Ríos, cauces y avenidas: ¿es posible la prevención?

Fermín Villarroya, Alejandro J. Pérez Cueva y José Luis Simón*

Los lamentables hechos acaecidos recientemente en Oliete y La Hoz de la Vieja, con la desgraciada pérdida de una vida humana, además de importantes daños materiales, nos hacen de nuevo mirar a la naturaleza y preguntarnos si es posible evitar estas catástrofes. Para ello hay que precisar algunos conceptos básicos. El cauce de un río o arroyo es el terreno por donde pasa o puede pasar agua. En climas húmedos ese cauce tiene siempre una corriente, pero en climas secos puede no ser así. Por lo tanto, un cauce es una porción de terreno y no necesariamente un curso de agua. Por ley, los cauces son de dominio público y su gestor es el Estado, que ejerce su administración por medio de los Organismos de Cuenca (Confederaciones Hidrográficas para cuencas intercomunitarias y Agencias del Agua o similares en cuencas intracomunitarias).

El reglamento de la Ley de Aguas viene a decir que el tiempo de retorno asociado a un cauce es de 10 años. Es decir, estadísticamente, como mínimo una vez cada 10 años el cauce  lleva agua. Lo que ocurre en un clima mediterráneo es que hay lluvias torrenciales con periodos de retorno mayores (cientos de años en ocasiones), y la ciudadanía no guarda memoria histórica del peligro de inundación que suponen el asentamiento en los cauces y llanuras de inundación aledañas. Pero el agua sí guarda memoria, y de vez en cuando toma sus escrituras de pertenencia y alega sus derechos de inundar. Así lo hizo en agosto de 1996 en el Camping “Las Nieves” de Biescas, ubicado en el cono de deyección de un torrente. Hay poblaciones enteras en España asentadas igual e inadecuadamente en conos de deyección.

Toda corriente necesita un cauce, lecho y llanura de inundación donde poner en juego su balance energético, removiendo los materiales en unos casos y depositándolos en otros. El ser humano ha de respetar los espacios y plazos de tiempo que se toma el río. La predicción a corto plazo de su funcionamiento ante unas tormentas súbitas es muy difícil. Más asequibles son las medidas preventivas, que son fáciles de implementar. Por un lado, medidas no estructurales, como la ordenación de usos del suelo en los cauces, donde no está permitida ninguna edificación habitable: los planes de urbanismo deben tener en cuenta las zonas propensas a inundación. En algunos países obligan, en zonas inundables con periodos de retorno de 50 años (en donde se permite la construcción), a que las casas dispongan de un primer piso elevado, fuera del alcance de la inundación. Es necesario que existan bosques-galería y llanuras de inundación vírgenes donde se disipe energía y se filtre agua a los acuíferos, amortiguando los efectos de la avenida aguas abajo. Y también es preciso que los cauces se mantengan limpios de escombros y vertidos a fin de facilitar la escorrentía, especialmente al paso de pueblos y ciudades y en lugares estratégicos, como puentes y estrechamientos. Otras medidas de carácter estructural (embalses para laminar avenidas, canalizaciones, encauzamientos, escarificación del lecho para favorecer la infiltración, construcción de malecones, gaviones…), en la medida en que suponen una desnaturalización del río, deberían reservarse sólo para casos excepcionales.

La administración tiene una tarea importante que cumplir, evitando desde el inicio asentamientos ilegales en los cauces y ejerciendo su autoridad para hacer cumplir la ley. En muchas ocasiones no podemos actuar con carácter retroactivo: las poblaciones y edificios están donde están y no es posible su reubicación, pero hechos lamentables como los ocurridos recientemente deberían sensibilizarnos a todos (cada uno a su nivel y según su responsabilidad). Actualmente tenemos más herramientas y conocimientos para evitar las zonas de riesgo, por mucho que no haya memoria histórica de avenidas recientes y por mucho que el topónimo “Río Seco” sea tan abundante en España y, en particular, en Teruel. 

*Miembros del Colectivo Sollavientos.