Las Tablas de Damiel en Junio del 2013
La recuperación del
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel no solamente ha repercutido positivamente en
el sentir de la opinión pública sensibilizada con la conservación y el turismo ornitológico, sino también en la
propia población local que temía perder una de sus señas de identidad. Una
climatología adversa, una
sobreexplotación del acuífero de La
Mancha y su contaminación por las aguas residuales de los municipios ribereños, han
tenido un especial protagonismo en el alarmante deterioro de este ecosistema,
que ha estado a punto de perder la clasificación de Reserva de la Biosfera, otorgada
por la
UNESCO en 1981.
Afortunadamente la comarca del Campo de Calatrava, donde se
ubican las Tablas de Daimiel, tiene una nueva oportunidad, en la que
ha desempeñado una papel muy importante la administración de Parques
Nacionales, para reconsiderar el
tratamiento que las actividades humanas deben dar a su entorno.
Dicha administración,
aun cuando veía desaparecer el agua del humedal, ha seguido desarrollando
actuaciones tendentes a preparar el terreno para que, cuando llegaran
condiciones climáticas favorables, como las habidas en los últimos dos años,
pudiera regenerarse hasta los niveles actuales.
Que nadie piense que con
estas condiciones el dinero fluye en esta comarca. Conviven jornaleros,
trabajadores y empresarios del sector agrícola, también del sector servicios,
especialmente del turismo (alojamientos hoteleros y rurales, restaurantes y
empresas de guías turísticos). Tampoco el dinero público corre con alegría en
la recuperación de su rico patrimonio
cultural. Pero la impresión, al visitar estos pueblos de La Mancha es que se
encuentran inmersos en un proceso de adaptación a los nuevos tiempos, en los que ningún recurso sobra para
desarrollar una economía que los
sustente.
Tengo la sensación de
que las tensiones entre unos y otros no
han desaparecido en la convivencia
diaria. Mirando hacia las tierras de cultivo, observamos una
apuesta por la agricultura intensiva que requiere gran cantidad agua, pero me parece que han encontrado cauces
para generar consenso, acercando posturas entre aquellos sectores que en otros momentos han sido los únicos
protagonistas en la toma de decisiones,
y los emergentes, como son los pertenecientes al sector
servicios, en claro proceso de crecimiento. Todo cambio requiere un período de
transición no exento de conflicto, como
los que debieron surgir hace doscientos años cuando se gestó la transición desde una economía ganadera a una agricultura
intensiva en torno al cereal y la vid, o mucho más atrás, cuando sociedades cazadoras-recolectoras
vieron amenazado su espacio por los cambios que generaba la irrupción del Neolítico, estableciendo comunidades
sedentarias, así como el derecho a la propiedad privada. El consenso no debe implicar
que las diferencias desaparezcan, sino que supone un común acuerdo por trabajar unidos en el interés general.
Enlazo estas
reflexiones con el problema actual que, en la Comarca de la Comunidad de Teruel,
se vive con la recuperación de la Laguna
del Cañizar.
La situación inicial legal de este espacio no
podemos centrarla en el momento de su desecación, hace más de dos siglos. Y al plantearnos su futuro y el de las
poblaciones humanas donde se
localiza, es importante poner sobre la
mesa de trabajo, con criterios
objetivos, las circunstancias actuales en cuanto a legislación, sensibilidad social y
posibilidades de desarrollo para una sociedad inmersa en el mercado global. Las
ordenanzas de riego apenas regulan unos
turnos, sin que en ningún momento cuantifiquen el volumen de agua del que se
dispone, dato imprescindible para hacer una gestión no sólo con garantías
ecológicas, si no también para definir el número de hectáreas que pueden llegar a regarse, sin olvidar
concretar en qué productos competitivos
deben orientarse las labores del campo.
La legislación actual europea apuesta claramente por la necesidad de
conservar los espacios naturales. Incluso nuestra Constitución, que se promulgó en momentos no muy proclives a una sensibilidad
por el medio ambiente, insta a que los poderes públicos velen no solo por el bienestar de la población con
su desarrollo socio-económico, sino también a la responsabilidad que tienen de conservación de los valores naturales del
territorio.
Aunque es deseable que
sea desde lo local donde surja el
interés por la recuperación de uno de los humedales que la Península Ibérica no
puede permitirse perder, la obstinación de ciertos sectores por bloquearlo no
debe paralizar las directrices marcadas desde la Unión Europea y ratificadas
por el estado español. Éstas apuestan por un modelo de desarrollo sostenible en
el tiempo, donde converjan la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la
población, dotándola de herramientas para desarrollar economías que les proporcionen
recursos para vivir, en convivencia con elementos naturales. Los
valores y servicios ambientales no solo son indicadores de la voluntad por conservar el entorno y la
biodiversidad, por lo que significan de respeto a la vida, sino que cubren esa
necesidad ciudadana de disponer de ellos para enriquecer su calidad de vida, en primer lugar la de los
que viven en estos pueblos, en cuanto que son espacios libres donde acercarnos
a la naturaleza y en cuanto que nos ofrecen servicios imprescindibles para
nuestra vida, que sólo la naturaleza puede darnos.
Sin duda, en el proceso seguido en los últimos años para volver a inundar estas tierras con
vocación natural de humedal, las cosas
se podrían haber hecho de otra manera, y aún estamos a tiempo para rectificar. La
Ley lo es para todos y toda actuación
debe velar por la transparencia y la legalidad.
Por otra parte, el proyecto, que ya ha recibido un reconocimiento
del Gobierno de Aragón otorgándole el Premio de Medio Ambiente del año 2012, puede seguir adelante como iniciativa de una fundación,
que aunque con patrones públicos, no
deja de ser privada, o como una iniciativa tutelada por la administración
pública. En este segundo caso puede ser
asumida por el Gobierno de Aragón o por el
gobierno estatal en sus respectivas competencias en los espacios protegidos y en la gestión de las
cuencas hidrográficas. Cualquiera de las
dos fórmulas es válida y en el territorio nacional pueden localizarse
experiencias en uno u otro sentido.
Ángel Marco
Miembro de Ecologistas en Acción
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