La minería provee a la industria de materias primas necesarias para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Pero es también una actividad con graves consecuencias ambientales. Conjugar los intereses de los distintos actores implicados (empresas, ciudadanos, Administración autonómica y local) requiere una reflexión profunda y un análisis de cómo los proyectos mineros pueden comprometer otras formas de desarrollo del territorio. En ese sentido, hay que distinguir entre los municipios y comarcas que tienen tradición minera, y por tanto experiencias propias sobre las que hacer balance, y aquellas otras que no la tienen, pero que son objeto últimamente de una avalancha de nuevos proyectos.
La percepción social en los primeros podemos ejemplificarla en dos municipios como Galve y Castellote. Ambos tienen minas activas de arcilla que tienen un fuerte impacto en el patrimonio natural y cultural (incluso en espacios protegidos de la Red Natura 2000), y también un sector turístico destacable que ‘explota’ ese mismo patrimonio. En Galve, el sector de población que sostiene una economía local basada en el turismo cultural (patrimonio paleontológico) lamenta la herida en el paisaje que la mina supone, y el escaso compromiso ambiental demostrado por la compañía que la explota (Sibelco). En Castellote, quizá la población en general y el sector hostelero en particular no perciben con tanta preocupación los impactos: son muchos quienes han aprendido a convivir con ellos. Sin embargo, también allí existe una creciente oposición, por parte de quienes valoran que el impacto acumulado que producen sus seis canteras de arcilla difícilmente puede ser compensado por los apenas dos empleos permanentes que éstas proporcionan.
Un problema cualitativamente distinto está en territorios sin tradición minera como el Maestrazgo o el alto Alfambra. El sector cerámico de Castellón puede ejercer a corto y medio plazo una fuerte presión sobre las reservas potenciales de arcilla que hay en esas zonas; en los últimos años se han planteado hasta unos quince nuevos proyectos en ese territorio, que de ir adelante podrían configurar una ‘nueva cuenca minera’. Sus paisajes, los usos tradicionales del suelo, así como otros desarrollos alternativos basados en el sector terciario, quedarían hipotecados. El reto del sector minero de hacer atractivos sus proyectos en este territorio es muy difícil: hay numerosos casos de malas prácticas que han creado una imagen negativa difícil de borrar, y su capacidad para actuar como revulsivo económico capaz de revertir la fuerte tendencia a la despoblación es nula debido a los escasos empleos que reportan.
Esto explicaría por qué han surgido graves conflictos como el de Aguilar del Alfambra, entre la empresa que quiere abrir una cantera junto al pueblo y los habitantes, que casi unánimemente la rechazan. El Ayuntamiento denegó en 2008 a la compañía WBB (ahora Sibelco) la licencia ambiental de actividades clasificadas, argumentando un posible fraude al calcular artificialmente a la baja el volumen anual de material removido, y señalando que era necesaria una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria. La empresa inició un procedimiento contencioso-administrativo que ha llegado a todas las instancias judiciales, fallando en contra del Ayuntamiento. La contestación social pacífica no ha merecido atención por parte del estamento judicial ni político, pero sí una condena por injurias (recurrida ahora ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo). Todo ello da idea de las tensiones que puede causar el choque de intereses entre una empresa minera que utiliza a veces subterfugios legales para defenderlos y la población local que es privada de derechos básicos sobre su patrimonio y su territorio.
José Luis Simón
Alejandro J. Pérez
Javier Oquendo
Colectivo Sollavientos
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