes plataformas y colectivos y de la general indignación ciudadana que había “tocado fondo”.

Los medios de comunicación se hicieron eco de esta convocatoria masiva frente a la impunidad, trasmitiendo la inconformidad y quizá por primera vez, lo necesario de la implicación de la ciudadanía denunciando lo inaceptable! 

Varios municipios del Bajo Aragón Histórico iniciaron en aquel momento su particular convocatoria que consiguió aglutinar en Alcañiz, Alcorisa, Valderrobres,  Andorra,…..a las personas que en aquellos momentos planeaban sumarse desde las ciudades más próximas.   El debate se adueñó también de nuestras plazas y contó con una gran participación en sus inicios.

Tras más de un año de intenso trabajo  se fueron consolidando pequeñas  asambleas locales que con una periodicidad semanal continúan en la brecha intentando llevar adelante las  propuestas y convocatorias generales  junto a un compromiso local a través de la incidencia en las políticas municipales y comarcales.  Las asistencias a plenos  y el desarrollo de diferentes  propuestas e iniciativas relacionadas con la información pública, la participación ciudadana ó la presentación de alegaciones sobre temas de interés forman parte del trabajo de estas asambleas rurales que además establecen conexiones con plataformas y colectivos que trabajan temas comunes.

Entre sus objetivos básicos se encuentra el promover la información y el debate en aras de clarificar posturas e iniciativas y generar una mayor implicación entre los habitantes del medio rural. 

Apostando por la ciudadanía y sin unas siglas políticas identificativas, pero si con  una ideología que apuesta por trastocar el actual sistema capitalista cuyo objetivo único asienta en el beneficio económico de una minoría frente a la pobreza cada vez más extendida de una gran mayoría y la merma de la calidad de vida,  continúan un trabajo contemplado con simpatía en sus inicios y con cierto recelo en la actualidad.

Una vez al mes y rotativamente tienen lugar las “Asambleas inter- pueblos” donde se pone  en común lo realizado por cada una de las asambleas a la par que se  generan propuestas comunes. El fancine “Voces indignadxs”, autofinanciado,  recoge cuatrimestralmente la información y el trabajo realizado. 

Estas asambleas  cuentan con simpatizantes que asisten a los actos puntualmente programados, pero esto, aunque necesario, no es suficiente. Vivimos unos críticos momentos en los que  es necesario generar  profundos cambios  hacia otros modelos sociales que prioricen el valor de la vida frente al de los mercados.  Para ello son necesarias muchas más personas activas e implicadas. 

En los últimos meses muchos han sido los sectores que se han movilizado: la educación, la sanidad, los trabajadores de la minería,…..diferentes frentes en lucha por sus legítimos derechos y el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos, sin embargo hay un punto importante que los diferencia del movimiento 15M, este no reivindica asuntos propios sino que pone en cuestión  el sistema económico y político causante directo de todas estas repercusiones especialmente graves entre los sectores mas vulnerables. 

El movimiento 15M, con todos sus fallos e inconsecuencias ha conseguido hacer presente la indecencia e irregularidad de unos valores considerados inamovibles e incuestionables en torno a bancos y banqueros, finanzas y financieros, políticas y “poli…………”. Sus reivindicaciones y movilizaciones continúan. 

Aun con un futuro incierto nos atrevemos a decir: “Vamos despacio porque vamos lejos”.

*Colectivo Sollavientos




lunes, 3 de septiembre de 2012

SOLLAVIENTOS EN RED (8)





FUNCIÓN PÚBLICA: DIGNIFICAR UNA PROFESIÓN

Ángel Marco Barea*


A lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del XX, en España cada sucesión de un nuevo gobierno ocasionaba el desembarco de la burocracia que le acompañaba, con un claro sentido de pago por los servicios prestados a los intereses de quien llegaba al poder. En los cuarenta años de dictadura franquista, la situación no sólo no cambió sino que empeoró: los funcionarios estaban obligados a adscribirse al régimen que había alcanzado el poder por la victoria de las armas en contra de un gobierno democrático y sin duda  su acceso se regía por principios de favoritismo y adoctrinamiento.  No fue hasta la apertura democrática del país, con la  Constitución de 1978, cuando  se divisaron cambios en la Función Pública. 
El título IV de la Constitución, dedicado al Gobierno y la Administración, fija las bases para que la Administración Pública sirva con objetividad a los intereses generales y actúe de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Establece que los órganos de la Administración del Estado sea creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley. Que por  Ley  se regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, también de igualdad y publicidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Que los ciudadanos tengan garantizado su  derecho para acceder a archivos, registros y actos administrativos.
Su desarrollo supuso el inicio de la profesionalización de los empleados públicos. y en ese sentido, las reivindicaciones de éstos se han dirigido hacia la necesidad  de que para ejercer su trabajo con eficacia se requiere una formación, también una garantía remunerativa con el fin de no caer en viejos vicios de necesitar otro trabajo (o, peor aún, sobornos) para sobrevivir. 
A pesar de ello y de  los años de bonanza, el poder adquisitivo de los funcionarios no ha estado homologado al de otros profesionales del sector privado, ni se ha hecho una inversión suficiente para disponer de una administración pública moderna y eficaz. La clase política no ha terminado de sentirse a gusto trabajando con un cuerpo  de profesionales. Quizás estos políticos, en muchas ocasiones,  con una formación muy inferior a la de los funcionarios a los que daban órdenes y con frecuencia con menos vocación de servicio público que estos, han visto  en ellos un obstáculo para  alcanzar ambiciones particulares.
Sólo así se  entiende que en los últimos años  se hayan ejecutado acciones desde el poder, que al menos permítanme las sitúe en el límite de la línea  roja de la legalidad. Que algunos funcionarios  que han desempeñado con gran celo sus funciones se hayan visto apartados y arrinconados en su puesto de   trabajo, simplemente por  ejercer con rigor el  procedimiento marcado por la ley. Que sean  numerosas las plazas en las  relaciones de puestos de trabajo de la función pública, muchas de ellas de responsabilidad, ocupadas por  funcionarios interinos y eventuales de larga duración, debido a que año tras año esas plazas no salen a oferta pública en oposición, ni son ocupadas mediante concurso de méritos. Que tantas funciones se hayan derivado a empresas,  disminuyendo los niveles de intervención y control del destino del dinero público. Que haya crecido el número de asesores, ejerciendo, junto a los cargos de libre designación, funciones de comisarios políticos dentro de las administraciones públicas.
Me atrevo a afirmar que la inmensa mayoría de los  funcionarios que hemos accedido a un puesto público por oposición, y a los diferentes puestos de promoción interna por concurso de méritos, sentimos vocación  hacia el trabajo que desarrollamos, entre otros motivos porque aspiramos a una sociedad justa. Nuestro trabajo es  difícil de cuantificar con índices de productividad y competitividad fijados por criterios del  mercado o del sector privado. No podemos valorar la productividad de la enseñanza pública por el número de aprobados, cuando el objetivo de esa educación debe ser formar a nuestros hijos como personas y como ciudadanos. Tampoco  podemos medir la productividad  en la sanidad pública por  el número de inyecciones, de operaciones, de consultas, cuando su objetivo es llegar a todos los ciudadanos y mejorar su salud.  Más complicado aun es medir la productividad de la seguridad, la justicia o la asistencia social por el número de expedientes tramitados.
Como en otras facetas de nuestra existencia, es difícil valorar los niveles de calidad de vida por la capacidad de consumo fijada por el importe de las retribuciones, digamos que por el número de automóviles que se pueden comprar con un salario. Personalmente, me resulta más gratificante sentirme miembro de una sociedad con la que compartir sacrificios y triunfos, y profesionalmente contar con unas condiciones adecuadas para desarrollar mi trabajo, con medios y garantías para poder ejercerlo con imparcialidad y con el mejor rendimiento posible.
Podría pensarse que los funcionarios sólo  saltan a la calle cuando se les toca su sueldo y sus derechos, utilizando la  demagogia a la hora de analizar las últimas movilizaciones desencadenadas por las últimas medidas restrictivas  del Gobierno. Pero en nuestra reivindicación profesional, en nuestro  trabajo diario, venimos reclamando día a día la dignidad de esta  profesión,  precisamente porque como ciudadanos, que también lo somos, vemos necesaria una función pública independiente e  imparcial, con medios modernos para desarrollar sus funciones,  rindiendo  cuentas de los resultados al conjunto de la sociedad, a la que nos debemos. 
También es verdad que necesitamos hacer una autocrítica, por cuanto a veces la costumbre, e incluso el desencanto, puede hacernos perder el horizonte de esos principios generales de justicia e igualdad  a la hora  de repartir los derechos  y exigir deberes. No debemos olvidar nuestra responsabilidad en la gestión de los recursos públicos con el convencimiento de que éstos lo son de todos, por cuanto  debemos exigirnos la máxima rigurosidad en ello. 
Por encima de la reducción de las remuneraciones y de la pérdida de derechos que costaron muchos años alcanzar, los cambios, que venimos viviendo, están produciendo un ruptura de las reglas de la convivencia. Las decisiones unilaterales del gobierno, por decreto, se alejan de lo que debe ser un proceso de transparencia, participación, negociación y consenso. El resultado es un modelo social donde la equidad en las tomas de decisiones, en el reparto de cargas y beneficios, brilla por su ausencia. Y el desmantelamiento de la Función Pública supone la  pérdida de un grupo de profesionales  que la sociedad precisa para, con eficiencia, transparencia y sin privilegios para ciertas castas sociales,  garantizar los servicios públicos.

*Colectivo Sollavientos