Falta menos de
un mes para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales,
un momento en que me permito hacer unas reflexiones sobre la realidad de una
sociedad diversa que, incluso entre sus sectores más comprometidos, no ha
logrado perfilar candidaturas de unidad en una u otra banda de la ideología
política.
Seria
interesante conocer durante la campaña electoral las propuestas de objetivos irrenunciables sobre los que los
candidatos estarían dispuestos a un gobierno de coalición, a partir de la
hipótesis de que la diversidad social traslade
a través de su voto un mosaico de grupos políticos en la composición de
los ayuntamientos, que precisen de alianzas múltiples para poder gobernarse.
Para muchos de
nosotros es irrenunciable la apuesta por recuperar un modelo de estado de bienestar social. En las últimas
legislaturas no sólo se ha visto disminuido el presupuesto para inversión
social, sino que amplios sectores de población al perder su trabajo engrosan un grupo de exclusión social, que
urge recuperar, si apostamos por un sociedad igualitaria capaz de ofrecer dignidad a la vida de sus
ciudadanos. Para ello, todos deberíamos tener claro el coste que estaríamos
dispuestos a asumir en cuanto a
aportación impositiva, vía impuestos, en
cuanto a cambios de hábitos sociales que sustenten un modelo más equitativo y justo para todos.
Dicho lo
anterior, me parece incoherente arrinconar
proyectos que, aunque quizás puedan
mejorarse, no pueden abandonarse por el único
criterio de que lo iniciara el equipo de
Gobierno anterior con una ideología distinta a la nuestra.
Por poner un
ejemplo y centrándome en el municipio de Teruel hablaré del proyecto
Life+Arcillas, en el que, representando a organizaciones ecologistas, he
participado en su Foro ciudadano. Considero que es una apuesta de futuro
interesante para la ciudad por cuanto supone: recuperar el paisaje de una zona
degradada por la explotación histórica
de arcillas; integrar socialmente amplias zonas marginales; fomentar la
movilidad ciudadana primando al peatón y
el uso de la bicicleta frente al dominio del coche; complementar otros
proyectos iniciados en torno a la recuperación de valores patrimoniales, como son
los antiguos alfares donde se elaboraba la cerámica con la que se identifica a
esta ciudad. Las actuaciones de restauración del Life+Arcillas pueden ser
además un referente como modelo a aplicar a las numerosas explotaciones de
arcillas extendidas a lo largo de la provincia. La falta de restauración de
estas minas, y la problemática de rechazo social que están generando en varios
pueblos, puede ser otro ejemplo del necesario compromiso político para planificar
las actuaciones en el territorio a la hora de explotar sus recursos
naturales, garantizan do la conservación del paisaje y la protección de su
identidad rural.
Bien es verdad,
y por eso personalmente dejé de
participar en las últimas reuniones del Foro Ciudadano, que el proceso de
participación pública ha dejado mucho
que desear, seguramente porque ni los poderes públicos ni los ciudadanos
estamos acostumbrados a trabajar en común. Su funcionamiento se limitó a
ofrecer una información publicada días antes en los medios de comunicación: el Ayuntamiento se ha
limitado a cumplir el requerimiento de organizar reuniones, que la Unión
Europea obliga a desarrollar en los proyectos financiados con su dinero, sin
una voluntad clara de recoger las inquietudes que la ciudadanía pudiera trasladar.
A pesar de
estas críticas, considero que este
proyecto debería continuar en las
propuestas de trabajo para la ciudad de Teruel, con o sin financiación europea.
Debe trasladarse a los vecinos sus virtudes como apuesta de futuro para quienes visitan la
ciudad, y sobre todo para quienes vivimos en ella. Hemos de
recordar que la actual corporación promotora del Life+ Arcillas dio un paso
atrás en su primera apuesta por favorecer el uso de la bicicleta y garantizar
la seguridad de quien la utilizan en las vías públicas, quizás porque no
encontró apoyo social a la hora de decidir sustituir el tercer carril de las rondas por un
carril-bici.
Cuando se
trabaja con esas cantidades de dinero público se precisa transparencia y
control. Los ciudadanos no estamos
capacitados para analizar ese complejo volumen de cifras y datos. En muchas ocasiones se
recurre para ello a auditorias externas, que conllevan contrataciones
económicas con más inversión de dinero público, olvidando que existe un cuerpo de funcionarios públicos que, con un criterio imparcial, tienen funciones de velar por la eficiencia de las políticas con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente, y en los
tiempos actuales también deberían ser capaces de elaborar informes de su
trabajo comprensibles para los
ciudadanos de a pie.
Los ciudadanos
deben recibir una información comprensible para no sentirse intimidados al
cotejarla, y se les debe garantizar su
derecho a la libertad de expresión a la hora de poder mostrar su opinión, aunque ésta sea diferente al criterio oficial o incluso a resoluciones
de sentencias judiciales, porque, sólo si somos capaces de poner sobre
la mesa las cartas de todos los miembros de la comunidad, podremos valorar si en la gestión
pública, tanto de ejecución como de control, prima el interés general o por el contrario el apoyo a determinados
intereses privados.
Ángel Marco
Barea
Miembro del
Colectivo Sollavientos.
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