Hablemos de ciudadano a ciudadano y
de cómo nos sentimos cuando no nos vemos protegidos por los grandes intereses
de las empresas.
El nuevo proyecto de extracción de
hidrocarburos mediante la técnica conocida como fracking ha irrumpido en el territorio del Maestrazgo turolense
como un elefante en una cacharrería. ¿No basta ya con extraer el carbón de la
tierra, llenar sus montañas de molinos de viento, y surcar sus cielos con
tendidos eléctricos para producir una energía que sus habitantes no consumen?
Pues no. Pero es que, además, el territorio del Maestrazgo, con un paisaje
excepcional debido a su complejidad, supone más complicaciones para esta nueva
técnica. El llamado “laberinto de silencio” es también un laberinto geológico
que lo hace muy difícil de conocer, muy difícil de predecir e imposible de
recuperar. Territorio único por sus pliegues y un delicado equilibrio de las
actividades de sus habitantes.
La práctica en cuestión procede de
los Estados Unidos, y consiste en
fracturar (reventar) las rocas del subsuelo que contienen gas para extraerlo.
La polémica de su implantación se encuentra en que, por un lado, esta técnica
es tan agresiva con el medio como poco estudiada por científicos y, por otro,
las empresas operan con opacidad sin declarar qué sustancias químicas emiten al
medio para extraer el gas. De ahí que se
esté prohibiendo o suspendiendo en diversos países de Europa, e incluso dentro
de España comienza a prohibirse en algunas comunidades, como recientemente ha
sucedido en Cantabria.
Si algo de tal magnitud hace
sospechar sobre sus implicaciones con el territorio y sus habitantes, para algo
está la aplicación del Principio de Precaución, que recoge la propia Unión
Europea en el artículo 191 de su Tratado de Funcionamiento. A través de este
principio se podría impedir o poner en suspenso cualquier actividad que
conlleve un peligro para la salud o medio ambiente, en el caso de que sus
riesgos no hayan podido ser científicamente determinados. Esto también ha de
aplicarse a los permisos de exploración si estos conllevan el más mínimo ensayo
en el territorio. No vale el comenzar a inyectar agua cargada de sustancias no
declaradas y “ver qué pasa”, porque entonces ya ha pasado, y luego ¿qué?.
Pero es que además los ciudadanos,
con los actuales trámites para velar por el medio ambiente, tampoco nos vemos
protegidos. Este es el caso de las actuales Evaluaciones de Impacto Ambiental,
pues se está viendo que en muchos casos no son más que trámites para justificar
lo injustificable, en las que cualquier impacto al medio ambiente puede ser
“admisible” si así queda escrito por la empresa en una memoria sin suficiente
rigor en el análisis del medio en el que se va a impactar.
Ante este panorama, estamos ante el
peligro de que “nos la claven” (la técnica del fracking) a los habitantes y al territorio. Mejor sería aplicar el
Principio de Precaución, y ya hablaremos cuando
las empresas se responsabilicen y declaren las sustancias que vierten,
cuando la técnica sea más estudiada y evaluada por expertos y se conozcan las
repercusiones de semejante agresión al medio, y cuando se hayan endurecido y
democratizado las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Aunque quizá en ese
momento la actividad no sea viable. Frente a un riesgo inaceptable, una situación de
incertidumbre científica o la inquietud de la población, los políticos están
obligados a encontrar respuestas, por lo que deben tener en cuenta todos estos
factores. Si no entienden esto, hay un problema: o no saben lo
que está acaeciendo en el territorio que representan, o no están capacitados
para ocupar cargos de semejante responsabilidad. Cualquiera de las dos opciones
me parecería inaceptable para nosotros, para el territorio, y para las
generaciones venideras, porque ¿qué nos vamos a quedar? ¿qué les vamos a
dejar?.
Silvia Pérez Domingo*
*Colectivo Sollavientos
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