Gonzalo Tena Gómez*
Como todo el mundo sabe, la lengua
inglesa es oficial en Nueva Zelanda. En aquel país, a nadie inquieta una
hipotética invasión británica. El Reino Unido no mantiene ningún interés colonial allí desde
que, a principios del siglo XX, abandonara este territorio. Los habitantes de
Nueva Zelanda no son ingleses. La lengua neozelandesa, como la estadounidense o
la austríaca o la andaluza, no existe. A su parlamento no se le ha ocurrido
despistar a los neozelandeses llamándole “Lengua Neozelandesa Propia de esta
Parte del Pacífico” (LeNePaPa para acabar antes), o algo por el estilo, porque,
llamarle inglés es la verdad, más económico de pronunciar y no hay problema en ello.
Cabría preguntarse qué intereses (¿o no
hace falta?) han movido a las Cortes de Aragón a afrontar un ridículo mayúsculo
cambiando la denominación científica de
la lengua que comparte con el castellano el territorio de “La Franja”. ¿Qué
valoración real tienen los partidos mayoritarios aragoneses de esa lengua que
han decidido nombrar perifrásticamente?
¿Y de la otra, la de las áreas
pirenaicas? ¿Qué gramática ha de fijar la futura Academia de la Lengua
Aragonesa para la nueva “Lengua Aragonesa propia del Área Oriental”? ¿Serán efectivas las medidas recogidas en la
“ Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas
de Aragón”? Es más, ¿quién va a contestar estas preguntas?
La comarca del Matarraña se ubica en el
extremo nororiental del mapa de Teruel.
El conde de Barcelona y rey de Aragón,
Alfonso II el Casto, hijo de Ramón Berenguer IV, conquistó las tierras
del Matarraña en 1169 y las repobló con gentes de Lleida, aunque esta área se
incorporó al reino de Aragón. Anteriormente,
los condes de Barcelona y de Urgel habían conquistado las riberas del Noguera
Ribagorzana y la zona de la Litera, y Ramón Berenguer IV había hecho lo propio
con Lleida, Fraga y Mequinenza. Este sería, grosso
modo, el origen histórico de la lengua en cuestión, cuyo nombre de catalana
corroboran las universidades ligadas a la romanística en todo el mundo.
La experiencia en el País Valenciano
nos dice que el azuzar el secesionismo lingüístico (considerar una lengua
distinta de lo que es histórica y científicamente, diferenciándola con una
ortografía caprichosa), por parte de algunos partidos políticos conservadores,
comporta conflictividad social y, en definitiva, perjuicio para una lengua que, por ley, se ha
de preservar con todas sus formas genuinas. Sin menoscabo, por ejemplo, del
derecho a expresarse en el dialecto
“fragatí” en el uso oral cotidiano.
La lengua catalana es un valioso
patrimonio lingüístico y cultural vivo de la comarca turolense del Matarraña,
como lo es de las comarcas de Ribagorza, La Litera y Bajo Cinca en Huesca y
Zaragoza. Nuestros gobernantes y la ciudadanía deberíamos velar decididamente
por su preservación y por su uso efectivo. En este orden de cosas, la
opcionalidad del aprendizaje de esta lengua minoritaria en la escuela tampoco
nos ofrece grandes garantías. ¿Qué pensaríamos si el castellano también fuera
asignatura optativa?
* del Colectivo Sollavientos
