En los últimos tiempos una fractura muy amplia y profunda divide al ecologismo en España en relación con la implantación de energías renovables. No se discute el por qué, sino el cómo, y ante la agresividad que ha alcanzado el debate, formulamos una propuesta sintética. El horizonte político próximo, las elecciones generales del 23-J, así lo determina, y pensamos que es necesario emplazar de forma concreta a las fuerzas políticas que concurren a los comicios.
En este debate, y de forma muy resumida, una de las partes, A, defiende que el despliegue debe hacerse a toda velocidad. La otra, B, objeta que hay que reflexionar y planificar. En términos generales, el poder político y el empresarial confluyen con el primer planteamiento, a pesar de la incomodidad que esto puede causar en A. Dada la configuración del sector energético español, dicha concurrencia hace que el despliegue de renovables se esté efectuando con macrocentrales eólicas y fotovoltaicas en el medio rural impulsado por el oligopolio eléctrico y por especuladores, y con un trasfondo de posibles casos de corrupción política. B también discurre con compañías indeseadas: elementos negacionistas del cambio climático y ultraderechistas que emplean el asunto como uno de los fetiches de lo que se denomina «guerra cultural».
En una segunda capa del debate, A se acoge a la legislación ambiental como criterio discriminador de los proyectos de renovables que pueden y no pueden hacerse por motivos medioambientales. B objeta que ni esa legislación, ni las Administraciones Públicas, están siendo funcionales en la misión de velar por el medio ambiente, aspecto que se ha verificado con la aprobación del Real Decreto 20/2022, que acaba con la Evaluación de Impacto Ambiental en proyectos de generación de energía eléctrica con renovables.
Sin embargo, frente a la beligerancia, existen puntos que unen a ambas orillas: (1) es necesario reducir drásticamente las emisiones de CO2, y para ello es imprescindible consumir menos combustibles fósiles; (2) lo anterior obliga a una pronta sustitución de los hidrocarburos por fuentes de energía renovables; (3) existe una mayoritaria preferencia por la generación distribuida: autoconsumo y comunidades energéticas; (4) asimismo, existe la conciencia generalizada de que no es posible la transición que se requiere sin superar las lógicas del sistema económico dominante: los recursos materiales del planeta son limitados y no se puede crecer infinitamente, por lo que como mínimo es necesario ahorrar, relocalizar la producción acercándola al consumo y abordar políticas de reciclaje y reutilización distintas a las vigentes.
En este contexto general, y en el particular del medio rural turolense, estragado por un maremoto de macroproyectos de renovables, el Colectivo Sollavientos apuesta por una moratoria que no cuestione el proceso de transición energética. Se concreta en los siguientes puntos:
a) Moratoria de macrorrenovables en el medio rural y planificación profunda y democrática sobre su implantación. Este punto es ineludible, y su no aceptación constituye un agravio comparativo inaceptable, porque el despliegue de la eólica marina ha disfrutado de una moratoria de facto.
b) Despliegue de renovables sin pausa en áreas degradadas, transformadas y de grandes consumidores: ciudades, zonas industriales y periurbanas. Este punto implica redefinir el diseño de las redes eléctricas de transporte y distribución, y muy señaladamente el emplazamiento de las Subestaciones Eléctricas Transformadoras.
c) Constitución planificada y prescriptiva de comunidades energéticas y de unidades de autoconsumo, con las adaptaciones de la legislación vigente que se requieran.
d) Cambio en el modelo de movilidad, mediante la articulación de sistemas de transporte público realmente viables y universales, tanto en el medio urbano como en el rural.
e) Incentivos al ahorro energético y penalización del consumo superfluo y prescindible.
Es una propuesta ambiciosa, que requiere concretar previamente qué consideramos entorno rural y urbano, consumo energético superfluo o constitución prescriptiva, pero pensamos que es una propuesta justa, razonable y realizable. En definitiva, es cuestión de voluntad y por ello emplazamos al resto del ecologismo y a las fuerzas políticas.
Ivo-Aragón Ínigo
Colectivo Sollavientos
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