Participación ciudadana: aparentar y obrar
El “complejo de Eróstrato” describe personalidades que buscan la aceptación o el éxito social a través de la apariencia. De esta manera, el disimulo sustituye al esfuerzo y al desarrollo del individuo. Las Administraciones Públicas encargadas de evaluar los impactos de las centrales de energía renovable incurren en un sucedáneo de este comportamiento. En este caso, la actuación aparente no busca una satisfacción personal, sentirse querido o sobresalir, sino hacer como que se cumple la ley, pero disimuladamente obrar en sentido contrario.
La experiencia acumulada por colectivos sociales, científicos y ambientalistas en los últimos años acredita este fingimiento por parte del INAGA y el MITECO. Es una actuación que afecta a diversos capítulos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, incluyendo el más básico: el derecho de la ciudadanía a conocer y participar en los trámites administrativos de unas macroinstalaciones que dividen vecindarios, perjudican a empresas y acaban con bancales, pastizales y bosques. Si la legislación establece criterios de trasparencia y participación, la Administración consiente, secunda y avala actuaciones que las impiden.
En primer lugar, se vicia el marco de la intervención ciudadana. Por defecto se están dando plazos de 30 días para alegar, cuando la Ley de Evaluación Ambiental prescribe que ese es un mínimo y no un máximo. En apenas cuatro semanas, agricultores, ganaderos, empresarios turísticos, propietarios, etc., se las tienen que ver con documentos de ingeniería y estudios ambientales de miles de páginas. En el caso de los clúster del Maestrazgo y Albarracín, 44.000 y 22.000, respectivamente. Con estas magnitudes, ¿hay responsable político que pueda afirmar sin sonrojo que se da cumplimiento a la legislación? Busquen sus declaraciones. ¿Se han otorgado prórrogas por parte la Administración para subsanar este déficit? No.
Es difícil encontrar una descripción más evidente del proceder disimulado del INAGA y del MITECO para neutralizar a la población en beneficio de los promotores. Pero hay más. En el clúster de Albarracín se acumularon en un solo trámite de 30 días dos procedimientos diferentes. En lugar de sumar los periodos de información pública según prevé la Ley, se mantuvo en un mes, limitando así el tiempo disponible de los vecinos para estudiar cada fase. En el Maestrazgo se solicitó el acceso al expediente del clúster, pero la Subdelegación del Gobierno en Teruel lo denegó con el argumento de que todo estaba disponible en la web.
Sin embargo, la información que se ofrece on-line tiende a presentar lagunas. El INAGA acostumbra a ofrecer la cartografía en ficheros .shp, un formato poco habitual fuera de ámbitos profesionales. Para abrirlo se requieren otros ficheros y estos no constan nunca, por lo que no se pueden consultar si no se dispone de sofisticados programas SIG. Eso significa que, por ejemplo, los agricultores o los vecinos concernidos por los proyectos eólicos de Camarillas, Ababuj, El Pobo o Cedrillas no podían concretar si sus propiedades se iban a ver afectadas por la apertura de pistas, torres de cableados, subestaciones o aerogeneradores.
Otras veces, el INAGA no ha ofrecido toda la documentación o ha estado disponible menos de 30 días. En la central eólica San Antón proyectada en Camarillas no figuró durante un mínimo de 5 el Estudio de Impacto Ambiental. Otro tanto sucedió con abundante documentación de las fracciones «Hoyalta» y «Cabigordo» de la macrocentral de la Sierra del Pobo. Tampoco en estos casos se prorrogó el plazo de información pública.
Eróstrato de Éfeso quemó el templo de Artemisa, una de las maravillas de la Antigüedad, para pasar a la posteridad. El INAGA y el MITECO, obstaculizando los derechos de la población con su obrar aparente, son colaboradores necesarios en el sacrificio del territorio, su biodiversidad, patrimonio y vecindarios.
Ivo-Aragón Ínigo
Colectivo Sollavientos
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