La compatibilidad de la actividad minera con la conservación medioambiental requiere acciones de la Administración en tres frentes sucesivos: ordenación, evaluación de impactos y vigilancia ambiental. En Aragón funciona razonablemente sólo uno de esos instrumentos: la Evaluación de Impacto Ambiental, que la Administración trata de implementar con el máximo rigor, aun cuando ciertas prácticas arraigadas en el sector minero lo dificultan: calidad deficiente de muchos proyectos y estudios de impacto ambiental; minusvaloración de los activos ambientales y patrimoniales del territorio; utilización de métodos de restauración poco actualizados y excesivo optimismo en sus resultados.
No existe, sin embargo, ningún tipo de ordenación del sector. Un borrador de plan de ordenación minera de Aragón redactado hace más de siete años no prosperó, y la Administración aragonesa actual no lo tiene en su agenda. La administración minera aragonesa arguye que establecer un marco normativo propio, contando con la participación de todos los actores implicados y respetando la normativa estatal, resulta complejo; también, que su misión no es establecer restricciones, sino fomentar el desarrollo de explotaciones viables que generen riqueza. Desde sectores científicos y ambientalistas se reclama una ordenación minero-ambiental soportada por una Evaluación Ambiental Estratégica que analize los territorios en su conjunto y establezca dónde se pueden ubicar nuevos proyectos mineros y dónde no. Está en juego no sólo la optimización y rentabilidad máxima de las actividades extractivas, sino también su compatibilidad con la conservación del patrimonio y con otras actividades y usos del territorio. También las empresas reclaman una seguridad que les permita acometer planes de inversión y negocio con garantías de futuro, escenario que sería más factible con esa ordenación. Y, por supuesto, la reclama la población afectada (seguridad de sostenibilidad medioambiental, compromiso con el territorio). Resulta, por tanto, paradójico que la DGA no la contemple.
Tampoco la inspección y vigilancia ambiental funciona como debería. La Administración aragonesa reconoce que los medios humanos disponibles resultan insuficientes, y el mecanismo de los avales que las empresas depositan para garantizar que acometerán la preceptiva restauración no tiene fuerza coercitiva. La cuantía del aval es aún muy baja en relación con el coste real de la restauración y con los beneficios que la empresa puede obtener, de modo que ésta prefiere muchas veces incumplir su obligación de restaurar y renunciar a su devolución. El Director General de Energía y Minas de la DGA ha promulgado recientemente una Resolución sobre el control e inspección minera en el ejercicio de 2016 (BOA de 15 de marzo), a la vez que ha dado a conocer que este mismo año se ha tramitado por primera vez una restauración de forma subsidiaria con el importe del aval. Ojalá sea el comienzo de una etapa de mayor rigor en esta tarea tan trascendental.
Hasta ahora, la Evaluación de Impacto Ambiental de cada proyecto individual ha sido abordada sin un contexto de planificación adecuado (como podría ser una Evaluación Ambiental Estratégica), y sabiendo que los planes de labores y restauración no iban a tener un seguimiento cercano, ni probablemente sanciones en caso de incumplimiento. La EIA ha devenido así un mero trámite administrativo en el que muchas veces (curiosa y paradójicamente) es el proceso de participación pública el que saca a la luz problemas que los informes técnicos habían soslayado. Las garantías que la sociedad civil tiene acerca de la compatibilidad ambiental de la actividad minera en su conjunto se convierten, por consiguiente, en mera abstracción.
José Luis Simón
Ángel Marco
Colectivo Sollavientos
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