CAPTURA DE CO2: OTRA AMENAZA PARA EL MAESTRAZGO

El Boletín oficial de Aragón publica la resolución de 18 de julio de 2025, de la Dirección

General de Energía y Minas, sobre la solicitud del permiso de investigación “Maestrazgo” para

el almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Esta actividad avala el hecho de seguir

quemando combustibles fósiles y secuestrar el CO 2 generado, transportándolo por

gaseoductos o en camiones a una planta desde donde se inyectaría en el subsuelo a altísimas

presiones para que llegara a un estado líquido-pastoso en el que se supone que permanecerá

atrapado para siempre en un almacén geológico estanco. En este caso la inyección se realizaría

en los términos de Villarluengo o Tronchón, o Mirambel o Cantavieja o Cañada de Benatanduz,

que son los municipios sobre los que se proyecta.

Se trata de una clara propuesta surgida desde el tecno-optimismo y la visión economicista de la

empresa que la pretende, pero la realidad es siempre más compleja : las capas subterráneas

no siempre son estancas al cien por cien y pueden existir fisuras por donde se fugue el dióxido

de carbono capturado, así como también pueden darse movimientos estructurales del terreno

que provoquen la fuga del gas al exterior.

Este proyecto no es nuevo en el Maestrazgo, pues ya a finales del siglo pasado se habló de

capturar CO 2 de la Central de Andorra para inyectarlo en el subsuelo mediante una tubería que

llegaría hasta los términos de Ejulve o Villarluengo. La opción fue descartada por los costes y

por la falta de consistencia científica, pues la captura no estaba garantizada y se podían

producir fugas. Luego ya se planteó el cierre de la Central y todo quedó en uno de los muchos

proyectos prometidos como el maná para salvar a los habitantes de estos territorios remotos.

Este nuevo proyecto para el Maestrazgo, un territorio con los valores naturales excepcionales

que han quedado puestos en evidencia al analizar otras propuestas planteadas, seguro que

nos lo querrán vender como fuente de inversiones y riqueza, como hacen siempre las

empresas que buscan enriquecerse con ellos. Es algo que nadie se atrevería a plantear en la

sierra de Madrid, por ejemplo, pero sí en una comarca de Teruel donde parece que nadie se va

a oponer, donde los espacios naturales se quieren poner al servicio de especuladores y

desarrolladores de proyectos confusos y potencialmente peligrosos, que degradan

significativamente los valores naturales.

Sin tener aún los datos totales del proyecto, pero con la referencia de otras propuestas

similares o estudios presentados en otras zonas, se puede afirmar que es perjudicial para el

Maestrazgo y supone un significativo deterioro. Éste se sumaría a la hipotética implantación

desordenada de centrales eólicas, que juntos podrían aportar economía a las arcas

municipales, pero no revertir la despoblación.

Desde Sollavientos apostamos por proyectos endógenos respetuosos con el medio ambiente y

el paisaje y rechazamos los proyectos no contrastados de empresas sin escrúpulos cuya única

finalidad es enriquecerse y experimentar en zonas que no les pongan trabas y se pueda

generar poco rechazo social.

Gonzalo Tena Gómez - Colectivo Sollavientos

Sabadell, Seno, minería de arcilla, camiones*, dúo camión**, vías catalogadas y no catalogadas.

Vista  de la explotación de la mina Valdecastillo

Sabadell, la ciudad donde resido se encuentra a una distancia de aproximadamente 300 kilómetros de Seno. ¿Qué hay en Seno? Pues poca gente, cada vez menos, a excepción de la temporada de verano y las vacaciones de agosto que el pueblo se llena de veraneantes. Igual que en el resto de las poblaciones de aquella provincia. Nací en Seno. Vinimos a Barcelona en 1968. Tengo 64 años. Mantengo lazos emocionales fuertes con mi tierra. Seno dispone de arcilla blanca. Los geólogos y los Ingenieros Técnicos de Minas lo saben y conocen. Las empresas mineras también. Pamesa, Vesco, SAMCA, INTRASA, Porcelanosa, Minera Sabater y otras de que me olvido. Que más da, todos lo conocen, bueno, saben de su arcilla. La arcilla que se encuentra en los pueblos de Teruel. Las arcillas que cantó José Antonio Labordeta.

La arcilla se transporta a Castellón de la Plana porque allí se emplea para la industria cerámica. Esta es muy importante porque dependen miles de puestos de trabajo en las fábricas de Castellón. Miles de personas dependen de ella. La arcilla de Teruel es más económica que la de Ucrania y lo va a ser más a partir del 23 de octubre de 2025. ¿Por qué? Pues por la entrada en vigor de una Orden Ministerial, la Orden PJC/780/2025, de 21 de julio, por la que se modifican los anexos II, IX, X y XVIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre***. Esta norma significa una revolución en el transporte por carretera. Se aumenta significativamente la capacidad de carga de los camiones, se libera la circulación de dúo camiones y los euro- modulares. Les resumo: los cinco ejes de 40 toneladas de MMA (masa máxima autorizada) se pasará a 44 o incluso 46 t, según casos y los dúo camiones o euro modulares podrán transportar hasta 72 t con una longitud hasta de 32 metros. 

Voy leyendo en prensa que desde el “Transporte” · se está gestionando la posible jubilación anticipada involuntaria para transportistas, siempre que reúnan los requisitos que establece la Seguridad Social. ¿Habrá exceso de camioneros? No se sabe, pero si un dúo camión arrastra dos remolques, hagan ustedes su cálculo.

Las empresas mineras deben de llevar a cabo los planes de restauración de las explotaciones que les autoriza el Estado. ¿Se lleva a cabo la restauración? Según la Dirección General de Minas en 2024 esta refiere: “Asimismo, hay que tener en cuenta que, según los datos de los planes de labores, el 46% de la superficie afectada se encuentra en fase de restauración****”

Teruel dispone de autovías, carreteras nacionales, autonómicas y provinciales, incluso 46 vías no catalogadas. Yo aún no sé lo qué es una vía no catalogada.

Siete alcaldes y alcaldesas de varios pueblos de Teruel, entre ellos la de Seno, se han reunido con las autoridades autonómicas y de la Diputación para abordar la siniestralidad, la seguridad, el intenso flujo de camiones y el miedo, sí, el miedo que tienen y sienten las personas ante esa avalancha de camiones que pasan por sus pueblos especialmente en el Mas de Las Matas y Aguaviva. El problema no es solo turolense, afecta a todos los municipios de la provincia de Castellón, los pueblos por donde discurre la CV-14 hasta Morella.

Las diferentes autoridades con competencia en seguridad vial, del tráfico y las carreteras y vías no catalogadas tendrán que asumir sus responsabilidades y las tienen sobre la seguridad de dichas vías y si ellas se encuentran preparadas para soportar esa MMA (masa máxima autorizada) de 44 t o 72 t y longitudes para esos vehículos (euro-modulares) de hasta 32 metros. El asunto es serio, mucho.

¿Queda arcilla en Teruel? Supongo. ¿La arcilla es un recurso renovable? No, no lo es. 

¿Qué se puede hacer o qué hacemos algunos ciudadanos? Pertenezco a la PAMT (Plataforma de Afectados por la Minería en Teruel). Soy consciente de nuestra debilidad y fragilidad ante el Estado y las empresas de cerámica y mineras. Sé que ellas disponen de excelentes profesionales, lo sé, porque he trabajado en una empresa industrial multinacional. Lo que deben hacer es: restaurar todas las minas que explotan, todas las minas; contribuir en la reparación y mantenimiento de todas las vías por las que circulan los camiones. Respetar las normas de tráfico que ya les digo no se respetan, en la TE-38 no se respeta la velocidad limitada a 50 km/h.

¿Qué haremos nosotros? Seguir con nuestras alegaciones a los permisos de investigación y concesión de explotación. Dirigirnos a las autoridades para exigir el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad vial, tráfico, restauración de minas y todo lo que sepamos y conozcamos. Tenemos obligaciones como ciudadanos, pero también derechos.

Alfonso Perdiguer Blasco

Sabadell, 26 de julio de 2025

*    Ver definición en Reglamento General de Vehículos.

**    Conjunto de vehículos de transporte de mercancías de gran tamaño, compuesto por una cabeza tractora y dos semirremolques unidos por un enlace, diseñado para transportar el doble de carga que un tráiler estándar con menor impacto ambiental. Estos "supercamiones" pueden alcanzar hasta 32 metros de longitud, 4 metros de altura y 2,55 metros de ancho, y tienen una masa máxima autorizada de hasta 72 toneladas. 

**   La fecha en la que se aprobó el Reglamento General de Vehículos

***   La fecha en la que se aprobó el Reglamento General de Vehículos

****  https://www.aragon.es/documents/d/guest/resumen-sector-minero-dgem-abril-2024-1

La transición energética y la manipulación de la ciencia

José Luis Simón Gómez (*)

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recibió hace unas semanas una carta que le dirigieron diez entidades científicas. En ella le mostraban su preocupación por el impacto negativo que el megaproyecto eólico “clúster Maestrazgo” tendría sobre el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio geológico de esa región. En particular, consideraban dicho proyecto incompatible con los objetivos de conservación de la Red Natura 2000, la protección de los Lugares de Interés Geológico, o la trayectoria de décadas del Geoparque del Maestrazgo (Global Geopark de UNESCO) en la puesta en valor de ese patrimonio.

Entre las entidades firmantes había dos departamentos de la Universidad de Zaragoza (Ciencias de la Tierra, Geografía y Ordenación del Territorio), pero también sociedades de alcance nacional como la Sociedad Geológica de España, la Sociedad Botánica Española, la Sociedad Española de Geomorfología, la Asociación para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, o la Sociedad para la Conservación y el Estudio de las Mariposas. Se trata, por tanto, de una representación relevante de la comunidad científica estudiosa del medio natural, que solicita al Ministerio la paralización cautelar del proyecto “clúster Maestrazgo” en tanto no se aborde una ordenación racional del despliegue de energías renovables. 

La llamada transición energética (reformulada luego, de forma bastante cínica, como transición ecológica) está haciéndose a toque de corneta, guiada por axiomas que parecen no admitir discusión (electrificación total, descarbonización sin renuncia al crecimiento…), pilotada por los mismos agentes económicos cuya ambición ha sobrepasado ya muchos de los llamados límites planetarios. Tal vez desde el punto de vista del empleo pueda estar siendo una transición justa: ahí están las promesas de la economía verde, que las fuerzas sindicales abrazan con entusiasmo. Pero, desde luego, no es justa para los espacios naturales protegidos que se ven asaltados por colosales instalaciones industriales, ni para los territorios rurales que creyeron ver en las políticas europeas una nueva vía de desarrollo acorde con sus usos tradicionales y vagan ahora desorientados.  

La transición energética/ecológica tiende a arrogarse una suerte de legitimidad científica: son los científicos quienes primero alertaron del calentamiento global, y quienes dibujan el futuro que nos espera si continuamos quemando combustibles fósiles. A partir de ahí, como en un imparable proceso en cascada, la ciencia proporciona la coartada al “todo eléctrico”, promete abastecernos de los metales estratégicos que necesitaremos para ello, y da argumentos “racionales”, a través de los estudios de impacto ambiental, para disimular y maquillar los daños colaterales que las grandes instalaciones de energía eólica y fotovoltaica causan en el territorio. 

La carta dirigida a la ministra es una llamada de atención contra la manipulación de la ciencia por un sistema económico que busca perpetuarse teñido de verde. Las dudas que suscita el desordenado despliegue de las energías renovables no nacen de la irracionalidad ni del “negacionismo”; nacen del conocimiento científico, del exquisito respeto a los valores del medio natural, de la constatación del escaso rigor técnico que tienen la mayoría de los proyectos, de la consternación por el sacrificio del paisaje y la biodiversidad que esa sinrazón provoca. No se equivoquen: el mercadeo especulativo de las renovables no tiene el amparo de la ciencia. De su lado está el poder, pero no la razón ni el conocimiento.

(*) Catedrático del Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza

DNI: 18912626W

Tel. 638 49 87 24

e-mail: jsimon@unizar.es

Los PIGA contra los pueblos

Con frecuencia, políticos y periodistas emplean en sus declaraciones y noticias términos como «PIGA». Se sobrentiende que la sociedad conoce su significado, e incluso sus implicaciones y consecuencias. Lo primero es dudoso, lo segundo, aún más. «PIGA» son las siglas de Proyectos de Interés General de Aragón, una figura que se creó para facilitar los trámites de aquellas iniciativas que se prejuzgan como prioritarias o estratégicas en la comunidad autónoma.

Los proyectos que se acogen a esta declaración suelen afectar a varios municipios o, si se radican en un único término municipal, su magnitud económica y medioambiental trasciende a dicho ámbito. Es el caso de grandes equipamientos e infraestructuras industriales, de servicios y de ocio. La figura de PIGA estaba prevista como un recurso excepcional, sin embargo, se están convirtiendo en un lugar común, lo cual genera una lógica controversia. 

Piensen, por ejemplo, en macroproyectos de energías renovables. Se acogen a la calificación de «interés general», aunque en realidad se lleven la electricidad fuera de Aragón y sean propiedad de fondos de inversión extranjeros que buscan su rentabilidad por encima de las prioridades y necesidades de nuestra sociedad. En otras palabras, y en estos casos, son proyectos de gran interés para unas pocas empresas y muy pequeño para los territorios donde se implantan. 

En efecto, la consideración de una de estas inversiones como «PIGA» implica que un consistorio deje de cobrar tributos y tasas, como el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) o el pago de la popular licencia de obras. Si analizamos dos casos actualmente en tramitación para ser declarados PIGA, se entenderá mucho mejor.

El primero es el Proyecto Catalina, una central de hidrogeno con un gaseoducto hasta Caspe y siete parques eólicos y seis fotovoltaicos repartidos en trece pueblos. Según el promotor supone una inversión de unos 2.000 millones de euros. Calculando el 4% habitual, se traduce en que se dejará de ingresar alrededor de 80 millones en concepto del ICIO. La exención de la licencia urbanística, que suele ser, la más reducida, del 1%, supondrá una pérdida de 20 millones. En definitiva, los ayuntamientos de Andorra, Alcorisa, Calanda, Alcañiz, Foz Calanda, Los Olmos, Alloza, La Mata de los Olmos, Crivillén, Cañizar, Castel de Cabra, Estercuel y Torre de Arcas dejarán de percibir alrededor de cien millones de euros.

Otro proyecto que está en vías de obtener la calificación de PIGA es el denominado «Turboleta», una fábrica de biogás y combustible de aviación «verde» en Teruel que requiere del consumo de gas natural e ingentes cantidades de agua. A esta planta se suman dos centrales eólicas de 29 aerogeneradores, una central fotovoltaica de 200 hectáreas y seis macroplantas de biometano en Alfambra, Caspe, Tauste, Alcolea de Cinca, Peñalba y Zaidín, con el consiguiente hedor aparejado a esta producción. El total de ingresos que perderían los ayuntamientos de Teruel, El Pobo, Cedrillas, Formiche, Celadas  y Corbalán se cifra en unos 40 millones en el ICIO y 10 millones en la tasa de licencia urbanística, considerando el coste, que según la empresa serían más de 1.000 millones.

El Gobierno de Aragón, según explicaban fuentes del Ejecutivo hace unos días, percibe estas pérdidas de recursos públicos de manera muy distinta. Entiende que el ICIO se cobra en concepto de supervisión y preparación de las obras, que en este caso un ayuntamiento no asume porque lo hace directamente el Gobierno, y habla de beneficios indirectos por la implantación de las empresas a las que se les concede el PIGA. Sin embargo, consistorios que ya han experimentado esta «lógica», como Villanueva de Gállego a propósito de un centro de datos, no están nada de acuerdo con dicho planteamiento.

Desde esta Plataforma siempre hemos defendido que el dinero no compensa las pérdidas que los macroproyectos causan al paisaje, al territorio y a las actividades económicas ya existentes, pero es el colmo que se implanten sin aportar lo que se cobraría a cualquier otra empresa o sin que paguen lo que abonan los vecinos cuando construyen una vivienda. Si se llevan a efecto proyectos como Catalina o Turboleta, los ayuntamientos y sus vecinos sufrirán una pérdida de ingresos millonaria y, a cambio, los promotores habilitarán cuatro acciones calificadas de «sociales» sin más valor que el de limpiar su imagen.

Esta es la verdadera cara de la «transición justa». Al expolio de Aragón solo le faltaba la fórmula del PIGA, que debería ser excepcional, para dejar sin la mínima compensación a los pueblos y ciudades que sufrirán las consecuencias, pues no debe olvidarse que estos proyectos conllevan consumos de agua, suelo y generación de molestias cotidianas que se mantendrán mientras funcionen. El interés general de Aragón debería favorecer a su población y no a las multinacionales o fondos de inversión que solo buscan la rentabilidad económica. La pregunta es por qué se anteponen a las necesidades de los pueblos.

Javier Oquendo e Ivo Inigo

Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y Colectivo Sollavientos

OPINIÓN -SILENCIO ADMINISTRATIVO

Hace tiempo que se habla de forma recurrente sobre transparencia, participación e implicación de la ciudadanía y democratización de los trámites administrativos. Esta música suena bien y se ha legislado para hacerla realidad. Leyes como la de evaluación ambiental, la del sector eléctrico y, sobre todo, la de participación ciudadana, tratan de garantizar los artículos 23 y 105 de la Constitución sobre el derecho de las personas a participar en los asuntos públicos y en la elaboración de normas, y a acceder a los documentos de las Administraciones Públicas, además de trasponer tratados internacionales y algunas directivas europeas.

Sin embargo, no hay legislación que haya doblegado un vicio ancestral de la burocracia española, el silencio administrativo, que consiste en no darse por aludido porque no se quiere, porque no se tienen argumentos o porque se está saturado de trabajo. Luego, cuando se dan, hay respuestas con trampa, como contestar que el asunto por el que se pregunta no es competencia del órgano interpelado. Claro está, esa solicitud debería ser automáticamente redirigida a la entidad competente, pero sería garantizar demasiado los derechos de la ciudadanía, por lo que no es una práctica habitual.

Todas estas afirmaciones no son fruto de una situación puntual, sino que responden a una constante. La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel ha presentado más de 40 solicitudes de información sobre distintos proyectos renovables en la provincia de Teruel a las administraciones locales, autonómicas y nacionales con el objetivo de conseguir la mejor evaluación ambiental y una implantación respetuosa con la economía, la sociedad y el medioambiente del territorio. Solo en cuatro ocasiones hemos recibido contestación, siempre evasivas o desviándose a cuestiones no planteadas.

Un caso especial por su gravedad dentro de nuestra experiencia es el del Clúster del Maestrazgo. Paisajes de Teruel ha solicitado información sobre alegaciones, recursos de alzada sin resolver y sobre la suspensión de procedimientos y autorizaciones. En ningún caso se nos ha atendido. Sin embargo, lo más llamativo ha sido lo relativo a quiénes participaron en la evaluación ambiental. Hemos pedido conocer qué funcionarios intervinieron en la redacción de la Declaración de Impacto Ambiental. Esta petición está legalmente reconocida a la ciudadanía, que, como administrada, tiene derecho a saber quién le administra. Se nos contestó en una ocasión de forma evasiva, ante lo cual hemos repreguntado en seis ocasiones. Tras varios meses…, silencio administrativo. 

Háganse cargo, responder a esta cuestión es tan fácil como abrir un listado, leer asignaciones de trabajo, copiarlas y pegarlas en un mail. Es un silencio tan espeso e injustificable que, en nuestra opinión, y junto con otros indicios, solo puede ocultar una cosa: no hubo funcionarios a cargo de la Declaración de Impacto Ambiental del Clúster del Maestrazgo. Claro, que eso sería, presuntamente, un delito por parte de la dirección de evaluación ambiental del MITERD, llegando por mera lógica la responsabilidad in vigilando hasta su cúspide: la entonces ministra Teresa Ribera, actual comisaria europea.

El silencio administrativo demuestra, en el mejor de los casos, falta de criterio, cosa harto extraña dado el valor de los funcionarios y su preparación. En el peor de los escenarios apunta sospechosamente, como en el Clúster del Maestrazgo, a encubrimiento, favorecimiento de intereses ilegítimos e, incluso, prevaricación en los procedimientos administrativos.

Ivo  Inigo  y Javier Oquendo

Colectivo Sollavientos y Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel

GEOLODÍA 2025 / EN ARAGÓN

 

I. JORNADAS GEOLOGICAS VAL D'ECHO (HUESCA)

 

FINCAS, CONTRATOS Y RENOVABLES: MANUAL DE INSTRUCCIONES

La información que se va a exponer a continuación no debería encontrarse en un artículo, sino que tendrían que facilitarla las instituciones que dicen velar por los ciudadanos, lo que, por lo visto, es mucho suponer cuando incumbe a cuestiones de energía. Todo lo que sigue es fruto de la experiencia acumulada a raíz del Clúster del Maestrazgo y afecta a los intereses de las personas y a su derecho a que no les tomen el pelo.

La oferta de contratos de arriendo de terrenos para instalar centrales de renovables se basa en dos supuestos: si no tomas lo que te dan, te expropian (esto se ha expuesto en cartas de Forestalia remitidas a propietarios) y, si te expropian, cobrarás en función del valor catastral de tu parcela. Lo primero es una verdad a medias y lo segundo es falso. El objetivo de estos supuestos es apabullar al dueño, que cobre lo menos posible y librar a la compañía promotora de toda responsabilidad a la hora de desmontar la central renovable cuando cese su actividad.

Lamentablemente, los ayuntamientos interesados en que se ejecuten las centrales en su término suelen apoyar la versión del promotor en lugar de exponer a sus vecinos todas las opciones, aunque puede que las desconozcan. Esta ignorancia es más dudosa en gobiernos autonómico y estatal, que no hacen nada por informar. Las personas están solas frente a la «Gran Coalición»: empresas y gobiernos.

Comencemos con la oferta económica, en concreto, con el caso de un particular afectado por varias instalaciones del Clúster. Le ofrecieron 24.000 € en un pago único, se trata de varias torres de la línea,  y es lo que hubiera cobrado en caso de aceptar, pero no lo hizo. Ahora le ofertan 120.000 €. Esto no sentará nada bien a aquellos que confiaron en lo que les dijeron. ¿No era que tomabas lo que te ponían delante o te expropiaban? Ya ven que no.

La responsabilidad del desmontaje de la central cuando llegue el momento es una cuestión mucho más delicada. Los contratos expresan que esta obligación recaerá en la corporación poseedora del proyecto y arrendataria de la parcela. En el caso del Clúster del Maestrazgo, después de que Forestalia lo vendiera, es CI IV TERUEL HOLDCO S.L.U. ¿Y qué pinta Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)? Este fondo pondrá el dinero, pero la responsable de la instalación es TERUEL HOLDCO.

¿Resulta problemático que TERUEL HOLDCO sea la responsable y no CIP? Lo es. ¿Por qué? Porque es una sociedad unipersonal con 3.016 € de capital y propietaria de la veintena de empresas que componen el Clúster, todas con un capital semejante (www.einforma.com, www.datoscif.com). En definitiva, un tinglado que es más fácil que quiebre, o hacerlo quebrar, que CIP, con 32.000 millones de euros (www.cip.com). Con semejante riqueza, ¿por qué no asume CIP la titularidad del proyecto? 

La cuestión es que TERUEL HOLDCO es responsable del Clúster. ¿Qué sucederá si se produce un escenario de insolvencia? Pues que la responsabilidad del desmontaje recaerá sobre el arrendador y dueño de la parcela. ¿Por qué? Porque los contratos que ofrecen a los particulares son superficiarios, lo que quiere decir que el poseedor de la finca asume la responsabilidad de lo que hay sobre su superficie si desaparece el arrendatario. Desmontar una turbina antigua y las infraestructuras que lo rodean cuesta unos 50.000 €/MW, por lo que desmantelar un aerogenerador del Clúster superará los 300.000 € (Javier Galván, 2024, TFG, Universidad de Zaragoza). 

Lo expuesto obliga a plantear qué supone una expropiación forzosa ordinaria. Para que se produzca tiene que haber una Declaración de Utilidad Pública (DUP) por parte de la Administración, lo cual conlleva una tramitación que puede concluir positiva o negativamente. Vamos a dar por descontado que la DUP se obtiene. En este supuesto, habrá un jurado que, en caso de no acuerdo, determinará un justiprecio en base a la indemnización que pide el propietario, a la que ofrece el promotor y a su propio criterio (www.mpt.gob.es). Por eso es tan importante no firmar lo primero que un promotor te pone delante, sino aguantar para que suba la oferta. También es recomendable encargar peritajes independientes. La persona que hemos citado antes cuenta con una pericial que avala un justiprecio de más del doble de la última propuesta de la empresa.

La ventaja de enajenar una finca en una expropiación es que, ante eventuales dificultades de las compañías, la responsabilidad recaerá sobre la Administración expropiante. Por otra parte, la seguridad legal es mayor que mediante contratos ordinarios y, además, se trata de una expropiación temporal, ya que cuando finalice la vida del proyecto los bienes se reintegrarán a su dueño o a sus herederos. Se entiende la urgencia de las corporaciones en hacer firmar acuerdos: se ahorran responsabilidades, mala imagen y un trámite lento e incierto. Por el camino, intentan engañar a la gente transmitiéndole la idea de que sus tierras no valen nada y que les están haciendo un favor.

Una última cuestión: lo que se acaba de explicar es extensible a otras iniciativas. Desconfíen de un inversor que quiere desarrollar una instalación industrial sobre una parcela sin comprarla. De cualquier manera, consulten a un abogado, investiguen a la empresa, establezcan exigencias altas o que igualen la máxima oferta, y prevean cauciones ante un traspaso del proyecto. En caso de que hayan firmado y se sientan engañados, averigüen si fue un acuerdo abusivo y si es denunciable.

Si el único motivo por el que compensa destruir el medioambiente y el paisaje de nuestros pueblos es el dinero, las personas deben conocer sus derechos y todas las posibilidades al alcance de su mano. Así, podrán decidir de modo consciente e informado.

Colectivo Sollavientos-Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel

SOLLAVIENTOS MONTARAZ Y CORDIAL: UNAS PINCELADAS SOBRE EL ENCUENTRO DE PRIMAVERA.

Vista del Valle del Alfambra desde el punto geodésico de la Hoyalta Alta

Tiremos de diccionario -sana costumbre- . El de la RAE define “montaraz” en su acepción 1 como “que anda o está hecho para andar por los montes o se ha criado en ellos” y en la 3: “guarda de montes o heredades”. Para “cordial” nos da: 1, “que tiene virtud para fortalecer el corazón” y 2, “afectuoso, de corazón”;  oséase, nosotr@s mismo@s.

Dos magníficas marchas montañeras nos despachamos: el sábado 29 ascendiendo a la cumbre de Hoyalta (topónimo paradógico) a 1760 m s n m, techo de la sierra del Pobo, con el aliciente de un fuerte viento gélido que no impidió las explicaciones de nuestros sabios especializados en Geología, Hidrología, Botánica, Historia y Pajarología (pajareo, no). Primera parada en la fuente del Chorrillo.   Fuimos advertidos de que la Falla del Pobo (ya la quisieran en Valencia), de un desnivel de 800 m., cada 8 a 10 mil años pega un salto de unos 1,5 m., generando un terremoto (menos mal que no nos pilló el último).

Saludamos a la bella y humilde Potentilla cinerea, “heraldo de la primavera” con su vivo color amarillo en pequeños rodales de un verde ceniciento, pegados al suelo para esquivar los vientos.

Admiramos el Erodium celtibericum, endemismo de la Cordillera Ibérica oriental, descrito por Cavanilles, catalogado como especie amenazada por el gobierno de Aragón, y, por ende, debería ser un escudo efectivo contra la industrialización de los montes.

Porque, efectivamente, hay un funesto proyecto de industrializar esta cumbre sembrando en ella molinos eólicos gigantes: el proyecto Turboleta, de una planta de combustible “sostenible” para los aviones, que supone la construcción de una central eólica en montes de Corbalán, El Pobo y Cedrillas, que le proporcionaría la energía. Si ya una vez libramos estas lomas de la metálica siembra mediante nuestras sufridas alegaciones en colaboración con el rocín, esta vez no va a ser menos. Estamos en ello con el tremendo obstáculo añadido de una administración poco apta para sus menesteres.

Desde la cresta, bien frescos y ventilados contemplamos allá abajo el majestuoso valle del Bajo Alfambra, con sus retazos verdes y amarillos desvaídos y sus tierras rojas y los pueblos (Escorihuela, Alfambra, Peralejos…).

Ya en la cima, al refugio a almorzar.

Y descenso, con la tropa desperdigada.

El chef de la casa rural Las Santas de Allepuz, Àlex Pérez, con la ayuda de Maite y de su asistente Alejandro, nos preparó un exquisito y copioso menú de especialidades magrebíes, rematado por un cuscús insuperable y el postre (baklava), regado con un tinto elaborado y etiquetado allí, muy bien valorado. Y nos lo comimos y bebimos todo.

Una miaja de sobremesa y para arriba para celebrar en la biblioteca y sala de investigación nuestra asamblea de primavera, presidida por la escultura-árbol de José Azul, el Premio Amigo del Chopo Cabecero que recibimos el otoño pasado en la fiesta de Pancrudo, previo desgarro de sábanas en tiras que serían útiles al día siguiente, como veremos más adelante.

La segunda marcha por los montes fue al día siguiente, domingo 30, el día cordial. En ésta nos unimos a la multitud, camino del Corazón de las Sargantanas. Habíamos partido a pie desde el km 50 de la carretera La Iglesuela-Mosqueruela (A-1701). Íbamos a abrazar unidos por los retales de sábanas recortados el “Corazón del Maestrazgo” en un acto de amor reivindicativo por la tierra salvajemente amenazada por el Clúster Maestrazgo” (ahora Clúster Teruel, ¡oh!), “el proyecto eólico más grande de Europa”: el asesinato de nuestra emblemática comarca, la puntilla a su biodiversidad y a su población: 21 centrales eólicas sumando 125 molinos de 200 m de altura (con sus estaciones transformadoras y sus líneas de alta tensión), autorizados por el gobierno central y auspiciados por un fondo de inversión danés (ni los ministros socialistas ni los inversores habrán pisado el Maestrazgo, si no, seguro que la cosa pintaría de otra manera, y el Corazón y su emplazamiento hoy no serían tan famosos). La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, junto a la Fundación Quebrantahuesos, Teruel  Existe y la plataforma No a la MAT han formalizado la exigencia a la judicatura de medidas cautelares que paralicen las obras ante todas las irregularidades del proyecto y las gravísimas afecciones que supone.

Pero, volvamos al emotivo y grandioso abrazo:  Allí estábamos cinco centenares y medio de personas, la mayoría pertrechadas con chalecos reflectantes, con los brazos extendidos rodeando el contorno del Corazón, con todo el Maestrazgo en el nuestro. La formación de estratos cretácicos plegados y erosionados es mucho más grande de lo que aparenta en los mapas: los del ventrículo derecho casi no distinguíamos a los de la aurícula izquierda. Pasó un dron y filmó el perímetro humano.

La comida de hermandad fue en el pabellón deportivo de Mosqueruela. En medio del estrépito la gaita de hueso -cúbito- de buitre y la dulzaina del virtuoso Fran López, de Palomar de Arroyos, alzó sus potentes notas hasta la cubierta del recinto: un hermoso colofón festivo a la jornada para quienes marchábamos.

¡EL MAESTRAZGO NO SE VENDE!

Gonzalo Tena Gómez

Colectivo Sollavientos