José Manuel Nicolau, Ángel Marco,
Olga Estrada, Javier Oquendo, Gonçal Tena, Ignacio Teres, Francho Ch. de
Jaime, Patricio Garcia-Fayos, Nicolás Ferrer-Bergua, Víctor Guiu, José
Luis Simón, Jorge Abril, José Manuel Salesa, Alejandro Pérez*
En estas semanas
se está procediendo a la expropiación de fincas en Galve para la
ampliación de la cantera de arcilla. Y en el pueblo algunos vecinos
están viviendo momentos muy delicados. El verano pasado este proyecto
había recibido ya el visto bueno ambiental de la DGA. En la Jornada
Técnica sobre la minería de arcillas que se celebró en Teruel en 2009,
el representante de la compañía multinacional que opera en Galve sostuvo
que las empresas mineras que trabajaban en Teruel no disponían de las
suficientes garantías jurídicas para realizar su actividad. Intentó que
se aprobara una declaración en esa línea, algo a lo que los
participantes no accedieron, argumentando que España es un Estado de
derecho donde las administraciones públicas velan por la seguridad
jurídica de ciudadanos y empresas.
¡Resulta
llamativo, lo que nos ha deparado el paso del tiempo! Primero la empresa
obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental favorable con argumentos
muy forzados en contra de la opinión de técnicos y académicos buenos
conocedores del territorio y de la dimensión ambiental de la minería. Y
después, algo doloroso: han sido condenados por la justicia dos miembros
de la asociación Aguilar Natural que remitieron un artículo de la
Plataforma en contra de una sentencia favorable a la apertura de otra
cantera de la misma multinacional. Se ha tratado de un proceso jurídico y
de una sentencia que están muy lejos de los valores y procedimientos
con que nos manejamos cotidianamente algunos que nos consideramos
ciudadanos responsables y socialmente integrados. ¡Vaya con la
indefensión jurídica de la multinacional!
Los ciudadanos
hemos aprendido mucho en estos años de crisis. Hemos aprendido que
sectores empresariales muy importantes, como el financiero o el de la
construcción, entre otros, nos han perjudicado gravemente: crecimiento
no equivale siempre a bienestar para el ciudadano. Que muchos políticos
nos han mentido y nos mienten. Y que cargos importantes de las
administraciones del Estado no han ejercido cabalmente sus
responsabilidades. Por todo ello nos sentimos engañados, desconfiados y
desamparados.
En Teruel se
cuentan con los dedos de una mano las canteras de arcilla que han hecho
algo de restauración ambiental, cuando la legislación obliga a ello
desde 1982. Y en su mayoría son restauraciones de un nivel bajo, muy
lejos de las del carbón. En la cantera de Galve la restauración es
inexistente. Y a pesar de este pobre currículo ambiental del sector, la
administración aragonesa sigue facilitando el camino a proyectos que en
los papeles anuncian mucho y en la práctica no muestran nada. Creemos
que las instituciones tienen que replantearse seriamente esta política.
Para que Teruel
exista se necesita mucho más que inversiones. Debe haber un territorio y
una naturaleza saludables que, por un lado, sigan aportando los
recursos básicos para el sector primario y el turismo y, por otro, sigan
constituyendo una parte importante de las señas de identidad de las
personas, tan importantes para su felicidad. Y son bienvenidos los
inversores, pero los que tengan vocación de adquirir un cierto
compromiso con el territorio turolense, su socio. La fragilidad social y
ambiental de estas tierras así lo exige. Y siempre, siempre, se
necesita una administración que ampare a los ciudadanos que día tras día
trabajan para que esta tierra exista. Algunos de ellos lo vienen
haciendo desde Galve y Aguilar del Alfambra, con notable ahínco, desde
hace años.
*Miembros del Colectivo Sollavientos
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