LA PLANIFICACIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE ZONAS QUEMADAS
Durante esta primavera los medios de comunicación han informado sobre el plan de restauración de zonas quemadas presentado por la Dirección General de Gestión Forestal. De forma casi unánime, la mayoría de estas informaciones resaltaban la importante cuantía de las inversiones y los empleos que dichas actuaciones crearán. En un interesante artículo (DT, 20/04), José Manuel Salesa ha puesto de manifiesto la falta de una respuesta coordinada y transversal para paliar el enorme impacto socioeconómico de los incendios de este verano en lo que, desde muchos sectores de la sociedad turolense, consideramos que debería ser una respuesta dinamizadora y de desarrollo rural.
La Dirección General puede alegar que, en cumplimiento de sus competencias, ha diseñado un plan de restauración para paliar el impacto ambiental de los incendios. Sin embargo, partiendo de los pocos detalles que han transcendido sobre las características técnicas de dicho plan, es de temer que tampoco cumplirá estos objetivos ya que, de entrada, de lo único que se ha informado ha sido de una relación genérica, mezcla de actuaciones de restauración, prevención, extinción e incluso de divulgación, acompañados de una amplia y generosa promesa presupuestaria.
Si nos centramos en los objetivos ambientales, las actuaciones de restauración de zonas incendiadas deben planificarse atendiendo al impacto ecológico originado por el incendio. El análisis y valoración de estos impactos (y de los riesgos asociados) debería realizarse para definir actuaciones urgentes de mitigación y rehabilitación apropiadas y específicas para cada situación. En una primera fase los objetivos que deberían plantearse son la estabilización de las zonas afectadas para prevenir procesos de degradación, especialmente la erosión de suelos, y minimizar los riesgos derivados del incendio, como pueden ser la proliferación de plagas o afecciones directas sobre personas o infraestructuras. Por tanto, el punto de partida de un plan de restauración debe ser un análisis del impacto del incendio, con la identificación de las áreas más vulnerables para acometer actuaciones urgentes, a ser posible antes de las primeras lluvias de otoño.
En esta fase también se deberían analizar los posibles tratamientos a realizar con la madera quemada. Actuaciones que en muchas ocasiones implican un difícil equilibrio entre rentabilidad económica, impacto ecológico y demandas sociales. La retirada de la madera quemada requiere tipos de actuación diferenciados, según los objetivos y los riesgos, y una cuidadosa ejecución ya que esta operación puede producir más erosión que la derivada del propio incendio. Por ello, en las zonas más sensibles también debe ser considerada la no acción, al igual que para fomentar heterogeneidades en el paisaje.
Superada la primera fase de prevención de riesgos, el objetivo debería centrarse en asegurar la recuperación de la cobertura vegetal e incrementar la resistencia y resiliencia (capacidad de sobreponerse a la perturbación) del monte frente a nuevos incendios.
En Teruel los incendios de este verano resultan especialmente graves ya que han afectado a masas con una capacidad de regeneración prácticamente nula (pinares de pino silvestre y pino laricio) o a pinares de pino carrasco que, si bien presentan un buen potencial de regeneración, éste puede verse afectado por la aridez de algunas zonas. Limitaciones a las que hay que añadir la abruta orografía, la climatología, la intensidad del fuego y la gran extensión de los incendios que dificultará la diseminación de propágulos desde el perímetro no afectado.
Al cabo de unos años, si un diagnóstico sobre el grado de recuperación de la vegetación confirmase la escasa regeneración, se procedería a diseñar actuaciones de revegetación. Actuaciones que no necesaria o exclusivamente tienen que ser masivas repoblaciones. Así, el apoyo a procesos de restauración pasiva puede constituir un complemento y una aproximación eficaz y más barata que masivas plantaciones para las cuales, pese a su elevado coste, cabe augurar unos pobres resultados. Esta fase permitiría definir la composición específica de los montes y la distribución de las nuevas masas arboladas, favoreciendo la biodiversidad y heterogeneidad paisajística. Será, por tanto, el momento adecuado para decidir el modelo de paisaje y de aprovechamientos que esperamos de nuestros montes en un contexto de nuevos retos (cambios socioeconómicos y climáticos). Pero esta decisión debería partir de un proceso de participación activa, en busca de un consenso y colaboración con los agentes sociales implicados en la gestión, aprovechamiento, uso y disfrute de nuestros montes.
Los incendios de este verano han supuesto unas pérdidas irreparables en nuestro patrimonio, hagamos entre todos que el proceso de restauración sea una oportunidad para diseñar montes más diversos, resistentes y resilientes a los incendios, adaptados a las nuevas amenazas derivadas del cambio climático y con unas posibilidades de aprovechamiento sostenible de sus bienes y servicios… y que dicho proceso sirva para dinamizar a nuestros pueblos.
José Antonio Alloza
Colectivo Sollavientos
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