La participación ciudadana es un término muy solicitado estos
días; así se puede comprobar en las últimas manifestaciones por la democracia,
o en los movimientos colectivos surgidos a raíz del famoso 15-M, donde quedó
materializada.
Esta demanda de participación de la población es importante
de manera capital en los pueblos y áreas rurales, donde a través de ésta no
sólo se permite expresar a la población en lo que les va a afectar de manera
directa –a diferencia de lo que pueda ocurrir en enclaves más grandes donde los
efectos pueden diluirse entre los habitantes- , sino que va a hacer posible la
puesta en marcha de proyectos locales (endógenos) o la implicación en los
mismos.
Una de las herramientas para la implicación en la puesta en
marcha de distintos proyectos la constituye el proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental mediante el procedimiento de exposición pública y la recopilación por
las Administraciones de alegaciones emitidas por los habitantes y/o afectados.
Esta herramienta en determinados casos ha permitido rechazar, o modificar
proyectos para adecuarlos a las necesidades locales, y han sido numerosas
personas individuales, asociaciones locales o colectivos los que han intermediado
para hacer posible esta interacción de los habitantes con los poderes
públicos. Y a veces se han conseguido
buenos pasos adelante.
Si bien, últimamente se está asistiendo a una toma de
importancia de organismos públicos de ámbito regional o autonómico –véanse
Universidadesentre otros- frente a las empresas locales en la participación en
proyectos territoriales que afectan a zonas rurales. Esto, que pudiera ser
beneficioso por la cantidad de conocimientos o medios técnicos de renombre, sin
embargo, en los casos donde hay habitantes rurales capacitados y dedicados a
los sectores involucrados estará siendo un paso para atrás. Y es un paso para
atrás en participación cuando pudiesen alcanzarse acuerdos administrativos a
instancias regionales, que hiciese de la participación pública local de la EIA
un trámite administrativo vacío de efectividad. También es un paso para atrás
cuando se otorga la realización de iniciativas territoriales a estos organismos
públicos superiores. Y el paso en retroceso será todavía más grande cuando
fondos económicos destinados para el desarrollo local se pudiesen derivar a
pagar estancias, viajes, o congresos internacionales sin repercusión local. Pues,
¿dónde está la participación ciudadana en los casos donde se traen y llevan equipos
técnicos y becarios de fuera?, ¿dónde están los beneficios que permitan el
desarrollo económico-endógeno para la localidad?
Cualquier actividad que impacte sobre el territorio tendría
que poder ser gestionada por los habitantes, ya sea a través del control de sus
impactos, como en la revalorización local de la actividad a través de la
formación, y creación de puestos de trabajo en el mismo entorno donde se va a
ubicar. Esa es la participación no ciudadana (porque no estamos en ciudades),
sino local, que no se debe nunca dejar en un segundo plano en aras de no sé qué
otro primer plano que no sea local.
La población local, al fin y al cabo será la que tengan que
hacerse cargo de las repercusiones económicas y ambientales futuras. Que nada
ni nadie les quite la participación, que no es ni más ni menos que su
oportunidad para decidir y para evolucionar hacia donde ellos mismos quieran.
Silvia Pérez Domingo
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