Manifiesto Colectivo Sollavientos
martes, 14 de abril de 2026
GEOLODIA 26 / ALCAÑIZ (TERUEL)
miércoles, 1 de abril de 2026
El Maestrazgo: un territorio con futuro
La posibilidad de que naufraguen el clúster del Maestrazgo y otros grandes proyectos eólicos en las comarcas turolenses debe servir como catarsis para que los ciudadanos de este territorio decidan en serio qué futuro quieren. No es necesario volver a las cuevas, no es necesario volver al pedernal. Puede ser suficiente con mirar a las últimas décadas del siglo XX, en las que fue gestándose un modelo de desarrollo integrador, basado en recursos endógenos y esenciales: el paisaje, una historia y un patrimonio únicos, la armonía entre los modos de vida tradicionales y los proyectos de futuro que Europa apoyaba. Proyectos que buscaban luchar contra la despoblación, claro, pero que apostaban sobre todo por el orgullo y la autoestima del territorio y de sus gentes.
Así nació aquella (ya olvidada) Mancomunidad Turística del Maestrazgo, que publicaba guías sobre el “uso intelectual y lúdico de los paisajes”. Así dio Mirambel, a finales de los 70, un ejemplo de dignidad, aprobando unas ordenanzas municipales que enterraban los cables eléctricos para conservar esa joya del siglo XVI que es su casco urbano. Así nació en 1998 el Parque Cultural del Maestrazgo, un modelo de gestión y puesta en valor del patrimonio que se basaba en la experiencia pionera de Molinos; que inspiró la Ley de Parques Culturales de Aragón; que se constituyó en Geoparque y fue miembro fundador de la Red de Geoparques Europeos en 2000, y se incorporó en 2015 a la red Global Geoparks de UNESCO. Añadamos el extenso catálogo de Bienes de Interés Cultural, Conjuntos Históricos, Monumentos, Zonas Arqueológicas, Zonas Paleontológicas, Lugares de Interés Geológico, Conjuntos de Arte Rupestre que son Patrimonio de la Humanidad...
Somos muchas las personas, con diversos grados de vinculación a este territorio, que hemos estado sinceramente comprometidos con la hoja de ruta que todo ese movimiento representa. Hemos trabajado convencidos de contribuir a alumbrar un modelo de desarrollo respetuoso del territorio, que era la continuación natural de siglos de convivencia del ser humano y su medio. Manteniendo con dignidad las actividades tradicionales (agricultura, ganadería, aprovechamientos forestales, industrias familares), se trataba de ampliarlas y enriquecerlas con el turismo cultural, el ecoturismo o el geoturismo.
A mitad de partido, alguien ha decidido cambiar las reglas de juego y nos ha dejado descolocados. Quienes (con toda honestidad y buena fe, estoy seguro) abrazan el megaproyecto eólico del Maestrazgo defienden su compatibilidad con aquel modelo. Me gustaría que se convencieran de que eso no es sí. No podemos cuidar y enorgullecernos de todos esos valores, albergar algunos de los Pueblos más Bonitos de España y, a la vez, abrir la puerta falsa a una industrialización salvaje de nuestros montes, sin planificación, sin garantías, a lomos de la especulación y la corrupción. Valen aquí el dicho popular de “no se puede soplar y sorber al mismo tiempo” y el clásico de Séneca: “no hay viento favorable para quien no sabe adónde va”.
Aquella hoja de ruta no fue diseñada por “ecologistas de salón”. La creación del Parque Cultural del Maestrazgo fue decidida democráticamente por los 43 municipios; nadie les obligó. Tras una reunión constituyente en Aliaga, contó con la aprobación y compromiso de cada uno de los ayuntamientos. Todos los pueblos de la asociación Viento Alto están representados en su Patronato, y alguno de sus regidores ha tenido puestos de responsabilidad en ese órgano de gobierno. Me parecería triste que alguno de los alcaldes del Maestrazgo suscribiese una sentencia como la que lanzó el de Fuendetodos, ebrio de ingresos económicos procedentes de los parques eólicos que rodean el pueblo: “Aquí ya no necesitamos a Goya”.
José Luis Simón (Colectivo Sollavientos)
sábado, 28 de marzo de 2026
Viento en el pozo de la negación
La noticia de la desarticulación de una presunta trama de corrupción alrededor de Forestalia ha hecho que en los últimos días se haya hablado muchísimo del Maestrazgo. La nota de prensa de la Guardia Civil de la semana pasada explicaba la detención de seis personas por prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, apuntando como causa la posible manipulación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de los parques eólicos y fotovoltaicos del Clúster del Maestrazgo, entre otros proyectos de Forestalia. Todo ello a cambio de contraprestaciones económicas ilícitas, las popularmente conocidas «mordidas».
Ante una noticia que se veía venir y que muchos colectivos vaticinamos hace meses y años, la asociación Viento Alto, que congrega a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por el proyecto del Clúster del Maestrazgo, se ha pronunciado en un sentido que causa estupor. En el comunicado que distribuyeron a los medios de comunicación solicitaban que «las informaciones que se difundan se basen en hechos contrastados y no en hipótesis». ¿Están dando a entender que la Ucoma, la unidad de medioambiente de la UCO, trabaja a humo de pajas y no en base a una ardua tarea de indagación y verificación de testimonios directos y documentación? Quede claro que todo lo que se ha expresado desde Paisajes de Teruel se basa en la nota de prensa de la Guardia Civil y en información propia que se ve confirmada por lo revelado hasta el momento.
Viento Alto, por tanto, debería aplicarse la exigencia de no conjeturar cuando afirma que «el hecho de que un proyecto pueda aparecer mencionado en un expediente no implica necesariamente que su tramitación haya sido irregular». Es incomprensible un nivel de negación tan cerrado. Precisamente, lo que expone la investigación de la Guardia Civil, y se confirma con los primeros datos conocidos tras el levantamiento del secreto del sumario, es que el procedimiento fue irregular. No estamos ante una mera cita circunstancial, sino ante la propia corrupción de la tramitación: las DIA fueron compradas y no existió una Evaluación Ambiental del proyecto. Es decir, se desconocen los impactos que puede haber sobre el suelo, el agua, los pueblos, los animales, las plantas, el patrimonio y el paisaje.
Precisamente el riesgo que implica esa ausencia de conocimiento, que es equivalente a poner en el mercado un modelo de avión sin testar o un medicamento sin certificar, es lo que lleva a la Guardia Civil, asociaciones y diversos partidos políticos a solicitar la aplicación de medidas cautelares, es decir, que no se inicien las obras hasta que se dilucide la investigación y se enjuicie. Por ello, resulta turbador que Viento Alto calificara días antes como «una puñalada» la eventual y lógica aplicación del principio de prudencia, no solo por lo que tiene de normalización de la corrupción, sino por ser una contradicción con lo que han sostenido los alcaldes de esta asociación anteriormente.
En efecto, en el contexto de la Jornada Eólica y Mercado 2025, organizada por la Asociación Eólica Española, el portavoz de Viento Alto afirmó que «el mayor valedor de nuestros municipios somos los alcaldes, sabemos dónde está nuestro patrimonio, nuestra flora y nuestra fauna y no queremos destruir nada». En cambio, ahora califican como puñalada una medida que implica prevenir que se destruya irremediablemente aquello que dijeron valorar tanto: el suelo, el agua, los pueblos, los animales, las plantas, el patrimonio y el paisaje.
Viento Alto, ante lo evidente, plantea una suerte de chantaje emocional para presionar a los juzgados que deben decidir sobre las cautelares al afirmar que el Clúster del Maestrazgo es «clave para el futuro de los municipios». En resumen, se supone que su ejecución permitirá la prestación de unos servicios básicos que deben ser de provisión universal por los poderes públicos, no a cambio del expolio en beneficio de una corporación privada. Dibujan un beneficio inevitable que resulta más que dudoso viendo dónde quedó la promesa de luz gratis a cuento del Clúster, o viendo la experiencia de los vecinos pueblos de Portell o Castelfort, en los que los parques eólicos no han evitado la pérdida de población y el cierre de sus escuelas.
Por último, desde Viento Alto también se ha afirmado que «no ha habido ninguna irregularidad» y que el proyecto «va a seguir adelante según nos trasladan desde CIP (Copenhagen Infraestructure Partners)». La dependencia argumental del actual promotor del Clúster del Maestrazgo es tal vez el síntoma más evidente de la falta de horizonte, del pozo de negación al que han sido arrojados los alcaldes y alcaldesas. En Paisajes de Teruel entendemos la postura y el porqué del proyecto de Viento Alto, aunque no lo compartamos. No nos mueve ninguna animadversión, esta es una verdad primaria. Las personas de Paisajes de Teruel somos del Maestrazgo, somos de pueblos como los del Maestrazgo, nos acucia la misma angustia por el futuro. Sabemos que, como nosotros, aman el «patrimonio, nuestra flora y nuestra fauna». Por ello, no pedimos que asuman nuestra información, simplemente valoren las evidencias ustedes mismos, sin intermediarios.
Ivo Inigo y Javier Oquendo
Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel
viernes, 27 de marzo de 2026
Más allá del Señor «E»
Exordio: todo presunto.
La corrupción en el modelo español de energías renovables que ha comenzado a supurar por la grieta de Forestalia y del Señor «E», Eugenio Domínguez (exsubdirector de evaluación ambiental del Miteco), genera una voluminosa cantidad diaria de noticias. La laboriosa tarea de ordenar sus datos en una cuadrícula cada vez más grande, y que ya entronca irremediablemente con la trama de Santos Cerdán, hace que corramos el riesgo de perder de vista el conjunto del paisaje. No puede olvidarse que las cosas no ocurren porque sí, sino que tienen un propósito y un sentido.
La anterior edad de la corrupción española, nucleada alrededor del ladrillo y la burbuja inmobiliaria, tuvo su icono de época en las anotaciones de Bárcenas. La nueva era de la corrupción española puede acabar quedando simbolizada por el Señor «E». Sin embargo, esto es un error de consecuencias telúricas. El riesgo a la vista es que se produzca un cierre en falso en la figura del antiguo subdirector de evaluación ambiental, como aquella era de corrupción del ladrillo y del caso Gürtel se cerró en falso en la figura del tesorero del PP. Las maniobras del Estado profundo en torno a su familia y la inefable incapacidad de la justicia española a la hora de desencriptar quién era Emepunto Rajoy, impusieron la ley del cortijo.
Los indicios de que los poderes maquinan para salvar prominentes cabezas son cada vez más transparentes. Recapitulemos los que hemos podido ordenar en la inmensa cuadrícula de datos de este caso. En primer lugar, posicionemos correctamente al Señor «E». Las presunciones sobre su corrupción no se limitan a Forestalia. Sus artes se intuyen en una inconcebible declaración de impacto ambiental de una central fotovoltaica en el entorno Patrimonio de la Humanidad de Aranjuez, y cuya promotora fue Smart Energy. Además, se halla incurso junto a la actual directora de evaluación ambiental, Marta Gómez Palenque, en una investigación penal por autorizaciones ambientales a centrales fotovoltaicas en Cáceres promovidas por Iberdrola.
Ahora mismo, no podemos determinar cuándo comenzó el mercado persa de declaraciones favorables a proyectos devastadores con el medioambiente del Señor «E», pero sí resulta significativa una declaración suya a El Mundo recogida por Quico Alsedo: «España había hecho una apuesta muy importante por las renovables y no podía ser que por incapacidad de tramitar los expedientes los proyectos no salieran adelante». Es decir, era un contexto de política de Estado, un momento inmejorable para lucrarse como fuera a propósito de unas inversiones concebidas como irremediables. Unas palabras, por cierto, que casan a la perfección con el testimonio del alcalde de La Zoma (Teruel) en la comisión sobre las renovables de las Cortes de Aragón en 2024. Exponiendo sus preocupaciones por los perjuicios que un proyecto de Forestalia iba a causar en su municipio ante los capitostes provinciales de su partido de entonces, el PSOE, estos zanjaron la cuestión aseverando que Lambán quería renovables, Teresa Ribera quería renovables y Pedro Sánchez quería renovables: l'esprit de l'époque.
Por el momento, la reacción del presidente del Gobierno a la podredumbre de su Miteco resulta más ignota que el secreto de la Cocacola. Por su parte, la ministra Aagesen ha hablado de colaboración con la justicia y de una auditoría interna. Que el Miteco colabore es una novedad que a estos ojos les gustaría ver: las demoras a la hora de aportar expedientes a demandas contenciosas se cuentan en plazos superiores al año, desoyendo, incluso, lo dispuesto por los juzgados. Sobre la auditoría interna, ¿cómo de íntima la desea, lo suficiente como para garantizar que el señor «E» cargue con todas las culpas, como ha denunciado personal funcionario del Miteco? No olvidemos que esta persona, cuando se jubiló, fue designada asesor del secretario de Estado Hugo Morán para rematar su trabajo en declaraciones ambientales ahora bajo sospecha.
¿Qué clase de control tenía la ministra Teresa Ribera sobre sus subordinados, máxime cuando las prácticas del subdirector eran la comidilla de su ministerio y sabía personalmente que estaban pasando cosas raras bajo sus narices? Y la ministra Aagesen, ¿de qué camarilla del ministerio salió, o acaso surgió por generación espontánea en el sillón de ministra? La directora de evaluación ambiental, Marta Gómez Palenque, la inmediata superiora en el escalafón del Señor «E», ¿tampoco sabía nada? Lo de un Miteco en el que sus jerarcas vivían en Narnia mientras en los pasillos y en los territorios afectados por las decisiones del Señor «E» lo que sucedía era el secreto de Polichinela, puede dejar el testimonio de Ana Mato afirmando que no tenía ni idea de dónde había salido el Jaguar de su garaje, en una ingenuidad digna de película de Walt Dysney.
Y luego tenemos a nuestra administración, la aragonesa. Presidente y vicepresidenta han hablado de tres acciones concretas: una nueva comisión de investigación, revisar los proyectos de Forestalia sospechosos (que son todos) y personarse en la causa judicial contra esta empresa. Lo de la revisión de proyectos sospechosos es, de nuevo, algo que nos gustaría ver. Esta semana debe comenzar el proceso de expropiación para centrales fotovoltaicas en Andorra promovidas originalmente por esta empresa, mientras que Forestalia acucia con mentiras a los propietarios afectados por el Clúster de Majalinos para firmar lo que les ponen delante como si nada hubiera sucedido. ¿Dónde está la revisión del Gobierno de Aragón? En ninguna parte. El consejero de medio ambiente ha tenido el cuajo de decir que «quedan noticias que nos pondrán los pelos de punta». ¿Cuáles, qué sabe, qué hace que no está en el juzgado? Del Gobierno de Aragón solo podemos esperar un evidente ánimo de echar paladas de tierra sobre el asunto.
Realizar otra comisión de investigación es poco menos que una ofensa. Varias asociaciones comparecimos en ella a pesar de los esfuerzos de la troika del megavatio (PP, PSOE y PAR) por evitar nuestra presencia mientras hacían hueco hasta el último comercial de las empresas del sector de las renovables. Revisitar las comparecencias que hicimos es como leer las noticias de estos días: ya estaba todo ahí. Déjense de comedias y limítense a colaborar con la Guardia Civil y los juzgados. Y aquí aparece una cuestión crítica: la intención del Gobierno de Aragón de personarse en la instrucción de la causa de Forestalia como perjudicado. ¿Perjudicado, de qué, si en acto y omisión ha sido parte, al igual que el Miteco? Además, el actual Gobierno aragonés sigue tramitando proyectos de Forestalia (y de otras empresas) tomando decisiones tan marcianas como la taberna de la Guerra de las Galaxias y que, además, evolucionan a una apuesta desaforada por los centros de datos, con los que el presidente aragonés parece haber perdido el juicio, como un corredor de bolsa en las orgías de El lobo de Wall Street. No debe permitirse la personación del Gobierno de Aragón. Es meter al zorro en el gallinero, una estrategia que huele, de nuevo, a control de daños.
Como vemos, cada paso de los poderes implicados resulta sospechosamente insincero y más orientado a que no se sepa más, que a una catarsis que limpie el patio y les haga merecedores de una credibilidad de la que no andan precisamente sobrados. Ya sabemos que no es la primera vez que en España se cierra en falso una corrupción que apunta a los rincones más sagrados del régimen, y también sabemos del descrédito que, curiosamente, crece en la sociedad como si fueran vasos comunicantes. Tenemos la perspectiva de que lo que está emergiendo por la grieta del Señor «E» y de Forestalia es el ápice de toda una era de corrupción, pero ni han sido solo ellos ni ha ocurrido solo en Aragón. Querido lector, ¿en su comunidad autónoma, en su pueblo, se han autorizado proyectos demenciales? Estamos en el punto de afirmar que probablemente sea lo que parece.
Esta nueva edad de la corrupción española se hace a costa del expolio de los pueblos, de los territorios con pocos votantes y suelo barato, de los recursos naturales y de la estigmatización del ecologismo real. La idea de un cierre en falso en el Señor «E» no hace más que incrementar la ira que nos provoca, no solo por lo que tiene de denigrante, sino porque resulta redundante en una sociedad desconcertada en la que se pone en riesgo la misma credibilidad y viabilidad de un sistema pluralista, aun con todos los límites y exasperantes tutelas que presenta en el reino de España.
Ivo Inigo y Javier Oquendo
Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel
jueves, 26 de marzo de 2026
La carcoma de la transición justa
Años de anuncios grandilocuentes. Transición ecológica, justa, verde. Miles y miles de puestos de trabajo, resurrección del medio rural, progreso… «España es la locomotora de la transición energética a nivel global», «Aragón imparable», «Aragón va de cojón»… Las fotos con políticos (no con todos) y políticos a tope (no todos). Ayer seis detenidos por una trama de corrupción y en adelante puede haber más. El Señor «E», presunta pieza indispensable que revelamos en primicia, en cabeza. Con él, el presunto corruptor: el amo de Forestalia. Pero no solo ha sido Forestalia, que quede claro.
Las asociaciones de defensa del territorio y del medioambiente, como la nuestra, Paisajes de Teruel, advertimos primero de las incongruencias. Después, de las sospechas. Finalmente, de las evidencias del penúltimo pelotazo nacional. Y aquí está el retoño, el niño bonito de los últimos gobiernos de Aragón y de España: «Desarticulada una presunta trama de corrupción medioambiental relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos en Teruel», según rezaba la nota de prensa del Seprona.
Sociedades pantalla, testaferros, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales. Una colección de (presuntas) inmundicias porque unos fulanos del quinto pino necesitan mantener, o ansían, mansiones e hípicas, un lujo desquiciado, insostenible, depredador. Y el precio de su estilo de vida hortera son nuestros montes con su agua, animales, plantas, árboles, cultivos y eriales. También la convivencia en decenas de pueblos, envenenada por sus promesas.
Los mesías con traje y corbata que nos venían a salvar en el último tren de nuestras vidas dejan un rastro de enemistades en los vecindarios, de personas que ni se miran. Es seguro que nada de eso se les pasó por la cabeza a los «presuntos» cuando hacían sus tratos. Nunca nos han visto ni necesitan hacerlo. Les basta presuponer que necesitamos dinero (y es verdad), pero para ellos está de más pensar qué siente esa poca gente que ronda allá lejos, en esos montes, como si su destino fuera la nada, la nada que ellos se afanaron en garantizar.
Hemos invertido noches, días, la jubilación, vacaciones y lo que ha hecho falta por el paisaje de nuestra vida, nuestro mismo ser como colectivo: son los montes que labramos, podamos o pastoreamos, o los que labraron, podaron y pastorearon quienes conocimos. No parece que esta sea una dimensión que tengan en gran consideración muchos compañeros del ecologismo institucionalizado o de la progresía, para quienes somos retardistas, negacionistas, paletos. Ni entienden ni han querido entender que hemos luchado contra el extractivismo, contra el turbocapitalismo que tritura el planeta. ¿Qué parte no han entendido de «renovables sí, pero no así»?
Las macrocentrales de renovables en el medio rural son en su mayoría imposibles de aprobar desde el punto de vista medioambiental por una simple cuestión de magnitudes, y esa es la causa primera de la trama de corrupción de la que ayer informó el Seprona. Hay una incomprensión, real o fingida, por parte de demasiada gente: las renovables son para que las tengamos en las azoteas, en pequeños huertos, en los polígonos industriales, sin embargo, en el país del pelotazo, se ha pretendido que una central fotovoltaica o eólica sea como una térmica o una nuclear. ¿Por qué? Para mantener el control: un modelo centralizado en un puñado de empresas que tienen en los partidos del régimen a sus criaturas.
Las asociaciones y los pueblos nos rebelamos espoleados por las promesas absurdas y los insultos. Ayer los pequeños ganamos una batalla, una victoria imposible sin el Seprona. Simplemente, gracias. Ahora, la disputa pasa por los juzgados y por las compañías que han comprado proyectos a Forestalia: Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Bruc o Repsol. La danesa CIP, por ejemplo, ha tratado de desvincularse de Forestalia y así mantener la intangibilidad de sus compras. Quiere ejecutar proyectos cuya autorización ambiental es fruto de la corrupción, es decir, cuyos impactos ambientales nunca fueron evaluados.
La revelación de toda esta porquería ofrece suficiente perspectiva para que cualquiera perciba la ley de hierro que se ha aplicado a las asociaciones del territorio y a los territorios con pocos votos. Que se entienda con claridad que los esfuerzos de los partidos y de las empresas implicadas por estigmatizarnos y expoliarnos son la demostración de que la lucha contra el cambio climático o la despoblación era propaganda vendida como una transición de los mil nombres. Todo ha sido desde el principio un asunto de dinero, de conseguirlo mediante unas relaciones de dominio y de explotación concretas. De momento, la ley de hierro de la transición justa se carcome por la corrupción.
Ivo Inigo y Javier Oquendo
Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel
miércoles, 25 de marzo de 2026
El señor «E»
Una de las aristas de la trama de Santos Cerdán ha tocado Aragón. El último informe de la UCO revelaba maquinaciones en torno al proyecto de la mina Muga, en la raya con Navarra. La atención se ha dirigido prioritariamente a las conexiones políticas del asunto. En un segundo, tercer o cuarto plano ha quedado la dimensión medioambiental de la presunta corruptela.
Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, escribió en Público (21 de noviembre de 2025) un esclarecedor artículo que ponía de relieve cómo en el origen del caso de la mina Muga se hallaba una declaración de impacto ambiental (DIA) que, en 2019, causó estupor. Su responsable era el entonces Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, Francisco Javier Cachón. Su nombramiento o mantenimiento en el cargo fue una de las peticiones del PNV realizadas a través de Cerdán para apoyar la moción de censura que acabó con el gobierno de Rajoy en 2018. En definitiva, y con toda la lógica, Uralde afirma que esta vinculación arroja una sombra de irregularidad en el proceso de evaluación y declaración ambiental.
Retengan esta cuestión, una evaluación ambiental presuntamente corrupta. Probablemente no sea la única que se ha producido en el MITERD en los últimos años, ministerio en el que se integra la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Cachón fue nombrado director general el 30 de diciembre de 2016 y cesó en 2020. A los dos meses de su designación ascendió a la subdirección una figura que, en nuestra opinión, es clave. La llamaremos el señor «E». Esta persona desempeñó las responsabilidades inherentes a su cargo cuando se tramitó la DIA de la mina Muga. También lo hizo después de 2020 (una vez hubo cesado Cachón) cuando se elaboraron otras declaraciones que han causado no menos estupor, en concreto las que afectan a Forestalia.
En Paisajes de Teruel tenemos la convicción de que las evaluaciones de impacto ambiental a proyectos de Forestalia competencia del MITERD no han sido tramitadas por personal funcionario, lo cual sería una ilegalidad. Hemos realizado siete peticiones en base al artículo 53 de la Ley 39/2015 para conocer la identidad de los funcionarios que tramitaron la DIA del Clúster del Maestrazgo. Esta solicitud se ha extendido a otros proyectos de Forestalia y la han realizado más asociaciones. Nadie ha obtenido respuesta satisfactoria. Esto incluye contestaciones con contenido falso al requerimiento que realizamos al Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno. El escapismo de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha llegado al Congreso de los Diputados. Jorge Pueyo, diputado de CHA, ha planteado esta cuestión hasta en dos ocasiones con idénticos resultados.
El pasado verano conocimos la declaración de impacto ambiental del Clúster del Matarranya promovido por Green Capital. Este macroproyecto coincidía en los términos municipales, e incluso en la localización de algunos aerogeneradores, con el del Clúster del Matarranya de Forestalia. El de Green Capital obtuvo una DIA incompatible y el de Forestalia compatible. ¿Cómo es posible? La resolución de Green Capital fue de este mismo año, 2025, y la de Forestalia del 7 de julio de 2023. El señor «E» cesó de su cargo en octubre de 2023. De 36 proyectos, Forestalia ha obtenido 33 declaraciones compatibles y solo 3 incompatibles, estas últimas (paradójicamente) en proyectos pequeños. Todo ello ha sucedido entre los años 2021 y 2023, a la sombra del señor «E», con unas resoluciones de impacto ambiental estrambóticas. Documentos cuya autoría se protege como el secreto de la cocacola vulnerando la legislación más elemental.
La comparación de las declaraciones de Forestalia y Green Capital a propósito de sus clústeres del Matarranya, es elocuente. El de Forestalia afecta a 16 Hábitats de Interés Comunitario y el de Green Capital a 4 prioritarios y a otros no prioritarios. Pero la DIA de Forestalia es favorable. El de Forestalia resulta compatible con la Red Natura 2000 cumpliendo condicionantes. El de Green Capital, no. La comparación de la resolución de Green Capital con la del Clúster del Maestrazgo también es asombrosa. El de Green Capital ocupa 2 km de zonas ZEPA y el de Forestalia unos 18, pero el de Forestalia tiene declaración compatible. El de Green Capital tiene 2 aerogeneradores en Zonas de Especial Conservación. El de Forestalia, 85.
No olvidemos otros datos de la DIA del Clúster del Maestrazgo, que en este contexto se entienden mejor. Por ejemplo, la resolución afirmaba que la afección a la superficie arbolada eran 116 hectáreas. Era un error grosero porque no se computaba la causada por las pistas de acceso y entre 80 y 100 km de líneas eléctricas. Más significativo es que 116 hectáreas era la superficie que figuraba en…, el estudio de impacto ambiental elaborado por Forestalia. ¿Y si las declaraciones de impacto ambiental se hicieron en las oficinas de Forestalia y por eso el MITERD no puede responder a una cosa tan sencilla como quién las hizo? ¿Acaso el señor «E» era la puerta de acceso de Forestalia al MITERD?
El señor «E» es la línea de puntos que une una práctica irregular que parece haber anidado, como mínimo, en el MITERD entre los años 2019 y 2023, con indicios muy serios relativos a los rasgos de esa presunta práctica irregular y a quién ha sido, al menos, uno de sus presuntos beneficiarios. Necesitamos respuestas concretas a las sospechas que ponemos sobre la mesa.
Javier Oquendo e Ivo Inigo
Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel
martes, 24 de marzo de 2026
El fuego y la justicia
En los últimos días Paisajes de Teruel recibió la noticia de la desestimación de las medidas cautelares solicitadas por motivos ambientales contra el Clúster del Maestrazgo. El auto del Tribunal Supremo aduce, en breves palabras, que los aspectos ambientales del proyecto habían pasado una evaluación ambiental, que la declaración de impacto ambiental (DIA) había sido compatible y que, además, contenía un plan de vigilancia.
No vamos a entrar en por qué la legislación permite solicitar medidas cautelares de contenido medioambiental, si la resolución de sus señorías es tautológica: no cabe cuestionar aspectos ambientales porque han sido objeto de la evaluación que se impugna. Es una incongruencia perturbadora, pero hoy no toca hablar de ello.
Sin embargo, sí vamos a plantear una pregunta. ¿Saben sus señorías qué declaraciones de impacto ambiental fueron compatibles y tenían planes de vigilancia? Sin ir más lejos, las líneas de alta tensión que conectaban centrales eólicas en la provincia de Zaragoza con Euskadi. Estos proyectos fueron promovidos por Forestalia, igual que el Clúster del Maestrazgo.
En fechas recientes El Español desveló que Cerdán influía en el MITERD, el ministerio encargado de realizar la evaluación ambiental de estas líneas, en favor de Forestalia. Según las fuentes consultadas por el medio de comunicación, la persona de contacto de la trama Cerdán era Borja Sastre. Esta persona fue nombrada jefe de gabinete por la ministra Teresa Ribera en noviembre de 2023.
Noviembre de 2023 es exactamente un mes después de que cesara el anterior subdirector de evaluación ambiental del MITERD. Tenemos la convicción de que esta figura fue la puerta de entrada de Forestalia al ministerio. Le contemplan 33 DIA favorables a proyectos de esta empresa y solo 3 incompatibles, curiosamente, a proyectos pequeños. La lógica dice que es más sencillo lograr una declaración favorable a un proyecto pequeño que no a mastodontes como el del Clúster del Maestrazgo o los de las líneas de evacuación a Euskadi. Además, todos los expedientes de estas evaluaciones carecen (¡oh, casualidad!) de identificación de los funcionarios que las tramitaron.
Resulta que la DIA del Maestrazgo, esa que resulta inmarcesible para sus señorías en lo relativo a las cautelares, contenía datos altamente inquietantes. Daba por válida una superficie de afección forestal que no incluía la que debía talarse para abrir los caminos de acceso y las líneas eléctricas de evacuación de los aerogeneradores (hablamos de cientos de kilómetros). Más alarmante es que ese dato de superficie de la DIA estaba tomado del estudio de impacto ambiental de Forestalia. La DIA también ignoraba el informe del Departamento de Medio Natural del Gobierno de Aragón, que consideraba el proyecto como francamente perjudicial. Seguramente la decisión del Supremo sea la mar de jurisprudente, pero de cara a la protección del medioambiente es lamentable.
Hay otro dato que debe ser considerado: el testaferro. Según las noticias publicadas esta semana acerca de la relación entre Forestalia y la trama Cerdán, un tal Eduardo Pérez ejercía este papel. Hoy resulta que es el apoderado único de las plantas fotovoltaicas Masía I y II, las que en el proyecto de Forestalia iban a generar la electricidad gratis a los pueblos afectados por el Clúster del Maestrazgo. Una broma pesada entonces, qué decir de hoy. También figura como administrador de más de 30 proyectos desarrollados por Forestalia y relacionado con otros que ya se han traspasado o vendido.
La UCO ha registrado la sede de Forestalia y ha realizado detenciones el día en el que este artículo se está escribiendo. Pensábamos concluirlo con una invocación, algo como que «ojalá no tengan que arrepentirse sus señorías del auto desestimando las medidas cautelares por los efectos que puede causar al medio natural». Ahora, más bien, queremos lanzar una segunda pregunta, ¿por qué en lo que toca al medioambiente el sistema judicial ignora por costumbre el humo, las llamas y las llamadas de auxilio? Afortunadamente aún hay tiempo para que sus señorías salven el Maestrazgo.
Javier Oquendo e Ivo Inigo
Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel
lunes, 23 de marzo de 2026
Pacto de podredumbre
Jorge Azcón ha afirmado recientemente sobre las pesquisas de la UCO en Forestalia que «es una investigación por la tramitación hecha en el Ministerio no en la consejería» y que «si hubiese irregularidades o si la Guardia Civil viniese a la comunidad, colaboraríamos para que se esclareciesen los delitos». Si es un reto, que lo dé por perdido. Si pretende jugar al despiste, es un pésimo jugador: uno de los principales indicios son los informes contradictorios e injustificados que llegaban al MITECO desde el gobierno aragonés.
Dosieres aparte, el INAGA gestionó numerosos proyectos de Forestalia en Aragón, trámites que contienen tantos elementos sospechosos como las declaraciones de impacto ambiental competencia del MITECO y que han merecido la atención de la UCO, dado que, parece ser, fueron realizadas por la propia empresa. Hace un par de años, justo en la anterior campaña electoral, la prensa denunciaba algo como lo que ha saltado a los titulares estos días: evaluaciones ambientales «externalizadas» desde el INAGA a consultoras relacionadas con Forestalia. Hablemos de uno de los casos sobre los que Azcón debería dar explicaciones, pues no solo existe el caso del Cluster Maestrazgo.
Majalinos es una sierra con un valor medioambiental altísimo a pesar del incendio que sufrió en 2009 y del que se va recuperando. También es el emplazamiento de un macroproyecto eólico de Forestalia, compuesto por cinco centrales cuyo estudio se fragmentó de forma ilegítima en otras tantas evaluaciones ambientales competencia del INAGA. Que se trata de un único proyecto es tan evidente que los aerogeneradores de unos parques se intercalan con los de otros. De hecho, durante la tramitación hubo un intercambio de aerogeneradores entre centrales supuestamente independientes. A la administración aragonesa esos detalles no le llamaron la atención.
Otro aspecto que no se le pasó por alto a nadie, excepto al INAGA en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), es que tres aerogeneradores se sitúan enfrente de uno de los emblemas geológicos y paisajísticos de Aragón: los Órganos de Montoro, espacio protegido con la categoría de Monumento Natural. Son máquinas de 200 metros de altura, no hay dios ni medida correctora que disimule el equivalente a tres rascacielos de 60 pisos emplazados en una cima. Los ayuntamientos de varios de los municipios afectados han manifestado que no quieren esas centrales, pues afectan a un enclave muy querido.
El expediente de este macroproyecto esconde otros cadáveres en el armario. Por ejemplo, el informe negativo del Servicio Provincial de Industria de Teruel. En 63 folios expone con detalle las causas y razones para esa calificación. Este documento no es determinante, pero la autorización del Departamento de Industria oculta la calificación negativa del Servicio Provincial y, además, no motiva las razones por las que se separa de la misma, cuando esta discrepancia exige una motivación reforzada en la resolución. Por cierto, señor Azcón, esto sucedió en 2024. ¿Le ha comentado algo al respecto su directora general, la señora Yolanda Vallés?
Las fantasías administrativas del gobierno de Azcón con estas centrales no acaban ahí. En octubre de 2023 el BOA publicó la modificación radical de uno de los proyectos, pero convalidándole la DIA obtenida meses antes. En julio de este año se repitió el esquema con otro de los parques, en teoría una reforma para cumplir con los requisitos de su DIA. Sin embargo, los cambios eran sustanciales y obligaban a una nueva evaluación ambiental (por ese motivo se sacaban a información pública). La realidad es que no había ningún tipo de estudio de impacto ambiental ni por supuesto se evaluó. Es todo tan inexplicable que, visto el interés de la UCO por Forestalia, nos podemos imaginar qué significa.
Las sospechas de corrupción en torno a Forestalia emergieron en la anterior campaña electoral. La diferencia con lo que ocurre hoy es que no pasaron de los medios de comunicación porque la UCO aún no se había manifestado. Azcón tuvo la oportunidad de cortar por lo sano en la comisión de investigación que organizó y en la que estos asuntos salieron a la luz, pero no lo hizo. Optó por el pacto de sangre con su antecesor en el Pignatelli y con el amo de la empresa madrileña Forestalia. Habrá quien diga que es propio de estadistas, pero la verdad es que la podredumbre de la época de Lambán se proyecta sobre su gobierno y ahora no es tiempo de personarse en causas, sino de aclarar todas las presuntas irregularidades del INAGA y de la Dirección General de Energía y Minas.
domingo, 22 de marzo de 2026
Acciona, mercancía podrida
La investigación de la UCO sobre las ilegalidades en la tramitación ambiental en los proyectos renovables de Forestalia ha convulsionado la actualidad aragonesa. Este hecho ha dejado en un segundo plano otras noticias sobre empresas y proyectos que son objeto de sospecha por los mismos motivos. En Paisajes de Teruel llevamos años trabajando sobre todos estos casos.
Recientemente la prensa económica dio a conocer que Acciona ponía a la venta varios parques eólicos en la provincia de Teruel. Se trata de proyectos en la cara norte del Maestrazgo que responden a los nombres de Hocino y Caballos. Su evaluación ambiental y su tramitación presenta fuertes semejanzas con las de Forestalia. Tanto Acciona como la empresa citada están en el foco de la trama corrupta que gira en torno a Cerdán y compañía.
El primer hecho reseñable es que se trata de un proyecto fragmentado. Son parques eólicos colindantes, del mismo promotor, tramitados paralelamente y con la misma línea de evacuación. Deberían haberse evaluado en una única evaluación ambiental, pero su fraccionamiento (espurio) determinó que el trámite recayera en el INAGA, el órgano de evaluación ambiental aragonés. Es sobre esta institución, además de en Acciona, REE y la Dirección General de Industria del Gobierno de Aragón, sobre la que recaen las sospechas.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del INAGA obvió los perjuicios directos sobre una ZEPA de la Red Natura 2000 que alberga especies de aves en peligro de extinción, así como una gran reserva de murciélagos. Ignorar una afección tan seria significaba, asimismo, desoír los informes de los funcionarios de la Dirección General de Medio Natural. Resulta sospechoso que se consientan parques cuyas aspas afectan a una ZEPA, cuando se han desautorizado otros por encontrarse a 10 km de uno de estos espacios protegidos.
Mucho más relevante es que el Servicio Provincial de Medio Ambiente emitió un informe desfavorable, considerando que «No procede conceder la autorización administrativa previa a Energías Alternativas De Teruel, S.A. [de Acciona], para la instalación del parque eólico Caballos I en los términos municipales de Castellote y Molinos (Teruel), por existir informe propuesta desfavorable emitido por este Servicio Provincial». Esta información, para sorpresa de nadie, no figuraba en la DIA del INAGA. Se trata de un documento que conocemos gracias al acceso al expediente completo con motivo de nuestra demanda contenciosa.
Además de todo lo anterior, Paisajes de Teruel presentó una solicitud de nulidad de los proyectos por haber sobrepasado los plazos que permiten su acceso y conexión a la red de transporte eléctrico. Este incumplimiento legal ha sido suficiente para que otras iniciativas hayan perdido sus permisos. La entidad responsable de esta gestión, REE nos ha negado toda respuesta excusándose en la condición de reservada de la información solicitada. Resulta significativo el papel de REE en estos tinglados.
Al igual que REE, la Dirección General de Industria del Gobierno de Aragón, la competente para determinar la nulidad que solicitamos, no ha respondido a dicha solicitud. De hecho, nos ha negado cualquier contestación en dos ocasiones violentando lo dispuesto en la legislación. De nuevo un silencio cómplice o negligente ante un trámite indebido. Las administraciones aparecen retratadas por sistema remando en favor de empresas bajo sospecha y entorpeciendo la labor de los afectados.
Sí, los afectados, los pueblos. Acciona les ha vendido convenios, ingresos monetarios y un futuro mejor por la implantación de estos parques. Han explicado las bondades de lo que iban a construir minimizado hasta el ridículo las afecciones, considerando una falta de inteligencia oponerse a su voluntad. Resulta que ahora son ellos los que se van, y se marchan vendiendo mercancía podrida. Parques eólicos con una evaluación (¡otra más!) bajo sospecha, con los hitos de acceso y conexión a la red de transporte de energía caducados y con las administraciones obrando a su favor. ¿Ese es su objetivo, ayudar a Acciona para que no se frustre la venta de los parques eólicos?
No parece casual que Acciona aparezca junto a Forestalia en el centro de la investigación de una trama corrupta vista la coincidencia en el proceder de ambas empresas y en sus conexiones políticas.
Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel