“¡Nos ven cara de huevones!” exclamó el exministro de petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, al conocer el contenido del acuerdo de Trump con el gobierno del país para explotar una parte de sus reservas de crudo. “El acuerdo pasará a la historia por entreguista y por abrir las puertas al nuevo colonialismo norteamericano”. Por el contrario, la presidenta interina Delcy Rodríguez lo defiende por considerar que, aunque otorga jugosos favores a Estados Unidos, beneficiará a la economía venezolana: rentabilizar sus inmensas reservas de petróleo a través de la inversión, tecnología y capacidad productiva que aportará EE.UU. permitirá convertir esa riqueza en bienestar.
Según informa la BBC (https://www.bbc.com/mundo/articles/c783xln84p1o), “el mayor acuerdo petrolero de la historia" consiste en otorgar a EE.UU. la explotación de 65.000 millones de barriles de crudo en 17 campos petroleros (aproximadamente, un 21,5% de las reservas probadas de Venezuela) durante 25 años, a cambio de unos ingresos totales para el Estado caribeño de 209.000 millones de dólares.
Las cifras publicadas suponen que este acuerdo generará ingresos fiscales de 3,2 dólares por barril. Eso supone un 4,5% del precio de referencia del crudo venezolano (el denominado Merey 16, extra-pesado y con azufre), que suele estar entre 15 y 20 dólares por debajo del Brent y actualmente se sitúa en 71 dólares por barril.
Estos números no afectan demasiado a Teruel, pero sí los que voy a dar ahora. El Diario de Teruel publicaba el 1 de septiembre de 2021 la noticia de un contrato de arrendamiento del Ayuntamiento de Estercuel a PAMESA de 117 hectáreas de terreno por 20 años para explotar una mina de arcilla. El Ayuntamiento recibe 600.000 euros por esos 20 años de arrendamiento. Ese contrato se presenta con frecuencia como ejemplo de buena praxis empresarial e institucional, ya que visibiliza ventajosas contraprestaciones que las compañías del sector están dispuestas a conceder al territorio en el que se implantan.
Los números son jugosos, pero hay que cotejarlos con el beneficio que la empresa cerámica puede obtener. Se prevé extraer un promedio anual de 400.000 toneladas de arcilla. No es fácil calcular su valor porque no existen cotizaciones públicas, y el precio, muy variable, está regido por contratos privados y confidenciales. Se estima, según diversas fuentes, un rango de entre 30 y 90 euros/tonelada para la arcilla blanca de Teruel en origen, al que habría que sumar los costes de transporte hasta alcanzar entre 40 y 105 euros la tonelada en destino.
Imaginemos por un momento que el Ayuntamiento de Estercuel aceptase el, para algunos, vergonzante contrato que Trump impone a Venezuela: una tasa del 4,5% sobre el precio del producto. Ese precio, para 8 millones de toneladas de arcilla (400.000 toneladas anuales durante 20 años), en euros constantes actuales, estaría entre 320 y 840 millones. Un 4,5% de ese montante serían entre 14,4 y 37,8 millones de euros. Comparen ustedes con los 600.000 del contrato de arrendamiento.
Estos cálculos pueden estar sujetos a múltiples errores e imprecisiones. Desconozco, por ejemplo, si hay otras compensaciones adicionales por parte de la empresa, que también habría considerar. La valoración del producto extraído contiene un rango de incertidumbre grande. Por tanto, acepto cualquier enmienda que quiera hacerse a este artículo, y me alegraré si, al menos, genera debate sobre el problema de fondo.
Estas estimaciones pueden resultar incluso conservadoras, de acuerdo con otras fuentes. Una tasa de un 4,5% es menos de la mitad de lo que hace un siglo firmaba la dictadura venezolana de Juan Vicente Gómez con las petroleras internacionales (entre 10 y 15%). Según la BBC, la versión de Delcy Rodríguez es que, sobre un precio referencia del barril de 65 dólares, Venezuela recibirá unos 19 euros por cada barril, un 29%. Según el ingeniero Luis Pacheco, que ha sido profesor de la Universidad Simón Bolívar y ha ocupado durante 17 años cargos de alto nivel en la industria petrolera venezolana, ese último porcentaje se ubica dentro del rango más bajo de lo que cobran otros países por acuerdos similares.
Tanto en Venezuela como en España, los recursos del subsuelo son propiedad del Estado. La diferencia está en que a Venezuela las empresas extractoras le pagan un canon por barril, mientras que en España el Estado regala la tonelada a quien la quiera extraer.
¿Se nos ve cara de huevones?
José Luis Simón
Colectivo Sollavientos
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