Carne Cruda tuvo la oportunidad de entrevistar a la ministra para la Transición Ecológica el jueves 29 de noviembre. Javier Gallego y Violeta Muñoz, con su solvencia habitual, repasaron con María Teresa Ribera los temas más acuciantes del medio ambiente español, de Doñana a la salvaje implantación de macrocentrales de energías renovables en el medio rural, un tema muy de agradecer dada su general invisibilidad para los medios de la M-30 adentro. De aquí en adelante nos ceñiremos a este asunto. El encuentro llegaba en el momento preciso para observar si el Gobierno encaraba la legislatura con alguna novedad debido a la creciente resistencia contra el maremoto de megacentrales, el avance en la judicialización de expedientes y los síntomas de agotamiento de la burbuja renovable.
Los radioyentes percibimos a una entrevistada esforzándose por ser más rápida que la realidad. Al tiempo, nos heló la frialdad del mandarín: nada va a mover ni un milímetro a un Estado que, a bien decir de Pedro Vallín, es implacable, te aplasta, aunque es igual de despótico en la inacción, ignorando derechos, sufrimiento y necesidades. Las buenas formas y apariencia empática de María Teresa Ribera no ocultan el meollo de la «transición ecológica» que dirige. Que nadie se lleve a engaño por la propaganda gubernamental, las campañas de greenwhasing, ni por el ecologismo cooptado, en este tinglado lo que menos importa es el medio ambiente. Lo sustancial es un modelo de negocio incomprensible sin la colusión de intereses privados y poder estatal, una dinámica, por cierto, heredada del franquismo.
El ejercicio de escapismo comenzó por una patente cuestión cronológica. María Teresa Ribera es ministra desde junio de 2018 y habló de lo que ahora debe hacerse con el despliegue de renovables: dar cabida a la ciudadanía y a los pequeños proyectos, sin descartar la necesidad de algunos grandes, preservando los valores ambientales. Si fuera así, este artículo jamás habría sido escrito. La realidad es justo la contraria: se ha comenzado por los macroproyectos, instalándolos en zonas rurales y naturales –en lugar de en ámbitos degradados y urbanizados–, obviando incompatibilidades ambientales establecidas por el propio Ministerio, avasallando al discrepante y con un desarrollo de comunidades energéticas tendente a cero.
Lo que acaba de decirse, ¿ha sido así de forma absoluta? No, la verdad es que no, seamos sinceros. Con la eólica offshore, la que se instala en la costa (granero de votos y de turistas tomando las aguas), ha habido tiempo para una moratoria en la que planificar su instalación, justo lo que se reclamaba en la España vaciada, aunque no ha sido digna de la gracia ministerial (la despiadada frialdad de los mandarines). ¿Por qué? Superpongan el mapa de la burbuja inmobiliaria con el de la burbuja de las renovables, verán cómo se complementan. Si la primera se cebó con la costa y las grandes ciudades, la segunda lo hace con el mundo rural.
El precio del suelo es la primera clave y aquí hablamos de un modelo de negocio; el beneficio es lo importante. La siguiente clave es la especulación con los nudos de enganche a la red eléctrica de transporte, porque la energía debe ser llevada de los pueblos a las zonas agraciadas, las urbanas e industriales, al igual que sucede con la electricidad de los pantanos, las centrales térmicas y las nucleares. La diferencia es que con las renovables esa energía puede producirse donde se consume, pero ya saben, la «transición ecológica» es un modelo de negocio, no de «racionalidad ecológica».
La ecología, de hecho, fue la gran ausente en la entrevista. En esto no cabe sino reconocer la coherencia de María Teresa Ribera, la ministra que ha eliminado las evaluaciones de impacto ambiental para instalaciones de renovables fuera de la Red Natura 2000 (Real Decreto 20/2022), la ministra cuya firma certifica declaraciones de impacto ambiental positivas para megaproyectos de renovables dentro de la Red Natura 2000, la ministra que, para compensar estos macroproyectos, propuso «involucrar a las poblaciones locales», un eufemismo de soltar la mosca, pero no mucho. Se desconoce cómo sirve esto para proteger a las especies en peligro de extinción afectadas por estas instalaciones y que el Estado español ha adquirido el compromiso legal de preservar. Cualquiera diría que es una competencia del Ministerio de Transición Ecológica, salvo que se viva en una tenaz fuga de la realidad.
La apoteosis llegó cuando María Teresa Ribera optó por darse mus. Achacó sus resoluciones a informes favorables de las Comunidades Autónomas. Es obvio que una funcionaria de su nivel y una política con su estatus distingue perfectamente la diferencia entre «informar», lo que en este caso hacían los organismos autonómicos, y «resolver», lo que hacía su Ministerio. En cualquier caso, lo malo de querer ser más rápido que la realidad es que te acaba alcanzando: el Ministerio para la Transición Ecológica, con la firma de la ministra, ha aprobado proyectos con informes negativos de organismos autonómicos, véase la línea de alta tensión del clúster Begués entre Aragón y Cataluña.
La experiencia desmiente las buenas ideas y deseos que María Teresa Ribera enunció en Carne Cruda. Desde 2018, bajo su dirección, se ha hecho exactamente lo contrario. Su huida no es a ninguna parte, tiene un norte claro: el modelo energético que actualmente tenemos. Su ministerio es el guardián de unos intereses dados y a la vista está que lo máximo que concibe es repartir migajas para mantener lo fundamental. Lo malo es que no sirve para combatir el calentamiento global (las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido tras el parón de la Covid-19 y en el momento de máxima implantación de renovables) y agrava la pérdida de biodiversidad, el despoblamiento y desarticulación del medio rural. De esa realidad es de la que huye la ministra y por la que pagaremos todos. Renovables sí, pero no así.
Javier Oquendo e Ivo Inigo. Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel
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