En varios medios de comunicación se ha publicado recientemente que grandes empresas, fondos y bancos internacionales se han interesado por la inversión en energías renovables en España. Esto no es algo nuevo, sino que se viene gestando desde hace cinco o seis años. Se han fijado en pequeñas poblaciones y espacios de la España interior asequibles e indefensos.
La producción de energía a partir de combustibles fósiles se realiza en grandes centrales propiedad de cuatro o cinco compañías que controlan el ciclo de la producción, la distribución y la comercialización. Esto mismo ocurre con la electricidad que se genera en las nucleares, instalaciones necesariamente grandes debido a su sistema de funcionamiento.
Las renovables suponen un cambio en la forma de producir energía, pues se puede hacer de forma mucho más distribuida, desde pequeñas instalaciones para el abastecimiento de una sola familia hasta proyectos de gran capacidad. Esto ha llevado a que el mercado se amplíe y hayan aparecido empresas que desarrollan proyectos para venderlos a terceros: viviendas, comunidades energéticas, empresas desarrolladoras o grandes inversores.
Esta última opción incentiva la especulación en el mercado eléctrico. La energía que se genera solo puede volcarse en subestaciones eléctricas, y los puntos de conexión a las mismas son limitados. De este modo, el promotor que se garantiza una de esas conexiones tiene una ventaja competitiva, por lo que el objetivo empresarial deja de ser la generación de electricidad y pasa a ser la venta de derechos para volcar en la red, un tipo de operación que se ha multiplicado por 9 en los últimos dos años y sigue creciendo.
Una vez conseguido el derecho de enganche a la red, que gestiona Red Eléctrica de España (REE), el proyecto sigue los trámites legales. Si supera la Evaluación de Impacto Ambiental y obtiene la autorización administrativa, se empieza a construir. Quizá lo haga la propia empresa que ha promovido el proyecto, pero este puede venderse también a otras compañías, generalmente distribuidoras de energía o fondos inversores.
Los fondos de inversión han visto en el sector de las renovables una gran oportunidad de negocio. No van a ser distribuidores, ni comercializadores, sino que van a aprovechar el valor de un bien básico para familias y empresas con el fin de rentabilizar durante seis o siete años su capital. Pasado ese tiempo es posible que sigan en el negocio si aún es rentable o que lo vendan a otras sociedades para recapitalizarse.
Un proyecto como el clúster del Maestrazgo, promovido por Forestalia, va a pasar a manos de un fondo llamado Copenhaguen Investiment Partner (CIP), que presumiblemente requerirá de otra empresa desarrolladora que lo construya y explote. CIP ya está actuando como propietario de facto del proyecto, iniciando los encargos de estudios técnicos para su construcción. También hay instalaciones comprometidas con fondos de Malasia o de Singapur, y se conoce el interés de inversores chinos por entrar en el mercado europeo. Fondos internacionales han comprado centrales en la Terra Alta de Tarragona, mientras Goldman Sachs, uno de los grandes de Wall Street, ha creado recientemente la empresa Verdalia Bioenergía con el propósito de liderar el sector del biometano en España.
Los contratos firmados y los compromisos adquiridos por Forestalia y otras empresas con los ayuntamientos y propietarios serán también transferidos a esas corporaciones. Altos ejecutivos que no saben dónde se encuentran los pueblos de la provincia de Teruel, ni qué necesidades reales tienen, serán los encargados de cumplir esos compromisos. Si llegado el momento el negocio no funciona o cambian las circunstancias, veremos si los mantienen o desaparecen de la misma forma que aparecieron. ¿Qué ocurrirá entonces con las propiedades ocupadas, los montes arrasados, quién se hará cargo de toda esa chatarra? Todo esto no es fabulación, sino la realidad que rodea a los proyectos de renovables en todo el país.
Colectivo Sollavientos
Plataforma a favor de los paisajes de Teruel
