La pasada semana se celebró en Zaragoza la 5ª Conferencia Internacional de Geología Profesional. El programa incluyó una interesante mesa redonda sobre Minerales críticos y políticas mineras regionales: estrategias para un futuro sostenible, en la que participaron los directores generales de minería de los gobiernos autonómicos de Aragón, Andalucía y Galicia. El coloquio discurrió por los cauces que cabe imaginar a la vista del prometedor título. Los mensajes centrales, unánimes, fueron: (1) La minería es más necesaria que nunca en este momento crítico en que hacen falta nuevos minerales industriales para la transición energética. (2) La minería moderna, asistida por tecnologías antes inexistentes, e imbuida de compromisos ambientales a los que obliga una legislación cada vez más exigente, no incurre ya en los excesos del pasado y puede ser ‘sostenible’. (3) La colaboración público-privada es la clave de esa sostenibilidad: los intereses (legítimos) de las compañías mineras no tienen por qué ser incompatibles con los de la sociedad. (4) Es necesario hacer pedagogía con la población local, a fin de que comprenda los beneficios que le reporta la minería en su entorno, más allá de las voces minoritarias (ecologistas, plataformas locales…) que se oponen.
El director general de minas de Galicia, Pablo Fernández, hizo especial hincapié en este último punto. Admitió que en esa comunidad ha habido en las últimas décadas una notable contestación social a algunos proyectos mineros de gran impacto, consecuencia seguramente de las malas prácticas del pasado. Ese factor, junto al exceso de burocracia requerida para conseguir los permisos y a la tendencia regresiva de la minería metálica en general en España, ha retraído el desarrollo del sector. Pero el panorama empieza a cambiar, impulsado por la necesidad de nuevos materiales específicos para la industria tecnológica. El actual gobierno autonómico, en un alarde de valentía política frente la ‘demonización’ de la actividad extractiva, ha aprobado una Agenda de Impulso a la Minería Sostenible 2030 que busca conciliar el desarrollo económico con la conservación ambiental y la aceptación social. Este mensaje lo había expresado muy bien hace unos meses la presidenta de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, Cecilia Trancón, en la apertura de la jornada Galicia, clave na autonomía europea de minerais: «El gran desafío es pasar de la minería como imagen de destrucción a la de construcción, a la de una minería aliada para nuestro progreso».
También Andalucía tiene un plan similar y con un horizonte común: Estrategia para una Minería Sostenible 2030. Se concibe como un instrumento de fomento económico al servicio de la transición ecológica y digital que afronta Europa, pero busca la sostenibilidad ambiental, económica y social del sector poniendo a las personas en el centro y buscando el mayor valor añadido en el territorio. El director general, Jesús Portillo, resaltó que Andalucía dispone de una gran cantidad y variedad de recursos minerales, que deben ser aprovechados de un modo racional y respetuoso, cumpliendo toda la normativa medioambiental sobre minimización de impactos y restauración, y buscando siempre la colaboración de todos los agentes implicados.
La directora general de energía y minas de Aragón, Yolanda Vallés, resaltó la importante contribución de nuestra comunidad autónoma a la transición energética, sustituyendo en pocos años la minería del carbón y la producción eléctrica basada en ese combustible (cierre de las últimas minas y de las centrales de Escucha y Andorra) por el actual despliegue de energías eólica y solar. Clausurado el carbón, el futuro está ahora en la minería de arcilla, que en la provincia de Teruel es un sector estratégico como suministrador de materia prima a la industria cerámica de Castellón. La directora general informó de que actualmente la provincia turolense es la mayor productora nacional de arcilla, con 56 explotaciones activas, algo de lo que Aragón y Teruel «pueden sentirse orgullosos». Admitió, eso sí, que la minería de arcilla fue en el pasado una actividad «un poco desordenada», si bien las nuevas explotaciones se caracterizan por prácticas serias y rigurosas que garantizan su sostenibilidad y merecen su plena aceptación social; sólo hemos de saber comunicar bien a la población los múltiples beneficios que generan.
Al final de la mesa redonda pedí intervenir para introducir otro punto de vista en ese escenario optimista, casi idílico, que los tres directores generales habían dibujado. Me confesé solidario con quienes en Galicia se sienten agredidos por la minería a cielo abierto, y precisé que también en Teruel crece la contestación social a la invasión de explotaciones de arcilla. Afirmé que no puede construirse un futuro nuevo con herramientas viejas, y que el sector de la minería sigue anclado en un viejo paradigma que nadie puede o quiere cambiar: (i) una ley estatal de minería preconstitucional que otorga derechos a las empresas y ninguno a la población local; (ii) una falta de planificación, sea por intereses corporativos o por simple desidia e incapacidad de la administración; (iii) un sistema perverso de evaluación ambiental, que da a las empresas promotoras la prerrogativa de conducirla ellas mismas; (iv) una tradición de mala praxis en la investigación y el desarrollo minero, con grave ignorancia del conocimiento geológico de los yacimientos y una ausencia de método y racionalidad en las explotaciones que hace virtualmente imposible su correcta restauración; (v) una normativa de restauración ineficaz, que facilita que cualquier empresa incumpla sus obligaciones con el solo peaje de una cantidad irrisoria depositada en concepto de aval; (vi) una incomprensible permisividad de la administración, basada en su tradicional vocación de apoyo al sector y que, aún hoy (por mucho que se repita el mantra de que las prácticas han cambiado), mantiene viva en el empresariado minero la consigna del ‘todo vale’.
No sé cuál fue el efecto de este alegato en los componentes de la mesa y en el público. No era un ambiente propicio para que nadie viniera al final a felicitarme ni a solidarizarse conmigo. Como todas las mesas redondas, lo que pueda quedar de ella no son los acuerdos a los que se llegue (no es su objetivo) sino las reflexiones que cada cual se haga al escuchar las distintas opiniones. En ese sentido, aspiro al menos a haber sembrado dudas en algún geólogo, ingeniero o gestor que en su trabajo cotidiano está impregnado de ese ideario mesiánico de la minería necesaria y ‘sostenible’. Sí hubo una respuesta inmediata: la directora general Yolanda Vallés se mostró receptiva al diálogo para tratar de comprender los argumentos críticos que yo expresaba. Ojalá prospere ese diálogo. Pero la distancia entre ambos relatos es enorme: frente al ‘sacar pecho’ por el crecimiento de la minería de arcilla en Teruel está el sentimiento de expolio y colonialismo interior que viven muchos pueblos, abanderados por la Plataforma de Afectados por la Minería en Teruel; frente a la pretensión de sostenibilidad ambiental y social, la constatación de unas prácticas caóticas y negligentes que siguen produciendo impactos inadmisibles.
José Luis Simón
Colectivo Sollavientos
PIE DE FOTOS:
Imagen de Google Earth de la mina de arcilla de Galve en 2010 (arriba) y 2023 (abajo).
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