Si nos hacemos eco de la prensa nacional e internacional, observamos cómo España se sitúa como referente en la planificación y gestión de las energías renovables. Somos líderes internacionales, y tal como se refleja en los artículos periodísticos nacionales esta línea de actuación específica goza del aval económico y social de una buena parte de la sociedad española. Incluso es referencia para los propios Estados Unidos, que han visto en la política energética de España una guía a seguir y a trabajar.
Más específicamente, la Comunidad Autónoma de Aragón ha abanderado la puesta en marcha de una política de generación de energía renovable –el 36,48% de la energía de Aragón es renovable– y bajo la bandera de la sostenibilidad se prevé multiplicar el consumo de las mismas, con el objetivo común de redistribuir esa creciente demanda energética entre las diferentes fuentes de energía eléctrica. En esta estrategia específica, la provincia de Teruel está considerada como una de las provincias estratégicas en la generación de energía eólica en virtud de sus especiales cualidades. Varias han sido las administraciones que se han mostrado dispuestas a impulsar la generación de energía eólica, nuevamente bajo la bandera de la tan manida sostenibilidad.
Si bien es cierto que la apuesta por las energías renovables en el llamado mundo global es un aporte positivo que beneficia la estrategia de lucha contra el cambio climático, esta política de creación de numerosos parques eólicos por el Teruel interior no está ni estará exenta de debate y de cierto conflicto entre municipios vecinos. Si para unos es fuente de futuro, de desarrollo y empleo, para otros municipios será bandera de imposición por parte de la Administración Autonómica, atentado a la calidad del paisaje y fuente constante de perturbaciones en la vida cotidiana.
Aceptando el complejo debate que proviene de la puesta en marcha de parques eólicos en el Teruel interior, creo que es necesario poner sobre la mesa varias cuestiones que hasta el momento no han sido resueltas ni consensuadas por parte de las administraciones públicas:
- No se ha abordado con rigor la financiación de las entidades locales, y muchas de ellas ven en los parques eólicos la salvación a sus necesidades financieras. Si bien es cierto que existe un problema de índole municipal, muchos ayuntamientos no han realizado acciones sostenibles en materia de infraestructuras, embarcándose en proyectos que se utilizan de forma extraordinaria, tales como plazas de toros, piscinas climatizadas y otras infraestructuras que no cubren las necesidades cotidianas de los habitantes rurales. Por tanto, tiene que ser la Administración quien regule esa necesidad financiera, pero también quien sancione las acciones inversoras negativas desde el punto de vista sostenible.
- No existe una regulación ordenada de las ubicaciones de los parques eólicos. Paradójicamente, se deniega la ubicación de un aerogenerador en una zona de alto valor natural, pero sí que se acepta otra ubicación a cinco metros del punto anterior. Los parques eólicos tienen que regularse no solo desde el punto de vista ecológico sino también paisajístico y cultural. La aceptación por parte de un ayuntamiento de un parque eólico afecta no solo a su municipio, sino también a todo su entorno paisajístico. Por tanto, la Administración Pública tiene que elaborar mapas de calidad paisajística que sirvan para decidir qué áreas comarcales y supracomarcales son susceptibles de albergar aerogeneradores en virtud de su desarrollo industrial, y qué áreas quedan excluidas en virtud de su calidad paisajística y cultural.
- Aquellos municipios donde no se pueda ubicar aerogeneradores tienen que percibir unas tasas medioambientales y paisajísticas comparables a los ingresos que perciben otros por la instalación de aerogeneradores en su término.
Es necesario un debate ordenado y sereno sobre la estrategia de la Provincia de Teruel en lo concerniente a las energías renovables. Hay espacio, hay recurso, pero en este momento no hay consenso sobre el futuro de nuestro paisaje. Corresponde a las instituciones y a los ciudadanos debatir sobre ello antes de que sea demasiado tarde.
Jorge Abril
1 comentario:
Como bien comentas hay que tener cuidado y sobretodo tiene que existir consenso en las administraciones. Hace poco hemos visto como por ejemplo la legislación comarcal de Matarraña prohíbe la instalación de molinos de viento en todos sus municipios por el impacto que crea; en cambio en la vecina provincia de Castellón, los pueblos limítrofes con Monrroyo por ejemplo apoyan que en su territorio instalen estaciones de energía eólica, perjudicando así a las comarcas vecinas, donde el turismo constituye parte importante de la economía local.
Publicar un comentario